Cristina Fernández de Kirchner se vio obligada por segunda vez en menos de una semana a asumir su defensa frente al oleaje que sigue produciendo el caso de los cuadernos de las coimas. Había roto el silencio cuando se habló de un decreto comprado. Y ayer lo hizo frente a la nueva cita del Senado para tratar después de algunos fracasos el pedido de allanamientos a sus domicilios. Dijo que no tiene "inconvenientes" en que sean realizados, aunque con algunas condiciones: en línea con su modo de entender la política y antes, el poder, lo presentó casi como una concesión personal.

El texto, breve, tuvo el sentido de una virtual autorización a votar la solicitud del juez Claudio Bonadio. Y se refirió de manera central al bloque del peronismo federal. El PJ, a pesar de la posición personal de su jefe, Miguel Angel Pichetto, aportó poco en la sesión frustrada del miércoles pasado. En la lógica de su jugada de ayer, Fernández de Kirchner apuntó a presentar aquel fracaso como un blindaje a su figura y, frente a un cambio que habilitaría esta vez el quórum, a presentarse como la jefa política capaz de habilitar el debate.

Por supuesto que en la fracasada caída de la sesión anterior, hubo una cuota también de responsabilidad del oficialismo. De mínima, un error de cálculo. El punto no es el puro hecho de las dos ausencias en su bloque. No parece sólido el ejercicio de sumar imaginariamente esas dos bancas a los asistentes (36), para redondear la idea de que podría haber garantizado el número suficiente. Eso es pura matemática y podía haber sido alterada con otras ausencias del PJ.

El tema político para el oficialismo sería diferente: se trataría de mostrar voluntad y dar la pelea previa para asegurar la sesión. Eso fue reclamado incluso por algunos peronistas, porque no habría existido suficiente trabajo sobre algunos gobernadores. Como justificación, en medios del Gobierno se señala que esa línea ya está demasiado ocupada en buscar un acuerdo para recortar el déficit y asegurar un Presupuesto consensuado.

La ex presidenta y sus allegados trabajaron especialmente sobre la interna que atraviesa al bloque de senadores del PJ federal. El formoseño José Mayans le viene pasando algunas facturas a Pichetto, cuyo malestar con esas operaciones apenas es superada por su enojo con algunos manejos de la bancada oficialista. Pero aún en este cuadro, parecía difícil seguir eludiendo el debate, según le habría trasmitido el propio Mayans a sus colegas kirchneristas luego de contactos con Fernández de Kirchner.

Apenas disimulado en su texto, la ex presidenta buscó atribuirse como un éxito personal –o más aún, como un gesto de solidaridad hacia ella– la sesión que no fue hace una semana. Sostuvo que no dar quórum fue una forma de expresar el rechazo a la "utilización" de la Justicia como pieza central de "persecución política a los opositores".

La pregunta obvia es qué cambió para que haya decidido abandonar esa trinchera. En sus palabras, "terminar con el show", que siempre es señalado como una construcción político-judicial-mediática. Por supuesto, esa flexibilidad no existiría si el juez llegara a pedir su desafuero. Y en ese punto, volvería a cerrar filas con el PJ, que rechaza tratarlo si no hay sentencia firme (podría ser hasta agotar el escalón de la Corte). El oficialismo, en este punto, tal vez esperaría que el pedido del juez tenga convalidación de la Cámara Federal para llevarlo al recinto, con pronóstico perdidoso si el peronismo no acompaña.

Parece evidente que en esta instancia –la del trámite por el pedido de allanamientos-, Fernández de Kirchner evaluó que finalmente habría sesión y decidió recurrir al ensayo de presentar el debate como una concesión personal, como si hiciera falta para que el cuerpo, es decir la Cámara de Senadores, decida darle tratamiento. Es más, planteó condicionamientos –el más sonoro, que "no rompan nada" en los procedimientos- también como si su caso escapara o estuviera por encima de la norma.

Al margen de esas consideraciones, los pasos dados por la ex presidente indican que hubo una alteración de su estrategia inicial, al ritmo de la velocidad con que suma elementos la causa por los cuadernos de las coimas.

El silencio debió ser dejado de lado. A lo sumo, iba ser roto el miércoles pasado si no quedaba más remedio que bajar al recinto. La falta de quórum ahorró ese primer capítulo, pero algunas horas después debió escribirlo, en el formato de una larga respuesta a la declaración del empresario que aseguró haber pagado una coima de más de medio millón de dólares por la firma del decreto que extendió el negocio de la Hidrovía.

El empresario Gabriel Romero, de Hidrovía

De paso, Fernández de Kirchner buscó descalificar al chofer autor de los cuadernos y a Claudio Uberti, el primer imputado arrepentido de peso que integró el sistema de recaudación ilegal. Dijo que había sido un funcionario de cuarta línea. Pero luego se sumó José López, a quien ya había intentado colocar como una excepción sombría del ministerio que manejaba Julio De Vido, después del revoleo de bolsos en el supuesto convento.

Rotos los pactos de silencio, en primer lugar por empresarios del circuito de la obra pública, también empezó a hacer agua el poder implícito de la advertencia sobre la red amplia de obras públicas en todo el país, durante más de una década. Dicho en otras palabras: una forma de presionar a gobernadores e intendentes de todas las fuerzas, y en especial del PJ, a los que siguen en sus cargos y a los que ya no lo son son referentes locales u ocupan bancas en el Congreso.

Es curioso lo que ocurre en estas horas. Aquellas advertencias, dicho groseramente, equivalían a decir que tenían capacidad de ventilar nombres de otros involucrados en las oscuridades de las coimas. José López es uno de los ex funcionarios que más conocieron el tema: fue un poderoso secretario de Obras Públicas. En estos días, el temor parece haber cambiado de sentido: ya habría escapado al control político de aquel sistema. La inquietud, entonces, empieza a sumar el componente de la incertidumbre, también entre quienes lo creían silente.