La euforia pasó. Los buitres dieron un respiro más bien módico a la imagen presidencial, de apenas un mes. Las encuestas retomaron su curso descendente. Y la Presidente volvió a lucir enojada. Es que ningún espejismo puede tapar la recesión y el desempleo. Buen momento, entonces, para lanzar nuevas diatribas y renovar enemigos.

 ​Así fue que apareció el paquete de leyes "para empoderar al consumidor", cuyo texto definitivo el secretario Augusto Costa tuvo la deferencia de enviar a la UIA antes de que tome estado parlamentario en el Senado de la Nación. Nadie en el Gobierno suponía que iban a aplaudir de pie. De hecho, lo hicieron ingresar por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo domina con mayor holgura, pero parece que están sorprendidos por el grado de unanimidad que tiene el rechazo entre los empresarios.

 ​La iniciativa es de raigambre camporista, kirchnerismo puro y duro, como corresponde en tiempos heroicos. Eduardo de Pedro, acompañado de Juan Cabandié, Mayra Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, Marcos Cleri, Horacio Pietragalla, Josefina González, María Luz Alonso, Andrés Larroque, y Martín Alejandro Pérez, es decir, toda la bancada de La Cámpora en la Cámara de Diputados de la Nación, viene fogoneando proyectos de este tipo desde el año pasado. Y en marzo de este año presentaron otros tres (512-D-2014; 2509-D-2014; 2686-D-2014), en algunos casos promovidos junto a Diana Conti, Carlos Kunkel y María Teresa García, aliados de los camporistas.

 ​La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, la radical cordobesa Patricia de Ferrari Rueda, asegura que "estos proyectos coinciden en proponer básicamente reformas a dos artículos de la ley de Defensa del Consumidor, el 45 y el 47, paradarle más poder discrecional al funcionario, por un lado, y para aumentar las penalizaciones a los privados, por el otro. Y ya habían despertado la inquietud de la Cámara Argentina de Comercio, por eso convoqué a una audiencia pública para el 3 de junio, pero el presidente de la CAC no vino y mandó solo a sus técnicos".

LOS EMPRESARIOS IMAGINABAN QUE PODÍAN CONVERTIRSE EN EL CHIVO EXPIATORIO DE LAS MALAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

 ​O sea, el empresariado no desconocía que podía convertirse, más temprano que tarde, en el chivo expiatorio de las malas políticas económicas del Gobierno, aunque esperaba que la Presidenta pudiera entretenerse con algún otro asunto. Caído el espejismo del "Patria o Buitres", no cabía otra que ir contra los privados.

 ​El Ejecutivo no propone ahora solamente reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, sino directamente a la cuestionada Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974, suspendida en 1991, puesta en vigencia en un contexto de emergencia en 1999, y solo utilizada nuevamente por Guillermo Moreno en demandas contra Techint, Shell y las consultoras que medían la inflación.

 ​El ex secretario de Comercio Interior perdió todas las demandas realizadas bajo el amparo de esa ley, considerada inconstitucional en distintas instancias judiciales, a pesar de que el Gobierno la reinterpretó a la luz del artículo 42 de la Constitución Nacional, "afirmando su utilización como herramienta para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, por ejemplo", según relata el abogado Carlos José Laplacette. "La ley es manifiestamente inconstitucional", dice el socio del estudio Badeni, Cantilo, Laplacette & Carricart, "sin embargo está ahí, amenazante".

 ​Ahora se la quiere dotar de renovada vigencia. Pasaría a llamarse de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, intervendría en las famosas "cadenas de valor" que tanto inquietan a Axel Kicillof, fijaría márgenes de utilidad, precios de referencia y precios máximos y mínimos, y hasta permitiría la intervención directa del Secretario de Comercio ante casos de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios.

 ​Al Ministro y los camporistas no les parece que se trate de un régimen de corte autoritario. "Empoderan al consumidor", engañan, ya que le dan más poder al Estado, dejando a los que consumen cada vez más débiles, con menos herramientas reales para el reclamo y la defensa de sus derechos, pues sólo el funcionario tendrá capacidad para interpretar la ley e intervenir.

 ​Eso sí. Es una norma respetuosa de los Derechos Humanos. Se eliminó la posibilidad de ir a la cárcel por quienes infrinjan las reglamentaciones por un período de 90 días a 4 años, según dice la ley actual. Ya no se verán almaceneros y carniceros presos, como en tiempos del primer peronismo, el primer gobierno argentino que creyó que lograría bajar la inflación y terminar con la escasez con la actuación del jefe de la Policía Federal. Fracasó, por eso en este nuevo proyecto sólo se amenaza con que se perderán "concesiones, privilegios y regímenes impositivos".

LA NUEVA LEY DEJA A LOS CONSUMIDORES MÁS DÉBILES, YA QUE SÓLO EL FUNCIONARIO PODRÍA INTERVENIR

 ​Los empresarios salieron en bloque a oponerse. Según con quien se hable, la consideran "un elemento de disciplinamiento", un "error de cálculo", "una provocación", un "intento por hacernos culpables de la inflación". Y no los inquieta demasiado que la aprueben en el Congreso. "Si lo logran, la vamos a llevar a la Justicia, y estamos seguros de que será declarada inconstitucional", dicen en público.

 ​Jaime Campos, titular de la AEA, directamente cree que se impulsa "un nuevo régimen económico en un momento económico delicado, donde debería buscarse confianza de parte del empresariado, para que se anime a seguir invirtiendo y no para que se retraiga todavía más".

 ​La diputada De Ferrari Rueda va todavía más allá. "Esto es como la Ley de Medios, no les importa si los empresarios son chicos o grandes, lo que quieren es beneficiar a los amigos y perjudicar a los que consideran enemigos, discrecionalidad en estado puro. Pero no creo que se salgan con la suya esta vez, porque en Diputados no la tendrán fácil, e incluso en el Senado los veo con riesgos de trastabillar".

 ​Es que aunque insistan en actuar como si se fueran a quedar otra década, el final está cerca. Y los que parecían mansamente domesticados, empiezan a rebelarse, fastidiados y hasta resentidos. Incluso, con cierta vocación de venganza por haberse sometidos en más ocasiones de las tolerables a humillaciones varias.

 ​Tal vez por eso, el último discurso presidencial no fue generoso en el aplausómetro. Empresarios, sindicalistas y gobernadores no ocultaban su preocupación ante las cámaras de televisión presidenciales, aunque la Presidente anunciara inversiones millonarias del Estado en soluciones habitacionales que generarán miles y miles de nuevos puestos de trabajo. Más de cien mil, aseguró.

 ​Pudieron verse pocos aplausos. Y a desgano. En particular, un asistente de la primera fila, contó que Cristina, enojada, se quejó una noche de esta semana, de este modo: "Devalué, le pagué a Repsol, arreglé con el Club de París. ¿Qué más quieren?".

 ​No hay caso. Nadie la entiende.