Carlos Zannini sería el próximo procurador del Tesoro de la Nación, el jefe de los abogados del Estado, y podrá usar su experiencia para dejar a Macri mal parado en los litigios que más lo incomodaron y siguen abiertos.

 

El principal es la deuda de Correo Argentino durante la gestión de su empresa familiar, que según la fiscal Gabriela Boquín el gobierno de Macri intentó saldar mediante un acuerdo abusivo con el Estado Argentino.

 

Ante el escándalo público, Macri aceptó echar atrás ese convenio pero echó al entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín, cuando supo que había preparado un dictamen que sugería la quiebra de la empresa del presidente.

 

Lo sustituyó el salteño Bernardo Saravia Frías, convertido en un disciplinado asesor de Macri en sus temas urticantes. Fue quien eliminó a Odebrecht de la lista de empresas contratistas del Estado pese al reclamo de la empresa brasileña por no contar con argumentos judiciales para tomar decisión.

Macri echó al procurador del tesoro Juan Carlos Balbín por no protegerlo en el causa sobre el Correo Argentino. La Corte tiene ese expediente y el del blanqueo de sus familiares. 

 

Por un fallo de Cámara en noviembre la causa de Correo llegó a la Corte Suprema, donde además desde febrero está a la espera de ser tratado el amparo de Felipe Solá contra el DNU que habilitó el blanqueo de dinero de familiares de funcionarios.

 

Con ese decreto, Macri modificó la ley de blanqueo de capitales sancionada en 2016 por el Congreso con los votos de los diputados del Frente Renovador, pero con cambios en la votación en particular como el de no habilitar a los familiares de funcionarios. 

Al teléfono, Macri le había pedido a Massa no hacer esa modificación pero no pudo convencerlo y optó por resolverlo por decreto. Solá reclamó en Tribunales y ahora llegó a la Corte, donde Zannini deberá dar explicaciones sobre la posición que tomaron los abogados del Estado para proteger la repatriación de dinero de la familia presidencial.

El ex secretario legal y técnico de Cristina no la pasó bien estos años: entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 estuvo 107 días preso en el Ezeiza por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por volar la sede de la AMIA. Lo responsabilizaban de haber escrito el memorádum que se convirtió en ley con los votos de la mayoría oficialista de Cristina Kirchner. Logró salir y puede volver al Estado, un lugar que conoce como pocos con más de 30 años en la administración pública.

Pero el impacto del regreso al poder de la mano derecha de Cristina trasciende largamente su cargo formal. Zannini fue el gran articulador de la relación  de Cristina con el Poder Judicial durante su último mandato. Ex juez del Supremo Tribunal de Santa Cruz, este abogado tiene sólidos contactos en el Poder Judicial y fue uno de los ideólogos detrás de  la agrupación kirchnerista de magistrados y fiscales, Justicia Legitima.

Su arribo a la Procuración del Tesoro también le permitirá ejercer un control bastante directo sobre todas las Secretarías Legales y Técnicas de los Ministerios, que es bastante parecido a tener una auditoria permanente sobre lo que hacen los ministros.