Mientras el Gobierno de Mauricio Macri sigue buscando justificaciones para el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, Sergio Massa aprovechó para reclamarle al presidente que de marcha atrás con lo pactado, que según un dictamen de la fiscal Gabriela Boquin implica una quita del 98,87 por ciento de lo adeudado y es casi la condonación de la deuda de la familia del mandatario con el Estado. “Es un tema de enorme preocupación pero no solamente por el perjuicio que pueda o no significar al Estado el acuerdo con el grupo Macri sino por el impacto político y social de una forma de gobernar que genera dudas en materia ética”, advirtió el líder del Frente Renovador. Desde el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hasta la vicepresidenta Gabriela Michetti siguieron repitiendo el libreto oficial. El fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez destacó que  “el sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del 2001 hasta el 2033”.

La noticia de que el Gobierno de Macri había acordado con el Grupo Macri el pago de una deuda que tiene desde 2001 sin actualizar los montos por los 16 años transcurridos unió a toda la oposición en contra del oficialismo. Incluso, algunos referentes de Cambiemos, como Julio Cobos, salieron a reclamar que se revisara el acuerdo. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, mantiene silencio sobre el tema por el momento. En su entorno, indican que está esperando un dictamen del área de legales del Ministerio de Comunicación. Nadie sabe qué puede llegar a decir al respecto.

“Es muy importante que el gobierno vuelva para atrás con este tema, que deshaga el acuerdo y en todo caso que sea a partir de una discusión pública y de una discusión con controles que este mecanismo se lleve adelante”, planteó Massa, quien decidió no meterse en las discusiones sobre la Ley de Quiebras y las formas de calcular la depreciación de la deuda. “No se trata solamente de una cuestión de discusión de números sino una cosa mucho más profunda: es que la Argentina exigió un cambio que imponía gobernar de manera transparente. Me parece que es un mensaje grave el de condonarle deudas a una empresa de la familia Macri cuando a la gente la plata no le alcanza”, advirtió el dirigente. 

“Se trata de mucho dinero y cuando a un jubilado le dice que no hay plata para mejorarle la jubilación, que después el Estado le perdone miles de millones a una empresa que además es del papá del presidente suena, cuanto menos, incómodo”, advirtió. Y arremetió: “A la desilusión que se dio en materia económica porque la plata cada vez alcanza menos, se le suma una desilusión en materia ética porque se usa el Estado para favorecer a la empresa de la familia. Hay colisión de intereses por una cuestión de mezcla entre lo público y lo familiar”. Massa reclamó que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, concurra al Congreso a dar explicaciones.

Macri Jato

Mientras hacia afuera presentan un frente monolítico, el escándalo del Correo generó no pocas discusiones dentro del Gobierno. Algunas, incluso, llegaron a las redes sociales: el integrante del equipo de intelectuales del presidente Pablo Gerchunoff se quejó de que los encargados de la comunicación macrista no presentaran el tema como una deuda que el kirchnerismo dejó que se desactualizara por la inflación y ahora quiere cobrar. Se preguntó por qué no lo plantean así. “Porque es una chicana”, le contestó el coordinador de políticas públicas de la jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa. 

–¿Por qué? –quiso saber Gerchunoff, no sin cierta molestia.

–Porque quiere obtener un rédito retórico a partir de premisas que parecen verdad pero no son 100 por ciento precisas –aclaró Iglesias Illa, uno de los constructores de la narrativa oficial. Todo esto ocurrió en Twitter. Las discusiones en privado tal vez no hayan tenido ese tono académico. Es probable que hoy el tema sea retomado en la reunión de coordinación que encabeza el presidente, donde se escucharán las distintas estrategias frente al escándalo que, encima, recuerda las privatizaciones menemistas y el rol del Grupo Macri en ellas.

En los medios, en tanto, siguió la defensa a ultranza. El jefe de Gobierno intentó buscarle el costado positivo: “Primero, es una muestra de la independencia de la Justicia. Hace dos años era impensado que una fiscal dijera eso. Ahora la Justicia tiene que dictaminar. Todos los pasos los debe homologar la Justicia”, aseguró Larreta. En tanto, la vicepresidenta ensayó una defensa técnica en un reportaje con el periódico Perfil: “Nuestro gobierno defiende la transparencia y la honestidad en la gestión de los recursos públicos, a la par que una Justicia independiente que pueda controlar las acciones de los funcionarios. No hay nada que no esté a la luz de la ciudadanía. En este caso, por una decisión tomada en la gestión anterior por la Procuración del Tesoro de la Nación, interviene la Secretaría (ahora ministerio) de Comunicaciones. La Justicia debe ahora decidir si acepta”, reiteró. También señaló que ahora intervendrá la Oficina Anticorrupción, a cargo de la cuestionada Laura Alonso. Las declaraciones de los dirigentes están en línea con la sección “Qué estamos diciendo” que publica la Casa Rosada para ordenar el discurso oficial (ver aparte). 

Quien definitivamente se salió del libreto fue el diputado PRO Jorge D’Agostino, que aseguró: “No están reclamando transparencia. Quieren un golpe político. La oposición quiere destituir al presidente”. Hasta ahora ningún otro dirigente del PRO se animó a convertir el escándalo del Correo en una denuncia sobre un supuesto golpe de Estado.