Un fantasma recorre la causa sobre el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: el fantasma de los vínculos con los sectores más rancios de la oposición. La defensa de uno de los detenidos, Nicolás Carrizo –el líder de la banda de los copitos– le dio alas a ese fantasma. No sin resistencias, la diputada del PRO Karina Bachey terminó echando a Brenda Salva, que la asesoraba a ella en el Congreso mientras era parte del equipo que defiende a quien se jactaba por WhatsApp de tener un plan para matar a CFK e intenciones de asesinar a su hijo, el diputado Máximo Kirchner. La desafectación de Salva había sido reclamada por el bloque del Frente de Todos (FdT) después de que la legisladora macrista dijera que es “fan de la libertad de trabajo”. Salva siguió la misma suerte que su colega Gastón Marano, defensor de Carrizo que también asesoraba a otro integrante del partido de Mauricio Macri, el senador Ignacio Torres, ante la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) –una de las áreas más sensibles del Congreso.

Carrizo viene siendo uno de los protagonistas de la investigación que llevan adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Su defensa no se queda atrás. Detenido el miércoles pasado en los tribunales de Comodoro Py, Carrizo consiguió abogado ese mismo día. Marano llegó a participar del allanamiento que ordenó la magistrada. Según le dijo el abogado a este diario, su llegada a la causa se dio a través de un colega activo en redes sociales a quien habría contactado el hermano de Carrizo. De acuerdo con la versión de Marano, el expediente por el intento de homicidio de CFK es un reto que cualquier penalista quisiera tomar y una buena pantalla para mostrar su destreza como letrado.

Sin embargo, muchas de las dudas que surcan el ecosistema político fueron puestas de manifiesto por el ministro de Justicia Martín Soria. “Yo no tengo dudas de que detrás de esta gente hay algo más: alguien los financia, alguien le puso la logística, la inteligencia, alguien les puso las cámaras de televisión y alguien los masificó en la redes para mostrar las guillotinas o los muñecos colgados de las rejas de la Casa Rosada. Alguien hoy les está pagando a los abogados”, dijo el ministro en una entrevista con El Destape Radio.

Marano es conocido hace años en el mundillo de la seguridad. Trabajó durante años en la embajada de Estados Unidos en la Oficina de Ciudadanía, que se ocupa –entre otras cosas– de las extradiciones. Hay quienes lo vinculan con el extitular de la Secretaría de Inteligencia (SI) Miguel Ángel Toma, relación que Marano desmiente. En 2011, fue candidato a diputado suplente en una lista que era colectora de la que llevaba como candidato a presidente a Eduardo Duhalde. En 2019, presentó una denuncia contra Marcelo Sebastián D’Alessio por usurpación de título después de que se supiera que no había pasado ni por la esquina de la Facultad de Derecho. En los últimos meses, se mostró asesorando al legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra en su cruzada contra partidos de izquierda y movimientos sociales por los planes sociales.

A la CBI, Marano llegó en mayo de este año. El senador Torres, según publicaron otros medios, hizo saber que le habían "presentado" a Marano. No queda claro cómo fue esa presentación ni quién ofició de presentador. El abogado dice no conocer más que por haberse cruzado en un canal de televisión a Gerardo Milman y no tener vínculo con Cristian Ritondo, los dos pesos pesados del macrismo en la CBI.

Torres autorizó a Marano a compulsar el resumen de actividades que desplegó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el año pasado –que es un material clasificado– y el abogado también habría estado analizando la posibilidad de una reforma de inteligencia –un proyecto que el gobierno no envió al Poder Legislativo pese al anuncio del Presidente de marzo pasado y que parece que no tendrá empuje en el corto plazo–. En junio pasado, en la CBI advirtieron su presencia cuando iba a llevarse adelante un plenario de la Bicameral para discutir la situación del avión venezolano-iraní. Como era una instancia en la que solo podían participar senadores y diputados, Oscar Parrilli le pidió a Marano que se retirara –a lo que él accedió diligentemente–.

Después de que se conoció que se había hecho cargo de la defensa de Carrizo, Torres se comunicó con Moreau para avisarle que había decidido desafectar a Marano. El presidente del cuerpo cumplió con el tramiterío a primera hora del lunes y el letrado quedó sin acceso. No son pocas las sospechas de que la banda de los copitos tenía terminales en algún sector de inteligencia.

Las dudas se incrementaron cuando se supo que Marano había autorizado a Salva y Fernando Sicilia a compulsar el expediente. Sicilia es un viejo conocido en la CBI. Es el abogado defensor de dos de los insignes integrantes de los Súper Mario Bros --los miembros de la AFI que se dedicaban al espionaje político--: el abogado Facundo Melo y el policía porteño Leandro Araque. En los tribunales, Sicilia atacó la teoría del cuentapropismo –que convalidó la Cámara Federal– y apuntó contra la cúpula de la AFI macrista. Es también el defensor del perito David Cohen –que truchó los informes en la causa del Gas Natural Licuado (GNL) para perjudicar al exministro de Planificación Federal Julio De Vido-- e interviene en la causa de la secta de Villa Crespo. Su perfil es ecléctico: es abogado querellante en casos de violencia institucional como la de la masacre de Wilde o la ejecución de Diego Cagliero.

Marano desmiente que Sicilia intervenga en la defensa de Carrizo. Dice que su inclusión en un escrito se debió a un error burocrático porque comparten otros casos en otras jurisdicciones. “Yo no voy a defender a nadie que atente contra el orden democrático, más allá de que creo en el derecho de defensa”, responde Sicilia ante una consulta de Página/12 pero agrega que no tiene previsto presentarse para aclarar en la causa que no está vinculado al expediente.

Con Salva, Marano comparte estudio jurídico. La mujer también se desempeñó como columnista en A24, Crónica y La Nación+. Si bien no está designada como co-defensora, ella salió a dar entrevistas en los últimos días sobre la situación de Carrizo. Salva trabajaba como asesora en temas de discapacidad de la diputada Bachey desde mayo. Ese mismo mes llegó Marano a la CBI y ese mismo mes apareció en escena Revolución Federal, el grupo extremista de derecha que se sospecha que puede tener vasos comunicantes con los copitos.

El lunes, el FdT había reclamado la desvinculación de Salva después de que Bachey le hubiera dicho a Perfil que ella era “fan de la libertad de trabajo” y que no había comprado todo el tiempo de su asesora. El martes, la diputada informó a través de un comunicado su “decisión indeclinable de desafectar” a Salva. “Desde mi lugar como dirigente político corresponde velar por el esclarecimiento de este hecho”, escribió la legisladora del PRO. Sin embargo, al día siguiente del atentado contra CFK no había sido tan prudente cuando agarró Twitter. “Victimizarse, causas judiciales, penas, y ahora pobrecita!!!! El circo y sus artistas!!!”, había escrito entonces.