El anuncio lo hizo la presidenta Cristina Kirchner, basándose en un extenso informe, cuya minuta que resume la investigación hecha por el equipo del polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, cuenta con 233 páginas.

“Clarín infiere que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa. Quiero coincidir con Clarín, porque Papel Prensa es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario, lo distribuye y lo comercializa, es lo que se conoce como una empresa monopólica integrada, porque también controla la materia prima”, afirmó. Con esta mención a una editorial del matutino porteño del último domingo, CFK arrancó la parte más fuerte de su discurso de 1 hora y 10 minutos que se trasmitió por cadena nacional. Cristina cerró la frase con una ironía que arrancó los primeros aplausos de los funcionarios, gobernadores, legisladores, dirigentes, sindicalistas y artistas, todos aliados, que colmaron el salón de los próceres de Latinoamérica: “Si Clarín controla Papel Prensa, entonces controla la palabra escrita”, concluyó.

El informe no arrojó ninguna novedad sobre lo que fue un secreto a voces durante las últimas semanas, y que desde las propias usinas del Gobierno se preocupaban por difundir. El trabajo coordinado por Moreno y que llevó a cabo la directora por el Estado nacional en Papel Prensa Beatriz Paglieri, apuntó a demostrar que la transferencia de las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y, en ese entonces, La Razón, se hizo bajo la presión del gobierno de facto de 1976 a los dueños, los herederos de David Graiver.

Así, la Presidenta instruyó al Procuración General del Tesoro y a la Secretaría de Derechos Humanos a presentar ante los fueros penales correspondientes la denuncia penal para que se investigue si la operación de venta de Papel Prensa está vinculada con delitos de Lesa Humanidad, un cargo declarado imprescriptible.

Actualmente, el Grupo Clarín controla el 49% de Papel Prensa SA (37% Clarín y 12% Simeco), el 23% de las acciones están en poder de La Nación y el 28% lo tiene el Estado nacional.

En la práctica, el procurador Joaquín Da Rocha actuará como letrado patrocinante, mientras que la Secretaría que conduce Eduardo Luis Duhalde será querellante.

“Ahora vamos a trabajar para conocer el informe y preparar la denuncia, ya que ahora seremos querellantes por delitos de lesa humanidad”, sostuvo Duhalde, y estimó que la demanda podría presentarse la próxima semana. Da Rocha escuchó atento el informe y la oficialización de la decisión presidencial reconociendo que aún debía estudiar en detalle el expediente para preparar la demanda.

En el Gobierno fueron muy cuidadosos a la hora de evaluar los pasos a seguir, ya que la pelea por Papel Prensa ahora quedará en manos de la Justicia.

Ninguno de los funcionarios quiso mencionar con nombre y apellido a quienes apuntará la querella, aunque, como ya es conocido, recaerá sobre los principales accionistas de las empresas, Héctor Magnetto (Clarín) y Bartolomé Mitre (La Nación). CFK comparó la situación de ambos empresarios con la del ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, quien fue detenido por delitos de lesa humanidad pese a que se desempeñó como civil durante el proceso militar. La diferencia, sin embargo, radica en que los empresarios nunca ocuparon cargos públicos. Por eso, en caso de que avance la causa y fuesen acusados, lo serían como cómplices, por participar en la operación de venta en épocas de la dictadura.

“Queremos darle cauce a esta situación que lleva 33 años con prácticas desleales e infieles”, argumentó la Presidenta.

Con el ex presidente Néstor Kirchner sentado en primera fila y flanqueado por los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo – cuya declaración dio pie al informe, ya que testimoniaron que la familia Gravier fue presionada para vender las acciones de Papel Prensa–, la mandataria profundizó la embestida contra el Grupo Clarín, en mayor medida, y La Nación.

La estrategia diseñada por kirchner apunta a “federalizar” el acceso al papel a todos los diarios del país y con ello busca el apoyo de este grupo de empresarios (ver página 5).

Con ese objetivo, además de la denuncia penal, la Presidenta también anunció que enviará un proyecto al Congreso Nacional para “declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización”,

“Ese proyecto de ley también encomendará al Ejecutivo a realizar un marco regulatorio de este insumo básico producido monopólicamente, por una sola empresa, con premisas fundamentales como tratamiento igualitario para todos los diarios en precio, condiciones y cantidades. También una política de mayor inversión en la que el Estado va a participar para que no tenga que importarse papel para la prensa y todo sea de producción nacional”, precisó la mandataria al finalizar la extensa exposición que giró básicamente sobre datos que, según la Presidenta, forman parte de las pruebas legales e “irrefutables” del informe. Antes hicieron lo mismo el abogado Alberto Ganzález Arzac y Paglieri.

Como es costumbre de los Kirchner, el anuncio lo hicieron rodeado de sus aliados. Además del gabinete a pleno, dieron el presente los gobernadores K José Luis Gioja, Gildo Insfrán, Daniel Scioli, Gerardo Zamora, Maurice Closs, Miguel Saiz, Daniel Peralta, Jorge Capitanich, Celso Jacke y Sergio Urribarri; los jefes de los bloque K del Congreso, Agustín Rossi y Miguel Pichetto y Hugo Moyano.