La Justicia indagó ayer a Gustavo Fernández Russo, el subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión de la Secretaría de Medios, en una causa en la que se investiga malversación de caudales públicos, porque la dependencia realizó con fondos oficiales un spot destinado a criticar la gestión de Mauricio Macri en los subtes.

Fernández Russo compareció ante el juez federal Claudio Bonadio, quien ya indagó hace una semana al camporista Rodrigo "Rodra" Rodríguez, número dos de la Secretaría de Medios con incidencia e n la pauta oficial y que reporta a Máximo Kirchner.

Bonadio citó además para mañana al secretario de Medios Alfredo Scoccimarro y el lunes espera escuchar también en indagatoria al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, reemplazado en sus funciones por Jorge Capitanich.

Todos eligieron el asesoramiento jurídico del estudio de Darío Richarte, ex número dos de la SIDE durante el gobierno de la Alianza, quien, mediante el abogado Diego Pirota, también maneja la defensa del vicepresidente Amado Boudou en el caso de la ex Ciccone.

Los funcionarios de la Secretaría de Medios indagados están acusados de malversación de caudales públicos, porque, a juicio de los denunciantes que son querellantes en la causa, los diputados de Pro Cristian Ritondo y Daniel Presti, se utilizaron fondos públicos para fines políticos y no para la difusión de actos de gobierno mediante los avisos de publicidad oficial.

Se referían a un aviso realizado por el gobierno nacional y difundido en los entretiempos de Fútbol para Todos el 11 de agosto de 2012, en el que se denostaba la gestión de Mauricio Macri porque no quería hacerse cargo de la administración de los subtes y por el precio del pasaje. Los legisladores señalaron que "el Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos públicos -que debieron ser utilizados para otros fines comunes a la ciudadanía y evidentemente asignados presupuestariamente a otros conceptos- para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual, relacionada con una cuestión de corte netamente político". La estimación sobre el monto de dinero usado para otros fines fuera de los previstos ronda el millón de pesos.

Rodrigo Rodríguez ya había explicado el trámite administrativo que recorrió el expediente desde que se pidió la realización del aviso hasta su autorización, realización y puesta en el aire. Argumentó por escrito que no se trataba de una cuestión delictiva, sino política.

Ayer, Fernández Russo hizo lo mismo: en un escrito señaló que el aviso sobre la gestión de los subtes de Macri fue realizado a pedido del Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo.

Detalló el recorrido administrativo que tuvo y la parte en que él tuvo que intervenir. La misma descripción la realizó Rodríguez y explicó además la misión y las funciones de su subsecretaría, según informaron allegados al funcionario.

En el mismo tono estará la presentación de Scoccimarro, que tuvo que intervenir al final del trámite para darle el visto bueno e insertar la última firma antes de la realización del spot.

La causa se inició con la denuncia de los diputados de Pro, pero estuvo condenada a cerrarse de inmediato, pues el fiscal Federico Delgado entendió que se trataba de una cuestión política no judiciable y que la decisión del contenido del spot no configuraba ningún delito penal, por lo que propuso desestimar la denuncia,

El juez Bonadio hizo lugar ante la falta de impulso del fiscal, pero los denunciantes fueron admitidos como querellantes y pidieron instar la acción ellos mismos.

La Cámara Federal hizo lugar a que pudieran actuar como querellantes y sólo por ellos es que sobrevivió el expediente.

Ahora la defensa ataca en dos frentes: por un lado se defiende en la indagatoria, y por el otro intenta un planteo para quitarles a Ritondo y a Presti el carácter de querellantes. Si prospera esta cuestión con el argumento de que en los casos de los delitos de acción pública no se pueden admitir a los particulares como querellantes, se caería el caso, según la defensa.

AVANZA UN CASO CONTRA ECHEGARAY

El juez federal Sebastián Ramos empezó a pedir medidas de prueba en una causa en la que investiga si el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, violó el secreto fiscal de dirigentes de la oposición. A pedido del fiscal Jorge Di Lello, el juez le requirió a la AFIP que informe cuáles son las personas que tienen un nombre de usuario y pueden acceder a una base de datos llamada Fisco y quién consultó la información de "Pino" Solanas, Elisa Carrió y Mauricio Macri, supuestamente aludidos por Echegaray..