La citación a indagatoria del titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, sospechado de corrupción, volvió a sacudir internamente al gobierno de María Eugenia Vidal, que de esta manera suma un nuevo episodio que hace tambalear su política carcelaria. Desde su asunción en diciembre pasado, la gobernadora protagonizó una serie de desaciertos en el área que ponen la lupa sobre sus decisiones en un tema de alta sensibilidad: la triple fuga de los condenados por el crimen de General Rodríguez, la confirmación de funcionarios sciolistas en el gabinete y, ahora, la designación de un funcionario con antecedentes de conflicto y su nombre involucrado en una investigación penal. Todo, en una provincia que vuelve a sufrir reiterados casos de inseguridad, mientras el mensaje continúa siendo "la lucha contra las mafias".

Cuatro días después de haber asumido, la mandataria ratificó a César Albarracín al frente de la subsecretaría de Política Criminal, lo que significó el primer llamado de atención para las organizaciones que luchan por los derechos humanos. En esa ocasión, la Comisión Provincial por la Memoria puso el grito en el cielo, resignada a que ese gesto de Vidal simbolizaría una continuidad de un sistema penitenciario sumergido en una grave crisis. La CPM había denunciado sistemáticamente que el gobierno de Daniel Scioli había aplicado políticas regresivas.

Albarracín era el funcionario apuntado de haber autorizado el ingreso del periodista Jorge Lanata a la cárcel de General Alvear, cuando el conductor entrevistó al condenado por el triple crimen de la efedrina Martín Lanatta, que terminó ensuciando la figura del entonces precandidato a gobernador por el Frente para la Victoria Aníbal Fernández. La confirmación de Albarracín en el Ministerio de Justicia era leída como un premio para el ex ministro Ricardo Casal, máxima autoridad en aquel momento. Lo cierto es que en enero, la gobernadora terminó firmando un decreto que anulaba la designación de Albarracín como fiscal adjunto del Tribunal de Casación Penal bonaerense, tal como lo había pedido Scioli.

La triple fuga de diciembre fue un baldazo de agua helada para Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esa bienvenida al distrito más grande y caliente del país fue durísima para el gobierno debutante y significó la primera gran turbulencia. Ni Vidal ni sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Carlos Mahiques, tuvieron reacción.

Como ya comentó este portal, en el caso puntual del SPB, Vidal jugó con fuego. Dos meses y dos días después de ganar las elecciones no había intervenido en un organismo de por sí sensible, capaz de poner en serios problemas a cualquier gobernante con solo olvidar una reja abierta. La renuncia de Florencia Piermarini -última jefe penitenciaria del gobierno de Scioli-, trascendió de forma muy confusa días después de la fuga de los Lanatta. Al momento del escape, el SPB estaba acéfalo: lo estuvo durante la Navidad, una época en la que, por cuestiones emocionales, como es bien sabido, las poblaciones penales están especialmente irritables.

Así fue como se hizo cargo, por orden de Vidal, el investigado Fernando Díaz, que, al momento de su designación también provocó las críticas del organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quienes despidieron el año pasado enviándoles una carta tanto a la gobernadora como a su vice, Daniel Salvador, definiendo el nombramiento de Díaz como "una señal más de la continuidad en la política penitenciaria que está emprendiendo la nueva gestión". Díaz ya había dirigido las cárceles provinciales y tuvo un paso tumultuoso: el mismísimo Pérez Esquivel había reclamado su renuncia tras el trágico motín de Magdalena del año 2005, en el que murieron 32 internos.

El último día de mayo, Vidal sufría la primera baja en su gabinete: renunciaba precisamente su ministro de Justicia, Mahiques, quien nunca pudo afirmarse en su cargo desde que comenzó con el pie izquierdo sin saber cómo proceder al momento de la triple fuga. La cara la tuvo que poner Ritondo, día y noche en los medios de comunicación. "Renunció hoy para reincorporarse como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal", consignó el Gobierno bonaerense mediante un comunicado oficial, detallando que su reemplazante era un sobreviviente de la gestión naranja: Gustavo Ferrari, hasta entonces, asesor general de la Gobernación.

Hoy, ya desatado el escándalo que involucra al jefe penitenciario citado a indagatoria, ni Vidal ni Ferrari harán algo al respecto, al menos por ahora. Consultados por este portal, fuentes del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron que las agendas tanto del ministro como de Díaz continúan normalmente. Si bien en el Gobierno provincial saben que la CPM es una voz autorizada a la hora de hablar de derechos humanos, que haya pedido por escrito la renuncia del titular del SPB por ahora no alcanza para que sea removido. Tampoco la imputación judicial por presunta adminstración fraudulenta. El mismísimo Ferrari le dijo también a Letra P que analizará junto a su par de la Nación, Germán Garavano, el desarrollo de la causa y recién entonces tomará una determinación.