En otra sesión maratónica, el Senado aprobó el proyecto de emergencia económica

En otra sesión maratónica, el Senado aprobó el proyecto de emergencia económica

La Cámara Alta debatió durante 12 horas la megaley impulsada por Alberto Fernández. Fue sancionada con 43 votos positivos, 23 negativos y una abstención.

El Senado trató el mega proyecto de emergencia económica impulsado por el Gobierno y el Frente de Todos logró convertirlo en ley en una votación que se llevó a cabo de madrugada.

El debate terminó con una holgada mayoría del oficialismo en la ley de emergencia económica que fija un nuevo impuesto sobre el dólar, restablece las retenciones agropecuarias y suspende por 180 días la movilidad jubilatoria, tras dos extensas jornadas de debate en ambas cámaras el Congreso.

La ley, oficialmente denominada "Solidaridad Social y Reactivación Productiva", fue aprobada en general y en particular con 43 votos a favor 23 en contra y una abstención (Clara Vega) luego de más de ocho horas de debate, en una sesión que fue, además, el debut de Cristina Kirchner en el rol de presidenta del Senado.

El Frente de Todos sumó a su ya abultada mayoría en la Cámara alta a algunos aliados como la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann, que se diferenció en el tema retenciones, mientras que Juntos por el Cambio encabezó el rechazo.

La ley constituye el arranque del Gobierno de Alberto Fernández, que logró pasar su primer desafío parlamentario: el proyecto se aprobó el viernes a la mañana en la Cámara de Diputados tras 20 horas de debate y varios cambios, el Senado la recibió por la tarde y le dio sanción definitiva en la madrugada del sábado.

Durante el encuentro, el Frente de Todos justificó la declaración de emergencia económica y social con críticas a los resultados macroeconómicos de la gestión de Mauricio Macri y, particularmente, el nivel de endeudamiento y pobreza.

Los discursos de Juntos por el Cambio, en tanto, apuntaron principalmente contra la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, la suspensión de la ley de movilidad y las retenciones.

El jefe del interbloque opositor, el formoseño Luis Naidenoff, afirmó que "es una ley que esconde un ajuste" y, cuestionó la suspensión de la ley de movilidad al señalar que "termina en litigiosidad, porque vulnera derechos adquiridos".

Naidenoff aprovechó su discurso de cierre para responder a las críticas que recibió durante toda la sesión la gestión de Juntos por el Cambio y señaló: "Nosotros hicimos el trabajo sucio".

"Los atajos tienen costo. Destruir las estadísticas salió muy caro, esconder la pobreza es una mirada corta. Hoy ustedes pueden hablar de pobreza porque hay un INDEC normalizado", subrayó.

La ley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delegan facultades al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.

En esa delegación, la principal es la habilitación al Ejecutivo para llevar adelante las gestiones para "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina".

La norma establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios en el exterior; suspende por 180 días la movilidad jubilatoria; fija un nuevo esquema de retenciones y aumenta bienes personales.

También fija un plan de regularización de deudas para las pymes, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente.

En el oficialismo, el cordobés Carlos Caserio -que abrió el debate- remarcó que "la pobreza llegó a 40,8%", mencionó la "tremenda deuda externa de 276.686 millones de dólares" e indicó: "La emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada".

Además, destacó el congelamiento de tarifas eléctricas y de gas por 180 días que establece la nueva ley y la posibilidad de que "las pymes no inscriptas lo hagan para percibir los beneficios de condonación de multas, intereses punitorios y resarcitorios", entre otros puntos.

En tanto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió la cesión de facultades al Poder Ejecutivo al afirmar que el Congreso tendrá "un control" sobre esa delegación y destacó que el restablecimiento de las retenciones será con "segmentación" entre pequeños y grandes productores, algo que fue incorporado por la Cámara de Diputados

"Yo soy orgullosamente productora agropeucaria y creo que esta segmentación es un logro histórico, porque siempre hemos planteado la necesidad de tratar de manera desigual a los que son desiguales, tratarlos igual es una injusticia", señaló.

Por la oposición, uno de los más duros fue el bonaerense Esteban Bullrich, quien consideró que "esta ley hace del Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos" y sostuvo que "diluye" el discurso que tuvo el presidente Alberto Fernández en su asunción.

El porteño Martín Lousteau, en tanto, sostuvo que "en campaña el Presidente dijo que el aumento a los jubilados iba a ser sacándole plata a los bancos y ahora le saca plata a los jubilados".

