Con la definición, en contra, del juicio de Suez, Vivendi y Aguas de Barcelona por la pesificación de las tarifas y la nacionalización de Aguas Argentinas, la odisea del país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está todavía lejos de terminar. Aún quedan unos ocho juicios abiertos que debe resolver el tribunal del Banco Mundial los que, se descarta, también serán contrarios al país. Sucede que la Argentina es, junto con Venezuela, el estado con más acusaciones generadas sólo en los últimos años.

En el caso argentino se acumularon luego del default de 2001 y la declaración de pesificación de las tarifas antes pautadas en dólares durante la convertibilidad. En el caso venezolano fueron todas generadas durante la presidencia de Hugo Chavez y su política de nacionalizaciones. 

El país además no termina de cerrar el juicio de los fondos buitre y holdouts ante el tribunal neoyorquino de Thomas Griesa (quedan seis fondos que reclaman por su pago y la agencia de clearing Euroclear con su situación sin reolver), con lo que aún queda un largo camino judicial por resolver por parte del Gobierno de Mauricio Macri si quiere dejar, definitivamente, las consecuencias del default atrás. 

Para muchos inversores se trata además del último paso, al menos institucional, para mostrar que el cambio que se quiere mostrar desde el Poder Ejecutivo es serio y que la Argentina vuelve a comportarse como un país "market friendly". Esto más allá de las oportunidades económicas que haya o no en la Argentina.

Ante el CIADI, el tema más ruidoso aún por definir es el juicio que la compañía Exxon Mobil abrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera. El caso nació porque Exxon Mobil planteó que la pesificación de 2002 y la posterior política petrolera argentina perjudicaron sus operaciones en la Argentina y se violaron los correspondientes tratados de protección de las inversiones firmados durante el Gobierno de Carlos Menem. 

Asegura la petrolera que perdió unos u$s50 millones en su operación de los campos petroleros Chihuidos, Neuquén (del que Exxon controlaba entonces el 51%) y de Aguarague, Salta (donde tenía el 23% ). 

Otro caso abierto ante el CIADI es el de la española Abertis, dueña en algún momento del 31,59% de Ausol, concesionaria de la Autopista Panamericana y a cargo del mantenimiento de la Avenida General Paz y de los 56 kilómetros de la autopista que va de Buenos Aires a Luján. La compañía se presentó ante el CIADI el 17 de diciembre de 2015, unos días después de la asunción de Macri, protestando por la negativa del país a negociar el contrato de concesión. También se mantiene abierto el juicio de la italiana Impregilo por su participación en Ausol. 

Queda pendiente además el juicio contra el país, pero originado en Buenos Aires por la decisión del entonces gobernador de la provincia, Felipe Solá, que rescindió la concesión del servicio a Aguas del Gran Buenos Aires.

Como "células dormidas", la demanda de la francesa Sauri, que explotaba el servicio de aguas en Mendoza, por unos u$s40 millones, también planteado ante el CIADI y a la espera de una negociación directa con la Argentina. 

En una condición distinta están los reclamos planteados por algunas gasíferas como Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que terminarían levantados según se comprometieron esas empresas cuando se aprobó la revisión tarifaria integral que rige desde abril pasado.