Está muy claro que Argentina padece una fenomenal fractura. Una, espera que el Estado la ayude porque no sabe cómo conseguir lo más elemental para su subsistencia y la de sus hijos. Son familias que viven hacinadas, normalmente a cargo de mujeres que llegan a abuelas quizás a los 40 años, que quedan a cargo de niños y niñas que se crían en las calles bajo la ley de las pequeñas mafias barriales. Millones de estos argentinos viven en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, casi 1000 barrios o asentamientos, según un registro que el Gobierno de Cambiemos realizó con apoyo de los movimientos sociales. De otro modo, no hubiéramos sabido siquiera eso. Votaron por Alberto Fernández y, sobre todo, por Cristina Fernández de Kirchner, pero no entienden por qué todavía Argentina no se puso de pie.

El Día de la Bandera, desde la Residencia de Olivos.

Otra Argentina lo que quiere es que el Estado le saque la pata de encima. Pasa horas que podría estar imaginando cómo crecer más, invertir más, desarrollarse más, haciendo trámites para poder comprar insumos o vender lo que fabrica, llenando planillas para que la controlen organismos nacionales, provinciales, municipales, protegiendo de los bandidos los silos de lo que produce como un ahorro para vender cuando más le convenga, mandando a sus hijos fuera del país porque temen que el esfuerzo de tantos años también termine en saco roto. Cambiemos la representó políticamente y volverían a votar a Mauricio Macri si tuvieran otra oportunidad, pero no le perdonan la debilidad que mostró frente a “la otra” Argentina.

Ambos países comparten un mismo territorio y desean lo mejor para la Argentina, pero están en las antípodas a la hora de pensar soluciones. Unos -quienes los representan por lo menos- piden expropiar. Otros -quizás no tanto los que lo representan, sino las personas de carne y hueso- piden trabajar. Unos creen que el Estado es la solución a los problemas nacionales. Otros están convencidos de lo contrario: el Estado va a entrar a sus empresas para destruir lo poco que funciona.

Banderazo en Mar del Plata. (Christian Heit)

¿Cómo resolver este intríngulis? ¿Qué puede hacer Alberto Fernández? ¿Gobernar para quién? Los kirchneristas se lamentan que el Presidente no sea como Cristina que en abril del 2012, a las 11 de la mañana, anunció la expropiación, Julio De Vido a las 11.30 estaba en el edificio de Puerto Madero expulsando personalmente a los directores de Repsol de sus despachos y a las 12 ya estaba saliendo para el Congreso el proyecto de ley para darle a la medida respaldo legislativo, declarando “de interés público nacional” a la actividad de hidrocarburos.

Quizás no fueron esos exactamente los horarios, pero es lo que hoy recuerdan en el núcleo duro K. Es, justamente, lo que reclaman, lo que esperan, lo que los decepciona de Alberto, de quien lamentan que busque correrse de los conflictos en lugar de hacerles frente y resolverlos como a ellos les gustaría. Lo venían diciendo por lo bajo, pero ya empiezan a decirlo en voz más alta, no solo a través de actores y dirigentes marginales.

El proyecto se llamó “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” y sostenía como objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos. De Vido y el por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, fueron elegidos como los dos interventores. Así, el 51% de las acciones expropiadas pasaron a manos del Estado, mientras la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), integrada por las provincias con producción petrolera, se quedó con las acciones restantes.

Las protestas se registraron en distintos puntos del país (Mario Sar)

Para el kirchnerismo la solución con Vicentin es sencilla y lo único que se necesita es coraje. Los interventores tenían la orden de entrar a la empresa como ocho años atrás lo hicieron a YPF. ¿Qué podía salir mal? No pudieron. La gente del pueblo los repudió y no los dejaron salir del hotel.

Cuando el Presidente aceptó hablar con Sergio Nardelli lo hizo con un objetivo puntual: lograr que los interventores pudieran ingresar. Al ver que el CEO de la empresa había facilitado el ingreso de los enviados presidenciales, se quedó tranquilo. “Pan comido”, debe haber pensado. Finalmente, es un abogado porteño, ajeno como tantos argentinos al sentimiento de los que producen en el campo, gente simple y de cuero curtido, muy difícil de convencer solo con palabras.

Mucho menos cuando se pronuncia el sustantivo “Estado”. Porque allí donde tantos argentinos se regodean satisfechos porque llegará esa salvación para bien de la Patria y los que menos tienen, hay otros tantos que se espantan ante la sola posibilidad de que ese monstruo se les instale en sus casas, en sus empresas, en su mundo cotidiano, para manejarles la vida y su libertad.

El peronista Omar Perotti, desafiado por la protesta. (Franco Fafasuli)

El problema para el peronismo, desde hace varios años, es que la riqueza genuina se genera en las zonas productivas y no será de las grandes regiones que sobreviven del Estado donde vendrá la pronta recuperación económica. Si se niega a representarlas, si insiste en amenazarlas con proyectos sin legitimidad, haciendo equilibrio con quienes pretenden que el Gobierno se comporte como en los tiempos de Cristina, sus próximos meses no serán fáciles.

En diálogo con Infobae, un experto en el área allegado al Gobierno aseguró que “para hacer funcionar Vicentín necesitás 350 millones de dólares, a los que habría que sumar 90 millones más, considerando los requerimientos de capital de trabajo asociados a los atrasos de la AFIP con la devolución del crédito fiscal del IVA que tienen los exportadores. No sé quién podría poner cifra. YPF está técnicamente quebrada y el Estado no tiene un mango. Además, el patrimonio neto de la empresa es muy negativo, entre tantos problemas que arrastra”. Y concluyó: “Si por mí fuera, hay que dejar que avance el concurso naturalmente y si Vicentín tiene que quebrar, que quiebre. En tal caso, que la rescate algún interesado en una futura quiebra, donde tendrá que incluir las indemnizaciones del personal, pero los veo desorientados, mareados, con gran dificultad por entender el panorama global de lo que desataron”.

Banderazo en Córdoba. (Mario Sar)

Algo de eso debe haber. Ayer, cerca del Presidente decidieron esperar para hacer comentarios y se refugiaron en el clásico “¿por qué hablar ahora? ¿qué pasó?”, típico de los momentos en que los gobiernos piden tiempo para pensar y se refugian en el silencio hasta que encuentran la nueva estrategia. Y si se les preguntaba qué harían a partir de la fenomenal expresión de protesta precisaron: “Nada”.

Mientras quizás el mundo, en la Argentina, se divida entre quienes saben que todos los meses van a cobrar un sueldo estatal y entre quienes saben que todos los días tienen que salir a trabajar para asegurarse los ingresos y los de su familia. A priori, no habría que tener prejuicios contra ninguno. ¿Alberto Fernández podrá gobernar para todos? Ojalá salga del laberinto y encuentre el camino para hacerlo.