Por su parte, el entrerriano Alfredo De Ángeli, quien se hizo famoso en 2008 por la pelea por la suba de retenciones, se refirió a ese punto y señaló: "Esta es una cámara federal y este tipo de impuestos va en contra de nuestras provincias".

Crónica de un día agitado

El debate del proyecto que fue aprobado en la mañana del viernes por la Cámara de Diputados inicio poco después de las 19:00, luego de un cuarto intermedio solicitado por el interbloque de Juntos por el Cambio.

Con 37 senadores anotados para tomar la palabra, la votación en general de la iniciativa se llevó a cabo a altas horas de la madrugada.

Al inicio de la sesión, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, solicitó dos horas de cuarto intermedio para "tomar conocimiento de las modificaciones" hechas al proyecto por la Cámara de Diputados.

Naidenoff puso esto como condición para habilitar el tratamiento del tema, dado que al no tener dictamen de comisión el Frente de Todos necesita que los dos tercios de los presentes avalen el inicio del debate del proyecto.

Ante ese escenario, su par del Frente de Todos, José Mayans, aceptó el pedido y, finalmente, se acordó que la pausa fuera de una hora y media.

Sin embargo, finalizado el cuarto intermedio, el Frente de Todos, con mayoría suficiente para tener quórum propio, bajó en soledad al recinto y habilitó el tratamiento sobre tablas con los dos tercios de los presentes, que en ese momento eran solo los que acompañan el proyecto.

En realidad, la ausencia de Juntos por el Cambio fue lo que le permitió al oficialismo habilitar el tratamiento, debido a que la intención de un sector del PRO y otro de la UCR -con Martín Lousteau como principal impulsor de la estrategia- era bajar al recinto para que el Frente de Todos no alcanzara por sí solo los dos tercios y bloquear así el debate.

Así lo indicaron fuentes de la bancada opositora, quienes precisaron que la ausencia de Juntos por el Cambio en el recinto fue por un acuerdo al que llegaron el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, con el jefe del Frente de Todos, José Mayans.

Las fuentes consultadas confirmaron que hubo una fuerte discusión en el interbloque por la decisión de no bajar al recinto que, finalmente, fue lo que permitió al oficialismo habilitar el tratamiento.

El proyecto, que delega facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios; suspende por 180 días la movilidad jubilatoria; establece un nuevo esquema de retenciones y aumenta bienes personales.

También fija un plan de regularización de deudas para las Pymes, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente.

La iniciativa, denominada "Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica", fue aprobada en Diputados con 134 votos afirmativos y 110 en contra, en la votación en general del proyecto, y el Frente de Todos confía en poder convertirla en ley rápidamente en el Senado.

El Gobierno aceleró la aprobación para empezar a recaudar por los fuertes impuestos.

En Diputados, el Frente de Todos contó con el apoyo del Interbloque Federal de Eduardo "Bali" Bucca y Graciela Camaño, y de Unidad para el Desarrollo, del mendocino José Luis Ramón.

Con el correr de las horas se realizaron varios cambios al dictamen de mayoría con que el oficialismo llegó al recinto, a partir de pedidos efectuados por bancadas opositoras y por legisladores del propio Frente de Todos.

Las modificaciones más importantes se hicieron sobre los artículos referidos al impuesto del 30% sobre el dólar y la suspensión de los regímenes especiales de jubilación (que excluyó a jueces, diplomáticos y ex funcionarios de alto rango del Estado), entre otros.

El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 y contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Como se evitó el trámite ordinario de pasar la cuestión por comisiones y, además, no tenían el tiempo necesario de siete días de estudio, el proyecto de ley tenía que ser habilitado sobre tablas con los votos afirmativos de los dos tercios de los senadores presentes.

En la madrugada del viernes, el Frente de Todos logró darle en la Cámara de Diputados media sanción al proyecto de de ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva".

Con 134 votos afirmativos se votó en general la llamada ley de Emergencia Económica contra 110 en contra del proyecto enviado al Congreso por el presidente Alberto Fernández.

Luego de una maratónica sesión, que se extendió por más de quince horas, los diputados votaron artículo por artículo de la ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva".

Los cinco cambios sobre la hora que hizo el Gobierno para que se apruebe en Diputados

El gobierno de Alberto Fernández realizó varios cambios sobre la hora al proyecto de Ley de Emergencia Económica. Entre otros aspectos, cedió en reclamos de las entidades agrarias sobre retenciones, un cambio aclaratorio sobre el nuevo impuesto al dólar y sobre jubilaciones.

