Después de que el Gobierno porteño decidiera entrar en desobediencia y no acatar una medida judicial, las clases presenciales continuarán en la Ciudad de Buenos Aires. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2 había determinado que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires no tenía competencia para definir sobre un Decreto de Necesidad y Urgencia - con el agregado de que la demanda fue contra la Capital Federal y no el Gobierno nacional -, pero rápidamente desde la administración de Horacio Rodríguez Larreta salieron a desoír la medida. En la provincia, las cosas están más calmas pero con matices. Las clases presenciales volverán recién en mayo, a menos que haya sorpresas.

La provincia tiene tres panoramas: los intendentes que acataron las decisiones nacionales refrendadas por el Gobierno provincial; los jefes comunales que están en contra de las clases virtuales pero ya trabajan en la vuelta; y los mandatarios que decidieron avanzar con presentaciones judiciales para evitar cumplir con el DNU, aunque por ahora no mostraron éxito alguno.

Néstor Grindetti se reunió con la comunidad educativa local para avanzar en una propuesta de protocolo para el regreso a los colegios. Las reglas serán presentadas por el intendente de Lanús al Gobierno provincial y, de ser aprobadas, tendrán vigencia en ese distrito. Entre las medidas están la incorporación de voluntarios para garantizar la distancia social en el ingreso y egreso en los colegios.

Por otro lado, se analizó la posibilidad de retomar una presencialidad escalonada, con la vuelta del jardín y la primaria pero manteniendo la virtualidad en la secundaria, nivel que presenta más contagios. Con el fin de evitar aglomeraciones y ante la reducción de la concurrencia en los colegios, se analiza unificar horarios de entrada y salida y que los colectivos municipales sean sólo para docentes y alumnos en una franja horaria determinada.

En La Plata, uno de los distritos más complicados por el Covid-19, municipio de Cambiemos, también están en contra de la virtualidad pero prefieren no dramatizar y no consideraron “descabellada” la disposición de Nación si dura sólo 15 días y baja la curva de contagios. Como en Lanús, reconocen que no tienen manejo sobre la educación, un tema enteramente provincial, por lo que no hay demasiado para hacer.

Desde Tres de Febrero, distrito gobernado por la oposición, se muestran en sintonía con Grindetti. No tienen escuelas municipales por lo que judicializar la medida es innecesario pero, dicen, están ayudando a madres y padres preocupados por la situación. Sobre nuevas disposiciones, analizan que no se sabe con claridad dónde está el foco del contagio de la presencialidad, pero que estarán disponibles para discutir lo que sea, sean entrada, salida o transporte público.

El intendente de ese distrito, Diego Valenzuela, calentó los motores en redes sociales y acusó al jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y al defensor del pueblo, Guido Lorenzino, de presionarlo para cerrar centros de primera infancia “que son dispositivos sociales municipales no educativos”, “no son jardines regulados por la Dirección de Escuelas de la Provincia”. El escándalo fue desatado por un tuit de Lorenzino en el que sólo se anunció un pedido de “información sobre actividades educativas presenciales por las que se estaría incumpliendo” el DNU.

Al igual que el planteo porteño, desde los municipios bonaerenses aseguran que no hubo un incremento importante en la cantidad de pasajeros del transporte público con el retorno a las aulas porque “la gran mayoría va caminando, en bici o transporte privado, y la minoría usa transporte publico” por temor a la pandemia. Los números contrastan con datos que arrojó la semana pasada el ministro Mario Meoni, quien aseguró que en el AMBA hubo entre 300 y 400 mil usuarios más, un 20% extra respecto al período previo al ciclo lectivo.

Quienes sí decidieron ir a la Justicia son los intendentes de Vicente López, Jorge Macri, y de San Isidro, Gustavo Posse, aunque no hay expectativas de recibir algún tipo de respuesta favorable, al menos no en el tiempo deseado. Por eso, el primo de Mauricio trabaja en un protocolo para presentarle al Gobierno provincial y el radical se reunió con la comunidad educativa para “optimizar” las reglas de convivencia en los colegios.