Hay una huella con senderos sinuosos, sin señales viales y tramos en los que se conduce por cauces de ríos secos. Son cuatro horas de muy difícil tránsito por el terreno arenoso para llegar a la mina de Vale, en el extremo sur de Mendoza y a 50 kilómetros del límite con Neuquén. El campamento del proyecto minero que llegó a albergar a fin de año a 5 mil trabajadores y dio trabajo a cerca de 300 pymes, parece un pueblo abandonado.

Son 280 kilómetros desde la sureña ciudad de Malargüe, la mayor parte en camino de tierra. A dos semanas de que la multinacional brasileña Vale anunció que frenaba definitivamente la inversión más importante que había en la Argentina, sólo se mantiene la vigilancia del predio y una vigilia del gremio de la Uocra para que no desmantelen la planta.

Con cámaras de seguridad, rondas en camioneta y guardias en todos los ingresos, se cuida que no haya toma de la planta y preservar la inversión de US$ 2.200 millones que Vale dice haber realizado en Mendoza. El proyecto inicial hablaba de US$ 5.900 millones hasta 2014, cuando comenzaba a extraerse el potasio.

Los custodios de la empresa G4S son los únicos habitantes del campamento. Hasta el jueves, las principales contratistas del Consorcio Potasio Río Colorado (CRC) habían retirado 300 máquinas y comenzado a desmontar las plantas de cemento. Pero un amparo de la Uocra, avalado por Mendoza, frenó el desmantelamiento de la planta.

El ministro de Planificación Julio De Vido dijo que Vale abandonó su proyecto porque el Gobierno se negó a darle US$ 3.000 millones en ventajas impositivas. “Quieren recuperación anticipada del IVA y la eliminación de retenciones”, enumeró y lanzó la frase “el proyecto sigue con o si Vale”, una posibilidad cada vez más remota ante la falta de inversores y la imposibilidad de quitarle la concesión a los brasileños. El tema iba a ser clave en el encuentro entre las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff que finalmente se canceló por la muerte de Hugo Chávez.

Sin esperar más, la empresa anunció el fin a las obras porque no le cerraba la ecuación económica.

El proyecto incluía la construcción de la mina, una represa, un tendido de ferrocarril de 400 kilómetros y una terminal portuaria en Ingeniero White..

“Nos mienten. Dicen que la obra se va a reactivar y nos enteramos que ya han sacado los equipos ”, dice Cacho Pérez (44), propietario de un maxiquiosco en Malargüe donde compraban muchos de los obreros. Esta ciudad tranquila, de 27.000 habitantes, está ubicada a 410 kilómetros de la capital de Mendoza. Sus habitantes tenían todas las esperanzas puestas en la mina. En las calles, en los negocios y en las puertas de los colegios se repiten las historias de empleados del proyecto suspendido que han caído en desgracia. Son alrededor de 900 los trabajadores que pertenecen a Malargüe, de un total de 6.800 que participaban de las distintas etapas del proyecto en Mendoza, Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca. “Hay 100 autos y camionetas que se los han quitado a sus dueños por falta de pago”, asegura Ernesto, propietario de un almacén de ramos generales.

“Mi cuñado recibió el telegrama de despido la semana pasada.

Está desesperado porque tiene cuatro hijos”, se lamentaba Claudia, cajera de un restaurante. A media cuadra del maxiquiosco de Cacho paraban los colectivos que llevaban a los trabajadores de la mina. “Gastaban hasta $ 200 por compra, pero ahora se nota la crisis”, dice. La mayoría eran jóvenes, entre 18 y 30 años. El quiosquero contó que se veía que no estaban acostumbrados a tener sueldos altos. “Las agencias de autos vinieron a buscarlos porque tenían sueldos por encima de los $ 10.000. Ahora no saben cómo pagar las cuotas”, relató Cacho.

“No tengo otro trabajo, en la provincia está casi parada la obra pública”, se lamentó Eduardo Becerra (37) en el ingreso a la mina. A su lado, Rubén Delgado (33), de San Rafael, susurró: “No pensaba que iban a parar.

Nos cortaron la esperanza a todos”.