El texto de la extensa iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso incluye la declaración de la emergencia económica, alimentaria, sanitaria y previsional, entre otras. Los puntos principales del proyecto -denominado de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva- son la interrupción de la fórmula de actualización jubilatoria y el establecimiento de un tributo de 30% para la compra o consumo de dólares.

No obstante, entre la presentación del proyecto, que tuvo lugar el martes, y su tratamiento en la Cámara baja, el oficialismo necesitó modificar distintos artículos de la ley luego del tratamiento en comisiones y ante el malestar de distintos sectores.

Ya en el plenario de comisión había aceptado modificar el artículo 85, que le otorgaba al Poder Ejecutivo amplias facultades al Gobierno para reorganizar el Estado. "En acuerdo con el Ejecutivo Nacional queremos comunicarles que eliminamos el artículo 85 del proyecto", indicó el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Darío Martínez, el miércoles durante el debate en comisiones.

El artículo que provocó fuertes cuestionamientos de la oposición establecía: "Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias".

La norma le permitía al Presidente intervenir en 67 organismos, lo que, según habían advertido desde la oposición, violaba la autonomía e independencia económica de diversas áreas. Con esta decisión, el oficialismo aspira a bajar la tensión con la oposición, en especial con el interbloque Juntos por el Cambio, que adelantó que no daría quorum en el debate que se convocaría para el jueves en el recinto de Diputados.

Luego, en el debate en el recinto de la Cámara baja, negoció la modificación de otros cinco puntos clave.

1) Retenciones

En la previa del debate en la Cámara de Diputados, Alberto Fernández también se refirió a la incorporación dentro de la iniciativa de un artículo que "disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas".

Así, si bien los pequeños productores deberían pagar la misma alícuota de retenciones, el Gobierno buscaría compensarlos con otro tipo de medidas, posiblemente tributarias.

2) Dólar turista

El cambio que hizo el Gobierno sobre el impuesto al dólar es un agregado en el artículo 40 del proyecto. Se trata del capítulo que regula ese nuevo tributo. La redacción de la iniciativa daba a entender que las operaciones con tarjeta que se efectuaron este mes y que aparecerán en el próximo resumen estarían gravadas con el impuesto del 30%.

Pero el artículo 40 que obtuvo dictamen de Presupuesto y Hacienda y se votará este jueves en Diputados agrega una exclusión importante.

"El impuesto que se establece por el artículo 32 de la presente ley será de aplicación a las operaciones, liquidaciones y pagos efectuados a partir del día siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con exclusión de las transacciones efectuadas con anterioridad a dicha fecha".

Por lo tanto, las operaciones que ya se hayan efectuado antes de la sanción definitiva de la ley no pagarían el tributo, aunque todavía no hayan ingresado al resumen de la tarjeta de crédito.

3) Jubilaciones de docentes y científicos

Como adelantó iProfesional, el Gobierno aceptó en las últimas horas excluir a los maestros, los docentes terciarios y universitarios y a los científicos de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. Esto quiere decir que las personas que se hayan jubilado en esos sectores quedarán exentas del proyecto de ley del gobierno de Alberto Fernández y por lo tanto no sufrirán la suspensión de la movilidad de sus haberes.

Los maestros y docentes reciben el 82% móvil sobre el ingreso de un trabajador de su categoría en actividad. Con la marcha atrás del Gobierno, los jubilados de las provincias que hayan transferido las cajas recaudatorias a la Nación seguirán con la movilidad.

4) Baja de impuestos a petroleras y mineras

El Gobierno también sumó otro párrafo al amplio paquete de cambios impositivos que busca aprobar en el Congreso: una rebaja a las retenciones que pagan el petróleo y la minería.

Así, los exportadores de crudo y de minerales pagarán, de votarse la ley, un derecho de exportación con un tope de 8% sobre el precio de la venta al exterior, según el último cambio que el Gobierno introdujo en el artículo 49 del proyecto de emergencia.

"Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el ocho por ciento (8 %) del valor imponible o del precio oficial FOB", se lee en la iniciativa que ingresó al Congreso.

Y agrega que, para estos sectores, "los derechos de exportación se reducirán para bienes cuya producción implique un mayor agregado de valor a partir de los insumos utilizados y el Poder Ejecutivo Nacional desarrollará políticas de estímulo para los productores".

5) Prepagas

Se eliminó del proyecto un artículo que obligaba a las empresas de medicina prepaga a incrementar sus aportes al Fondo Solidario de Redistribución del sistema, una medida que hubiese llevado a un aumento en la cuota que pagan los afiliados, según advirtieron representantes del sector al Gobierno.

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