l debate sobre la suba de las tarifas de los servicios públicos volvió a cobrar relevancia luego de que el Gobierno postergó hasta marzo el congelamiento de las tarifas de luz y de gas, y de las declaraciones de Cristina Fernández la semana pasada en el acto en La Plata sobre alinear “los precios de los alimentos, los salarios, las tarifas”.

La contradicción oficial es que las tarifas de gas y electricidad están congeladas desde 2019 y la cuenta de subsidios económicos está aumentando. Los subsidios económicos en noviembre alcanzaron a $ 60.036 millones, una suba real interanual de 19,6 %, básicamente por los referidos a la energía, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esto es lo que mira de cerca el ministro de Economía, Martín Guzmán que prometió al FMI achicar el déficit fiscal aún más que lo proyectado en el Presupuesto 2021 de 4,5 %.

Por otro lado, un fuerte ajuste tarifario en plena crisis económica con un deterioro del poder adquisitivo de los salarios y más desocupación en un año electoral es otra medida que va en contra de lo que prometió Alberto Fernández durante la campaña electoral. Las afirmaciones de la vicepresidenta fueron una advertencia sobre el nivel de ajuste tolerable. Este año el Gobierno ya ajustó a los jubilados, y prepara un nuevo saqueo con la nueva fórmula de movilidad previsional que se debatirá en Diputados el próximo martes, y el salario real vuelve a caer en 2020. Se podría decir que no está el horno para bollos.

¿Cuánto van a aumentar las facturas?

A través del DNU 1010/20, el Gobierno autorizó las subas transitorias para los servicios de electricidad y gas natural que manejan distribuidoras y transportadoras privadas, y comenzar con una “revisión tarifaria integral” (RTI). El decreto prorrogó los actuales valores tarifarios de la electricidad y el gas hasta mediados de marzo. Desde esa fecha deberían regir los nuevos valores del denominado “Régimen Tarifario de Transición”, que se extenderá hasta que termine la renegociación definitiva de la RTI, que según el decreto el proceso de revisión tendrá un plazo máximo de dos años. Es decir, que el Gobierno podrá negociar subas transitorias en beneficio de las empresas hasta terminar de definir la RTI.

El día de la presentación a la prensa del proyecto de Presupuesto 2021, Guzmán sostuvo sobre las subas de tarifas que "apuntamos a que no crezca la participación que tienen los subsidios con respecto al PBI. Implica que se tienen que actualizar las tarifas de una manera que acompañe al crecimiento de los precios”. La consultora Ecolatina estimó que los subsidios económicos saltaron de 1,6 % del PBI en 2019 a 2,6 % del PBI en 2020. En el caso de mantener esa relación en 2021 las tarifas deberían subir un 40 %. La sugerencia de la vicepresidenta fue una suba de tarifas del 9 %, según publicó Carlos Pagni en La Nación.

El Frente de Todos prometió en la campaña electoral que pesificaría las tarifas que Macri dolarizó. Tampoco hay que olvidar que el peronismo cuando estaba en la oposición, impulsó en el Congreso Nacional en 2018 un proyecto para retrotraer las tarifas de agua, gas y luz a noviembre de 2017 y proponía una actualización según el Coeficiente de Variación Salarial para los usuarios residenciales.

Las “tensiones” actuales que hay en el interior del Frente de Todos no son por volver a impulsar este proyecto o pesificar las tarifas sino por cómo avanzar con un ajuste menos brutal para las mayorías. El incremento de las facturas de luz y gas incide en los precios del resto de la economía. Según los consultores económicos que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de noviembre la inflación del 2021 será del 50 %. Suba que representa un nuevo golpe al poder de compra ya castigado en los últimos años.

El Gobierno prefiere ajustar las tarifas para cumplir con lo acordado con el Fondo y atender el reclamo de las empresas privatizadas que manejan los servicios públicos, un sector que fue beneficiado durante la era Macri. Entre 2016 y 2018, las principales empresas sumaron U$S 3.525 millones de ganancias.

Terminar con el lucro de las empresas privatizadas

Por la herencia de Menem, y que el kirchnerismo mantuvo intacto durante sus gobiernos, hay una división de los segmentos de generación, transporte y distribución de la electricidad y el gas, donde operan distintas empresas privadas.

Mientras el Gobierno decide si ajustar un poco más o un poco menos, el servicio que ofrecen las empresas empeora. Esta semana, recién empezado el verano, Edesur dejó sin luz a más de 350.000 usuarios de varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. La compañía, que ganó en 2019 $ 12.681 millones, disminuyó este año la inversión. Según publicó en su página web, en los primeros nueve meses del año se realizaron inversiones por $ 6.219 millones, un 44 % menos que en el mismo período de 2019. ¿Por qué el Gobierno pretende seguir premiando a los “miserables”?

El acceso a la energía eléctrica, el gas, o el transporte, no pueden estar sometidos a la medida de la ganancia capitalista. Los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador.

Hay que terminar con el negocio de las privatizadas. Es necesario estatizar sin pago el sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios, que sea administrada por los propios trabajadores y que sea controlada por usuarios populares.

 

Mónica Arancibia