El gobierno apuesta al “factor social” para una mejor negociación con el FMI

El gobierno apuesta al “factor social” para una mejor negociación con el FMI

La misión del FMI fue recibida por el ministro de Desarrollo Social. Y ahora se verá con el ministro de Salud. La “catástrofe social” y las comparaciones con el 2002.

Daniel Arroyo les habló de una "catástrofe social", Ginés González García recibirá este martes a la misión del FMI que se instaló en Buenos Aires con otro diagnóstico delicado: la situación sanitaria se presenta "peor que en 2002".

Además de números y plazos, metier del ministro de Economía, Martin Guzmán, que el jueves pasado se reunió con la comitiva que encabeza Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, el gobierno quiere poner sobre la mesa un elemento si se quiere intangible: el factor social.

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Alberto Fernández sigue al detalle cada contacto entre sus funcionarios y el staff del fondo que, además de Kozack, incluye al venezolano Luis Cubeddu, que es el jefe formal de la misión en Argentina.

El jueves, el ministro de Desarrollo Social estuvo una hora y media con un staff de ocho funcionarios del FMI -más dos traductores- y les hizo un informe sobre la situación social. Aunque tenían datos propios, algunos aportes de Arroyo generaron sorpresa en los enviados, dijeron a Clarín desde el Gobierno.

La próxima escala es el encuentro con el ministro de Salud que expone un plus: estuvo en el mismo cargo en 2002, cuando Eduardo Duhalde quedó a cargo de la presidencia tras la renuncia de Fernando De La Rua.

González García presentará un informe in voce sobre la situación sanitaria y, según fuentes de su entorno, estará cruzado con un planteo general: el panorama, dirá el ministro, es peor que el que existía en el 2002.

A pesar de la ronda con ministros -Guzmán, Arroyo y González García- no está previsto que la misión del FMI se reúna con el presidente. 

Hasta acá, según supo Clarín, Alberto Fernández no tuvo contacto de ningún tipo con la comitiva del fondo. En medio, el presidente validó los dichos de Cristina Fernández respecto a que el organismo violó sus propias reglas al prestarle casi 60% de su capital a un solo país, Argentina.

"Los enviados del FMI quieren tener una mirada integral de la crisis", dijo a Clarin una fuente del entorno presidencial sobre los contactos entre los enviados y los ministros nacionales, en particular de áreas sensibles como Desarrollo Social y Salud.

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"Creemos que salieron de la reunión con Arroyo convencidos de que no hay margen para más ajuste",  se insistió desde el gobierno y se aportó otro dato: Kozack, de acuerdo a la versión oficial, habría asegurado que el fondo no tiene como objetivo que se reduzcan las partidas sociales.

El equipo que comandan Kozack y Cubeddu se mostraron, en particular, interesados por la Tarjeta Alimentar y, respecto a ese programa, consultaron las razones de porqué opera por vía diferente a la AUH (Asignación Universal por Hijo).

Arroyo explicó que se trata de un programa de emergencia, que está dirigido exclusivamente a alimentos y a las familias con hijos más chicos, además de una cuestión operativa: los fondos no son de Seguridad Social como la AUH.

El gobierno apuesta a ese programa: la semana pasada, según detalla en Desarrollo Social, se distribuyeron más de medio millón de tarjetas y se cubrió, tal lo previsto, los 24 distritos del conurbano bonaerense, adonde se concentran 360 mil tarjetas.

Se habla de una inyección de recursos, por mes, de 1.800 millones de pesos, solo en lo referido al conurbano bonaerense. En la Casa Rosada, cuando habla de apoyo a Axel Kicillof, se pone en la cuenta ese desembolso que empezó las últimas semanas.

En paralelo, se distribuyeron tarjetas en varias ciudades y provincias. El impacto económico del programa en Concordia, Entre Rios, es de 35 millones mensuales, en Chaco ascdiente a 332 millones (66.500 tarjetas) y en Rosario de 148 millones al mes, con la entrega de 29.600 tarjetas.

Hubo, también, distribución parcial en Tucumán, Santa Cruz y Salta. Para fin de febrero, el gobierno quiere tener cubierto el 70% del país, más de dos tercios de las 1.400.000 tarjetas que fijó como objetivo inicial.

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