En el transcurso del día, o a más tardar mañana, desde la fiscalía primera de los tribunales de Comodoro Py, saldrá firmado el pedido de elevación a juicio oral y público a Mauricio Macri por la causa que investiga las escuchas ilegales y en la que el jefe de Gobierno de la Ciudad está acusado de integrar una asociación ilícita junto con otros funcionarios porteños.

Luego de que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara en junio el procesamiento de Macri, se esperaban novedades por intermedio del fiscal de la causa Jorge Di Lello y del juez Norberto Oyarbide. Tras la feria judicial del mes pasado, Di Lello retomó el expediente y esta semana afinó los últimos detalles para elevar el pedido de juicio oral, que concretará entre hoy y mañana y del que dispondrá Oyarbide, de quien se espera que avale esa solicitud y le dé una rápida resolución. Se estima que para el inicio del juicio podrían pasar hasta dos años.

Procesado desde 2010 por presunto abuso de autoridad y asociación ilícita, Macri está involucrado en una causa que inició Sergio Burstein en octubre de 2009 al denunciar que estaba siendo investigado por la polícía porteña. La Justicia indagó sobre esa acusación del líder de la asociación de familiares de la AMIA y verificó la existencia de una red de espionaje que integraban, entre otros, el jefe de la policía Jorge “Fino” Palacios, y Ciro James, un abogado de la fuerza que trabajaba en el Ministerio de Educación porteño que por entonces estaba a cargo de Mariano Narodowski. Posteriormente se supo que también había otros casos de “pinchaduras” mediante órdenes que venían de tribunales de Misiones.

En mayo, cuando Oyarbide decretó el cierre del período de instrucción de la causa, Macri y el resto de los imputados quedaron a un paso del juicio oral. Al conocerse esa decisión, Macri apuntó con dureza contra el juez al decir que “responde directamente al kirchnerismo”. Sobre el avance de la causa, opinó con cierta resignación que “es un invento del Gobierno para complicar el día a día de la gestión de la Ciudad”. Hace dos semanas, cuando se oficializó el pago del Boden 2012 y en referencia a la salida de presos para actos K, la presidenta Cristina Fernández ironizó respecto a la situación de Macri: “Acá no hay convictos, sólo algún procesado que no nos corresponde”.

El fiscal Di Lello está a cargo de varias causas sensibles que involucran a funcionarios del Gobierno y del PRO. Mientras trabaja en la causa judicial por la ex Ciccone y en el presunto enriquecimiento ilícito de Amado Boudou, en las últimas semanas se dedicó casi con exclusividad a terminar el caso de las escuchas. No es la única causa que involucra a Macri en la que trabaja Di Lello. También está a cargo de la denuncia que el senador Daniel Filmus le hizo al asesor político macrista Jaime Durán Barba por una supuesta campaña sucia, y este mes sumó otra acusación contra el publicista ecuatoriano, por presuntos vínculos con la policía metropolitana.

El escándalo por las escuchas ilegales tuvo a James y a Palacios detenidos durante dos años, hasta que la Sala I de la Cámara Federal dispuso su excarcelación. Con Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, los magistrados que la integran, Mauricio Macri también tuvo fuertes cruces, al punto de acusarlos de formar parte de “una maniobra política”.

Si bien el jefe de Gobierno, Palacios, James y Narodoswki son los principales imputados, hay otros siete procesados por la causa: los ex policías misioneros David Amaral, César Fernández, Diego Guarda, Rubén Quintana y Raúl Rojas, el juez José Luis Rey y la ex secretaria judicial Mónica González.