En las dos horas y media que duró la audiencia, a puertas cerradas, Lorenzino y el director de la Anses, Diego Bossio, hicieron oídos sordos a todas las propuestas. Por eso, De la Sota se mostró indignado al salir y, públicamente, le reclamó a la presidenta Cristina Kirchner "que acepte dialogar".

En cambio, Lorenzino y Bossio prefirieron que sea la Corte la que sustancie un largo juicio. Para cuando finalice, aun si ganara De la Sota, el escenario político será otro. El gobernador de Córdoba, que aspira a convertirse en candidato para la presidencia en 2015, quedó más enfrentado que nunca al kirchnerismo, que pretende frustrar sus planes. Esa brecha, hoy irreductible, explica las posiciones públicas que ambas partes mantuvieron luego en sendas conferencias.

De la Sota advirtió que no aceptará "quitarles a los cordobeses el 82% de sus jubilaciones", como le volvió a reclamar ayer la Casa Rosada

Lorenzino, desde otra conferencia de prensa, en el Ministerio de Hacienda, aclaró "que no le pide a Córdoba ni un ajuste ni un recorte". Y que no le debe nada.

Ayer, el diputado radical Mario Negri, vicepresidente de la Cámara baja, afirmó que presentará un proyecto de resolución para que Lorenzino, Bossio, De la Sota y el jefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina , expliquen los argumentos y antecedentes del conflicto.

Cuando hace casi 20 años el Estado nacional transfirió la educación y varios servicios a las provincias, creció el número de jubilados provinciales. Para compensar ese mayor peso, 11 provincias traspasaron sus jubilados a la Anses, mientras que otras 13 -entre ellas Córdoba- los mantuvieron dentro de sus cajas locales, pero acordaron recibir aportes del Estado nacional.

Tras sucesivos incumplimientos, Córdoba entabló una primera demanda, que finalizó en 2009 con un acuerdo con el gobierno central: el convenio 890/09. En 2010, el Poder Ejecutivo pagó puntualmente, pero en 2011 y 2012 dejó de hacerlo, según denuncia De la Sota. Por eso, Córdoba presentó una nueva demanda.

De la Sota; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, y el abogado patrocinante , el constitucionalista Alberto García Lema, insisten en que esos pagos están previstos en el presupuesto nacional de ambos años y que el Estado nacional, cuando auditó la provincia, nunca hizo objeción alguna. En otras palabras, que el Estado aceptó la deuda.

En cambio, Lorenzino y Bossio consideran que la raíz del problema se remonta al Pacto Federal de 1999 (ley convenio 25.235); insisten en que la Nación, desde entonces, le transfirió a Córdoba enormes recursos y que el Poder Ejecutivo no puede renegociar con Córdoba si, al mismo tiempo, no negocia con todas las otras provincias la coparticipación federal.

Entre los jueces de la Corte existe el convencimiento de que el reclamo de Córdoba es sólido. Por eso, instaron a una negociación: la jueza Elena Highton le preguntó a Lorenzino y a Bossio si no aceptaban, siquiera, suspender el juicio por 20 días para sentarse a negociar. Y el ministro más oficialista del tribunal, Eugenio Zaffaroni, quiso saber si había un piso mínimo de condiciones para acordar. La respuesta fue siempre "no".

"Le pido a la Presidenta que acepte negociar, porque hablando la gente se entiende. Los cordobeses queremos cobrar, queremos que nos paguen lo que nos deben. Defiendo los intereses de mi provincia, como lo hacía Néstor Kirchner con los de Santa Cruz. Pero no somos destituyentes, ni conspiradores, ni enemigos de su gobierno", enfatizó de la Sota durante una conferencia de prensa celebrada en el salón de actos de la Corte.

En la sala, donde aguardaban los periodistas, la Corte había previsto lugares para Lorenzino y Bossio. Pero ambos prefirieron dar su propia conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Lorenzino aseguró que el gobierno nacional no propuso "ni un ajuste ni un recorte" a la provincia y aseguró que "los problemas que enfrenta el gobernador no tienen nada que ver con lo que ha hecho el gobierno federal en los últimos años".

"¿Qué busca el gobierno de Córdoba?, ¿tener un chivo expiatorio, alguien a quien acusar de algo?, ¿o una proyección nacional, la necesidad de salir en los medios nacionales?", se preguntó Lorenzino.

Asimismo, negó que existiera una situación de ahogo financiero sobre Córdoba , al señalar que entre 2003 y 2011 "las transferencias del gobierno nacional a Córdoba crecieron más del 600 por ciento" y que "sólo con la refinanciación de su deuda el estado provincial se ahorró este año de pagar 1351 millones de pesos".

En tanto, Bossio, que estaba a su lado, explicó que "sólo 16% de los cordobeses pertenecen al régimen previsional provincial, mientras que el 84% cobra a través de la Anses y goza de todos los beneficios, entre otros la ley de movilidad".

Dos posiciones que se volvieron irreconciliables

De qué discuten el gobierno de Córdoba y la Casa Rosada

DE LA SOTA

Fondos jubilatorios

Reclama a la Nación una deuda de $ 1040 millones generada, según su visión, en un convenio firmado con la Anses en 2009.

Postura política

Acusó a la Presidenta de cerrarse al diálogo y denunció que le habían pedido "hacer un ajuste".

Oferta de negociación

Durante la audiencia, llegó a ofrecer bajar sus pretensiones en cuanto al monto reclamado.

LA CASA ROSADA

Respuesta política

El ministro Lorenzino dijo que no hay deudas de la Anses con Córdoba y denunció que De la Sota hizo una puesta en escena para instalarse políticamente.

La explicación técnica

Acusa a Córdoba de ser "una de las provincias más endeudadas". Y que los envíos nacionales a la provincia crecieron un 600% en los últimos años.

Sin negociación

Lorenzino enfatizó en público, al igual que en la audiencia, que el Gobierno no debatirá más el tema.

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DEL EDITOR: cómo sigue. La Corte volvió a hacer equilibrio. Intentó un acuerdo que se intuía imposible. Y ahora se tomará su tiempo, tal vez hasta el próximo turno presidencial, para emitir un fallo.