En realidad, por lo menos cuatro funcionarios se dedicaron en estos días a citar a ejecutivos de todos los sectores para encomendarles lo mismo: no comprar dólares hasta que se tranquilice el mercado. En eso anduvieron Guillermo Moreno, Débora Giorgi, Ricardo Echegaray y Eduardo Bianchi.

No habría que perderse entonces, aunque los comunicados de prensa de la UIA sean cada vez más exiguos, las próximas reuniones del comité directivo fabril. Federico Nicholson, otro de los vicepresidentes de la entidad, tuvo ya que explicarles a sus compañeros que las acusaciones recibidas por Moreno sobre la supuesta compra de divisas de Ledesma, que encarnó incluso públicamente la presidenta Cristina Kirchner sin nombrar a la empresa, no correspondían a Ledesma, sino a un emprendimiento frigorífico porcino particular de su dueño, Carlos Pedro Blaquier.

Los testimonios al respecto son múltiples. Casi todas las automotrices tienen frenadas las importaciones. Hasta que la situación se normalice, les explicó Moreno, sin especificar otros plazos. Ya a varios de los ejecutivos del sector les advirtió que tenía las cuentas de cada uno online, por lo que seguía a diario los movimientos. Si sale un dólar, me entero, completó, y se explayó sobre los bancos de esas cuentas. El Standard Bank, le apuntó a uno. Por desgracia para todos, obedecer esas recomendaciones no tiene costo: hace varias semanas que casi toda la industria automotriz trabaja con el stock porque la demanda desde Brasil cayó hasta un 25%. Una virtual parálisis que llevó a algunas terminales a adelantarle vacaciones al personal.

¿Está la Argentina exagerando sus recaudos o la alerta cambiaria es mayor que la que se cree? José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA y uno de los hombres de negocios de mayor relación con la Presidenta, suele utilizar una figura retórica que viene a cuento. Cuando se le dispara a un mosquito con un misil antibuque Exocet, grafica el textil, existen dos posibilidades: o estamos magnificando el problema, o tal vez tengamos adelante algo bastante más grande que un mosquito.

Pero, como en todas las cruzadas que asume Guillermo Moreno, prolifera el nerviosismo y escasea la información. La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), por ejemplo, invierte en estos días su tiempo en reiteradas reuniones con funcionarios del Banco Central, sin papeles que acrediten ninguna orden, pero obedeciendo instrucciones orales para atenuar la demanda. La semana pasada, el límite de compra para empresas era más bajo que la norma oficial: 500.000 dólares por día.

Además de las importaciones y operaciones generales o de contado con liquidación, está en juego el atesoramiento que las compañías hacen de divisas en el exterior para diversos fines que, en muchos casos, no pasan de un simple ahorro. Esos fondos, que se depositan en cuentas en el exterior, son ahora custodiados con medidas adicionales. Por ejemplo, la obligación de presentar balances trimestrales si las compras superan los 250.000 dólares por mes.

Así, hay un nombre que empieza a sobrevolar en las corporaciones como el hombre por convencer: Jorge Rodríguez, gerente principal de Exterior y Cambios del Banco Central. Los pedidos de permiso de cualquier adquisición van de las compañías a los bancos, de éstos a la mesa de operaciones del organismo monetario y de ahí a Rodríguez, funcionario de planta con muchos años en el Estado. Después de pedir autorización para comprar dólares, el presidente de una multinacional se sorprendió días atrás al recibir una llamada de su banco, que le exigía, por encargo de la AFIP, sus últimos recibos de sueldo.

La custodia de Moreno excede ampliamente el sector privado. Los 120 ejecutivos que tuvieron el gusto de escucharlo hace tres viernes en la Federación de la Industria Gráfica difícilmente olvidarán las alusiones del economista hacia el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, como El ministro que también compra dólares. Moreno acusa al banquero Jorge Brito de querer pergeñar un golpe cambiario y, más en detalle, de haber colaborado incluso para que miembros del Gobierno pudieran adquirir divisas. Hay una empresa que compró 42 millones, agregaba ese día ante un auditorio mudo, que lo escuchó además comparar la embestida contra el Gobierno con la perpetrada en 2008 con la resolución 125.

Sin embargo, como la asfixia a la demanda cambiaria carece de normas escritas, será difícil también advertir quiénes acatarán y quiénes no. ¿Cuál es al menos la lógica, se preguntan los empresarios? ¿Todos tienen prohibido repartir dividendos u operar, o sólo el que es llamado? El miércoles pasado, algunas petroleras recibieron del Ministerio de Planificación el aval para exportar fueloil, un producto que estaban obligadas a vender en el mercado interno para abastecer el consumo de las centrales eléctricas. Será la primera exportación del año en ese rubro. ¿Sobra entonces gasoil para sustituirlo? ¿O por qué el Estado sigue comprando una enorme cantidad de gas licuado a un precio de entre 14 y 16 dólares el millón de BTU y gas natural de Bolivia a 10,50 dólares? El costo de generar electricidad con fueloil equivale a lo que cobra Evo Morales. LA NACION intentó, sin éxito, obtener una respuesta al respecto en la cartera de Julio De Vido.

En todo caso, las explicaciones deberían exceder el campo energético. Hace varios días que los fabricantes de plástico se quejan de que Débora Giorgi dispuso el cierre de importaciones de polipropileno, un insumo elemental de esa industria. Entender las reglas serviría para transmitirles a los accionistas las razones por las que la medida ha generado sólo un par de ganadores. Uno es Petroquímica Ensenada (Petroken), la mayor compañía de polipropileno del mundo, controlada en un 100% por el grupo belga Basell Polyolefins. El otro es Petroquímica de Cuyo, que pertenece en un 92% al grupo Sielecki. Hijos de la condesa Lili y el polaco Manuel, los Sielecki son cuatro: Anabel, Marcelo, Daniel y Carlos. A los varones les da por coleccionar autos de lujo y antiguos, como Bugatti T57 o Ferrari. Anabel creó la bodega Mendel, nombre que homenajea en idish a su padre, y está casada con el canciller Héctor Timerman.