Dura presión opositora para no vender las acciones de Anses

Dura presión opositora para no vender las acciones de Anses

Los funcionarios presentaron el proyecto para pagarles a los jubilados. Críticas por tantas sorpresas.

A 36 horas de haberlo presentado, el Gobierno fue a Diputados a explicar el proyecto para pagar los juicios a los jubilados, que llegó con varias sorpresas como el blanqueo impositivo, un acuerdo por coparticipación federal y una reforma impositiva con novedades como la eliminación del impuesto sobre los bienes personales.

Además del rechazo a emitir dictamen el martes para sesionar el miércoles, como insiste aún Luciano Laspina, en la oposición hubo un principio de consenso sobre impedir la venta de acciones de Anses en empresas privadas, operación prohibida por una ley que este proyecto deroga.

 

 

 

La Casa Rosada envió toda la artillería: expusieron el coordinador interministerial Mario Quintana, el director de Anses, Emiliano Basavilvaso, el titular de Afip, Alberto Abad, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, y el viceministro de Economía Pedro Lacoste, quien al final perdió el control en una discusión con los kirchnerirstas. 

 

 

 

El debut de Quintana en el Congreso no fue tibio: unas de las figuras centrales del Gobierno abrió la sesión con un fuerte discurso político. “Un Estado que estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores. Y una sociedad que no respeta a sus mayores no puede construir un proyecto con grandeza”, se despachó, ocasionando los primeros murmullos.

 

 

 

Después fue a lo concreto y admitió que habrá un drástico cambio en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), para que no financie “pymes, créditos hipotecarios, créditos a largo plazos” a “tasas subsidiadas que en última instancia afectan la sustentabilidad del sistema previsional”.

 

 

 

Y en esa línea defendió quitar las restricciones para vender “ciertos activos”, como las acciones empresariales. 

Basavilbaso fue luego más sinuoso. “No hay intención de vender las acciones, sino mantener el valor”, aclaró, pero no evitó que fuera el punto de menos consenso hubo y a juzgar por las expresiones sólo el Frente Renovador de Sergio Massa podría abrir la puerta a sostener ese artículo. 

 

 

 

Es que si bien Marco Lavagna ayer decía en los pasillos que tampoco coincidía con desprenderse de las acciones de Anses en empresas privadas, pero hoy no habló del tema.

 

 

 

Se desprende que conversó antes por teléfono con Sergio Massa, de viaje en París. Alejandro Snopck, también del Frente Renovador, sí pidió proteger la participación accionaria de Anses. Si los tres principales bloques opositores se unen no será posible.

 

 

 

“Las acciones dieron una ganancia anual del 20% en dólares. Es por lejos la mejor inversión que tiene Anses”, las defendió Bossio. Le siguió Axel Kicillof: “Esto es privatizar las jubilaciones y hay que decirlo así. Es una privatización encubierta en la ley”, denunció.

 

 

 

“Dicen que no se puede administrar un fondo sin control de las acciones, pero no entienden que este es un fondo privado”.

 

 

 

Le siguió Juan Carlos Díaz Roig, experto en temas previsionales. “Si se precisara utilizar parte del FGS, deberían disponerse de los títulos públicos antes que las acciones que dan mayor rentabilidad”, insistió. Bossio y Kicillof fueron los más beligerantes.

 

 

 

“No puede hablar de fracaso, porque hay muchos jubilados que cobraron por primera vez. Hay muchos jubilados en Argentina que cobraron por primera vez”, lo atacó el ex director de Anses, que unas horas más tarde se sacó a los gritos cuando Quintana insistió en hablar de estafa. “¡Lo tenes que entender! ¡Los funcionarios apelan los juicios porque es su obligación!”.

 

 

 

El ex ministro también se despachó contra las reformas impositivas. “Nos contrabandean bajas de impuestos. Nosotros pusimos un impuesto a la renta financiera y ustedes lo sacan. ¡Sacan bienes personales! ¡Qué es el impuesto más progresivo y se coparticipa!”, cuestionó.

 

 

 

A esa altura ya nadie recordaba que todos los bloques anticiparon que avalarán el capítulo dedicado al pago a los jubilados, aunque sin mucha confianza en su cumplimiento.

 

 

 

Díaz Roig hiló fino. “Los 50 mil juicios con sentencia firmes tienen que pagarse este año el cien por cien, porque están presupuestados y existen los fondos para hacerlo y no habría porqué llevarlo a tres años”, diferenció.  y recordó que “uno de cada cuatro juicios termina a favor de la Anses, o sea de los 240 mil habría 60 mil que no deberían ajustarse”, corrigió.

 

 

 

Quintana debió aclarar varias cosas, como que la ley de movilidad no está en juego (Bossio le había remarcado que la redacción lo infería) y que la pensión a la vejez no implicaba una baja en la edad jubilatoria de las mujeres, de 65 a 60 años. “Es bueno que usted que conoce del tema, esté a favor de la cuestión de fondo”, buscó reconciliarse Quintana con al jefe de la Anses.

 

 

 

Blanqueo polémico y coparticipación

 

 

 

El capítulo del blanqueo levantó polémica, porque la laxitud del texto, que no habla de traer plata al país sino de declara y pagarle al fisco.

 

 

 

Lo reconocería al final de la reunión Lacoste, el segundo de Prat Gay. “Nosotros lo que buscamos es recaudar. Con ustedes abrían una caja de seguridad por día. Con nosotros la sacan e invierten en letras. ¿Saben cómo se llama eso? ¡Confianza!. ¡Por favor dejen de mentir!”, gritó.

 

 

 

Le respondía a Kicillof que había definido el blanqueo como un premio excesivo a quien no pagó impuestos que poco beneficiaría al país. “Nosotros no blanqueábamos: repatriábamos. Acá se le está dando beneficios a gente que se llevó la plata afuera y no para que la traiga. Tienen una casa en Miami, la declaran y la siguen teniendo. Y en 2019 no pagan bienes personales”.

 

 

 

Abad y Federici no lo dejan conformes. El jefe de la AFIP fue didáctico: habló de la primera vez que además de blanquear se premia a quienes ya pagaron. “Volvemos todos al punto cero”, simplificó.

 

 

 

Habló de que los argentinos tienen bienes denunciados en el exterior por “30.500 millones de dólares” pero un potencial de 200 mil “no declarados”. Y aclaró que sólo los que tengan sentencia firme por casos de lavados de activos estarán vedados.

 

 

 

Federici invitó a restringir a los legisladores, jueces y gobernadores, además de funcionarios nacionales, como impusieron Carrió y la UCR. Fernando Sánchez (Coalición Cívica) lo avaló y Kicillof también.

 

 

 

Sobre el acuerdo por la coparticipación, cerrado por Frigerio y los gobernadores en Córdoba, José Luis Gioja recordó que debería ingresar por el Senado. Nadie lo escuchó.

Comentá la nota