La propuesta para el sector agropecuario impulsada por Juntos por el Cambio sigue los lineamientos de las grandes exportadoras sojeras y de cereales, representadas por Ciara – CEC. La coincidencia de objetivos es palpable: eliminación progresiva de las retenciones de la soja, el fin de cualquier instrumento que regule el comercio exterior y proteja el mercado interno -como pueden ser los cupos a las exportaciones, los valores de equilibrio o subsidios- y la devaluación de la moneda para que el sector obtenga un mejor tipo de cambio. Patricia Bullrich incluyó estos ejes en su programa presentado esta semana, mientras que la CIARA – CEC lo hizo el primero de marzo, mismo día en el que Alberto Fernández anunciaba el envío al Congreso de un proyecto agroindustrial, que a diferencia de lo que solicitaban los privados, solo estableció beneficios impositivos vinculados al incremental productivo y ningún aportado vinculado a los derechos de exportación.

Las empresas agroexportadoras fueron uno de los sectores más beneficiado durante el último año, vía dólar soja y a pesar de la sequía. Su poder (relativo) radica en que son el primer núcleo exportador del país y, por ende, aportantes de divisas. El 2023 había comenzado con cierta tensión, sobre todo en el mismo momento en que se daba por inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso.

En aquella oportunidad, el Gobierno hacía el anuncio del envío al Congreso del demorado proyecto de promoción agroindustrial que a las pocas horas fue desafiado por los exportadores representados por la Ciara CEC. Los empresarios abogaban por la eliminación de los “impuestos distorsivos a la exportación”, como así también la reducción de los “costos laborales” y cualquier regulación sobre el comercio exterior. Como epílogo, reclamaron una devaluación para unificar todos los tipos de cambio, como condición para desarrollar las economías agroindustriales.

Bullrich adoptó casi al pie de la letra los lineamientos de máxima reclamados por los grandes exportadores y grupos de siembra, actores que suelen guardar millones de granos en silo bolsa como un mecanismo para presionar sobre el valor de la moneda local.

En su plataforma, Juntos por el Cambio incluyó los siguientes puntos:

*Eliminación de la brecha de tipos de cambio entre insumos y productos, y liberación de todos los cupos a la exportación desde el primer día. Eliminación inmediata de las retenciones de producciones regionales, y horizonte de reducción del resto de las retenciones durante el primer mandato de gobierno, con mecanismos iniciales de pagos a cuenta de otros impuestos.

*Fin de la discrecionalidad frente a las exportaciones. Vamos a prohibir por ley la potestad del Gobierno para restringir las exportaciones. La previsibilidad y la seguridad jurídica serán el camino para que nuestros productores desarrollen su trabajo.

En relación a las economías regionales, Bullrich llegó tarde, ya que el ministerio de Economía, a cargo del candidato Sergio Massa, eliminó los derechos de exportaciones para las producciones regionales. Un argumento menos para Cambiemos y La Libertad Avanza, que coinciden bastante en sus miradas vinculadas al sector agroexportador.

El proyecto de los exportadores

Aquel primero de marzo, el encargado de presentar la iniciativa, que había sido trabajada en conjunto con el Gobierno nacional pero sin convalidar la eliminación a las retenciones o las regulaciones al comercio exterior, fue José Martins, titular de la CIARA – CEC, quien abogó por una baja de impuestos generalizada para el sector. “Tenemos una carga tributaria que nos pone un freno de mano, a pesar de que aportamos el 16% del PBI”, manifestaba Martins por entonces.

Pero quien fue bien explícito en el reclamo fue Gustavo Idígoras, titular de la Cámara que nuclea a las grandes cerealeras. “Queremos que el agro entre en un nuevo paradigma, nuestra meta es que lleguemos a los 100.000 millones de dólares solo del complejo agroindustrial y para eso necesitamos que se eliminen los impuestos distorsivos como son los derechos de exportación”, concluyó Idígoras. 

Además, en la iniciativa elaborada por las cámaras nucleadas en el Congreso Agroindustrial se planteaba el fin de los subsidios, como podría ser el fideicomiso triguero cuyo objetivo apunta a morigerar el impacto del precio internacional del trigo en los productos farináceos.

Ahora, Juntos por el Cambio adoptó como propios los planteos del CAA. Durante la presidencia de Mauricio Macri, los exportadores y grandes productores también estuvieron dentro de los sectores más beneficiados, hasta que aquel gobierno se vio urgido por la fuga de capitales que también financiaba y reestableció las temidas retenciones.

El programa político económico de La Libertad Avanza de Javier Milei y Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich en estas elecciones 2023 retoman las directrices instituidas durante los dos gobiernos de Carlos Menem, la primera Alianza y lo ejecutado por Mauricio Macri: desregulación económica, reforma laboral, la retirada del Estado en las áreas claves de la economía, endeudamiento, eliminación de las retenciones a los sectores agroexportadores y la dolarización, que se mira en el espejo de la convertibilidad.

Las patronales agrarias, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales (CRA), aplauden. Su prédica es que sin impuestos ni las regulaciones del Estado, “el campo” estaría mejor. Pero no todos son el campo. En la década del ’90, los pequeños productores fueron enviados a la quiebra por sus deudas con el Banco Nación. La tenencia de la tierra quedó en manos de pocos y se expulsó a los chacareros. Los pooles de siembra festejaron. Al mismo tiempo, las grandes exportadoras y empresarios del rubro fueron actores centrales en el proceso de fuga de capitales analizado por la Comisión Bicameral del Congreso. Eso sí, Menem había privatizado los puertos a favor de las cerealeras y las retenciones fueron reducidas a cero