La resolución rubricada ayer (con fecha del viernes pasado) también dispuso que las elecciones de consejeros se realicen conjuntamente con las legislativas del 27 de octubre, luego de que se voten a los candidatos en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto.

La avanza kirchnerista generó una cataratas de amparos judiciales que intentan frenar la disposición por considerarla inconstitucional. En ese marco, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, anunció ayer que la entidad presentó una interpelación contra la nueva ley, y no descartó recurrir a un "per saltum" para que la Corte Suprema se expida. "Los que somos jueces no tenemos ninguna pretensión de gobernar. Pero tenemos una obligación de constitucionalidad sobre los actos de otros poderes del Estado", señaló el magistrado.

En el mismo sentido, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) dio a conocer que llevó a cabo una presentación similar. Bajo el lema "sin respeto a la Constitución no hay justicia, ni libertad, ni paz social", la entidad que reúne a los abogados de todo el país reiteró que la norma "vulnera la Constitución Nacional".

La reforma estipula que para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación en 18 de los 24 distritos del país. De ahí, y según lo establecido, el 12 de junio vencerá el plazo para presentar alianzas electorales y el 22 de ese mes es el límite para la presentación formal de candidaturas.

La oposición también recurrió a la Justicia

Representantes de distintos bloques de la oposición, como la UCR, el FAP, el PRO, la Coalición y Unión Por Todos, también presentaron amparos para evitar que se concrete la reforma del Consejo.

El máximo referente del FAP, el socialista Hermes Binner, sostuvo que "nos cabe la responsabilidad de cuestionar la constitucionalidad de esta norma, porque hace depender de los partidos políticos la selección y remoción de los miembros del Poder Judicial, en abierta contradicción con lo que expresa la Constitución Nacional".

Por su parte, el diputado nacional de la UCR, Ricardo Gil Lavedra explicó que su partido "en primer lugar va a tratar de que la ley no se aplique".

Confirman lista de “unidad” contra el kirchnerismo

Fuerzas del arco opositor acordaron ayer presentar una "lista de unidad" en caso de que la justicia denegue los pedidos de inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.

"Se decidió la lista de unidad de consejeros y la vamos a presentar lo más urgente posible seguramente lunes o martes de la semana que viene", afirmó la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich. Asimismo, el dirigente radical, Juan Pedro Tunessi también corroboró los trascendidos que daban cuenta de un armado común para enfrentar al kirchnerismo.

Según confirmaron los distintos partidos, dicho acuerdo electoral incluiría a casi todos los bloques de la oposición, excepto a la Coalición Cívica y a Proyecto Sur. Hasta ayer la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Partido Federal, el Frente Amplio Progresista (FAP), Unión por Todos y el partido Celeste y Blanco integraban el listado de organizaciones que presentarían una lista unificada.

Piden la intervención de la Corte Suprema

El abogado Ricardo Monner Sans (foto) le pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad del nuevo Consejo de la Magistratura, establecido en la ley 26.855.

Monner Sans presentó su acción en el marco de otra causa iniciada contra la anterior ley del Consejo de la Magistratura de 2006, cuyo expediente se encuentra en el máximo tribunal y "hoy, pues, no ha habido sentencia".

"Una Acordada de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, habría de poner las cosas en su sitio. Y, por cierto, con prontitud y eficacia se habría así cumplido con la directriz constitucional de afianzar la Justicia, aquello que predica el Preámbulo de la Constitución Nacional", sostuvo Monner Sans en la presentación.

Indec: la oposición denunciará hoy a la Presidenta y a Moreno

Como adelantó este medio, diputados opositores denunciarán hoy ante la Justicia a la presidenta Cristina Fernández y al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno por responsabilidades en "la falsificación de las estadísticas del INDEC". En la presentación judicial se los acusará de asociación ilícita, malversación de fondos públicos y defraudación contra la Administración Pública.

Los legisladores Alfonso Prat Gay (CC-ARI), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Victoria Donda (Libres del Sur), el diputado por la Ciudad de Buenos Aires Sergio Abrevaya (Podes) y el dirigente Humberto Tumini (LS) anticiparon que denunciarán que "en la falsificación de las estadísticas públicas se ha sobreestimado el nivel del PBI" y por eso se "ha generado mayores pagos del cupón del PBI emitido en los canjes de 2005 y 2010". Prat Gay sostuvo que la presidenta y los encargados del INDEC han malversado "cientos de millones de pesos al mentirle a la población con estadísticas falsas" y utilizar al organismo para propaganda política en vez de para producir estadísticas de utilidad pública.