Apenas asumió el nuevo equipo económico, la ministra de Industria Débora Giorgi y Axel Kicillof se reunieron con automotrices y fabricantes de electrónicos para que reduzcan sus compras externas en un 20% durante el primer trimestre del año.

Hace dos semanas, el Secretario de Comercio Augusto Costa se juntó con la Cámara de Importadores Argentina (Cira), y les prometió que, tras acomodar la multiplicación de declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI) que se disparó con la salida de Guillermo Moreno de ese cargo, el gobierno habilitaría la entrada de todos los productos que sean insumos industriales.

Pero lo cierto es que en las últimas ruedas, el Banco Central viene pisando todos los pagos de importaciones y autoriza sólo aquellas que estén “calzadas” contra dólares en el exterior, lo cual deja a la mayoría afuera.

Ayer el diario oficialista Ámbito Financiero adelantó el nuevo “uno a uno” para el comercio, acaso una segunda parte del que había ideado Moreno que obligaba a los importadores a exportar por el mismo valor. Kicillof, Giorgi y Costa les informaron a un grupo de empresas que deberán financiar sus importaciones con fondos de sus casas matrices, con préstamos en el exterior, o con billetes verdes propios.

“Esto contradice de alguna manera la reunión que habíamos tenido con Costa”, comentó a LPO Miguel Ponce, gerente de relaciones institucionales de Cira. “Va en la dirección contraria”, aseguró.

Además, el vocero de la entidad cruzó al gobierno por “dar una señal inversa” a sus intenciones de salir a buscar créditos en el mercado internacional para engrosar las reservas. “La medida está indicando hacia afuera un momento de mucha dificultad en términos comerciales, de inminencia de un crash. La señal debería ser la inversa”, afirmó Ponce.

“Suena a peligro de parar el comercio exterior de las Pymes, que son otra vez el pato de boda”, se lamentó.

LPO ya había adelantado que las trabas a la entrada de insumos importados podrían derivar en parates de plantas industriales, de acuerdo a fuentes del sector. El diagnóstico incluso es compartido por analistas muy cercanos al oficialismo.

Por su parte, el economista Agustín Monteverde contó en su último informe que "algunos importadores han optado por suspender sus operaciones hasta tener en claro su ecuación de costos".

"Automotrices, laboratorios medicinales, proveedores de la producción agrícola, han visto frenadas sus operaciones", detalló el analista. "Hay dificultades en líneas de producción y cadenas de abastecimiento", advirtió.

Según había informado Ámbito, el nuevo régimen excluiría a las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando no se dediquen solamente a importar, priorizando a aquellas que produzcan en territorio nacional. Supuestamente, el programa durará 90 días, hasta que lleguen los dólares de la cosecha. Pero podría extenderse si no entran las divisas suficientes.

De todas formas, ayer la subsecretaria de Comercio Exterior Paula Español y Mariana González (Coordinación Económica) le dijeron a los fabricantes de electrónicos que no cambiaría el régimen de importación, informó hoy La Nación. Sin embargo, por el momento no hubo ninguna declaración oficial al respecto.

El matutino señaló que “la situación seguirá evaluándose empresa por empresa”, de acuerdo a los presentes en la reunión. Nada aclararon, no obstante, sobre si volverán a habilitar o no a las empresas a acceder al mercado de cambios oficial para conseguir los dólares y cancelar sus operaciones ya aprobadas.

En su lugar, trascendió que les habían pedido a los empresarios del sector que prepararan un plan de pagos a proveedores que les permitiera cumplir con sus obligaciones en el extranjero, pero afectando lo mínimo posible el funcionamiento del mercado local de cambios.

“No veo a una Pyme del interior pidiéndole a sus proveedores externos que le financien las compras de acá a un año”, reflexionó Ponce.