Por Florencia Arbeleche

Como nunca antes, las provincias adquirieron una centralidad inesperada en estos dos años de pandemia. La necesidad de federalizar las políticas sanitarias y educativas cobró vital importancia en un contexto de país que se vio obligado a transformar antes de tiempo una serie de factores que, en la previa, ya se encontraban en emergencia.

Así, elecciones de por medio, los distritos se enfrentan a un 2022 desafiante tanto en lo político como en lo económico, y no menos incierto en materia sanitaria debido a la persistencia del virus de coronavirus que muta sin control. Será un año bisagra para los planes de continuidad de los actuales oficialismos de cara al electoral 2023, por lo que la gestión adquirirá un valor trascendental y definitorio.

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La realidad de las provincias no sólo no está exenta de los factores macroeconómicos nacionales, sino que depende ineludiblemente de ellos para alcanzar un crecimiento sostenido, pese a las incipientes señales de recuperación de los últimos meses que todavía resultan insuficientes.

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El mundo y el país enfrentan desde 2020 un contexto inédito que, en muchos casos, hizo que los tiempos de implementación de soluciones tuvieran que verse intensificados para poder responder a las diferentes necesidades que impuso la pandemia.

Así llegamos a finales de 2021 con un sector productivo subnacional aún deteriorado por el impacto de dos años de emergencia sanitaria, pero cada vez más interesado en poder recuperar el ritmo perdido.

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En paralelo, la derrota electoral a nivel nacional del gobernante Frente de Todos -con especial impacto en algunos distritos- obligará también a asumir nuevos planes políticos que comenzarán a verse trazados con mayor claridad el año entrante, en gran medida atados y condicionados al contexto económico.

A las provincias les espera, a su vez, un desafío inquietante y de mucha expectativa ligado a las posibilidades de desarrollo de diferentes sectores, como el tecnológico, el de las energías sustentables y el de exploración y explotación de nuevas fuentes productivas. Es una oportunidad que no sólo podría ayudar a reconvertir la matriz económica provincial sino también a abrirle las puertas del mundo a muchas empresas del interior. Una oportunidad que sólo es viable si va de la mano de políticas públicas acordes a las exigencias y a las necesidades de un mercado internacional cada vez más competitivo.

Al mismo tiempo, las provincias esperan que 2022 esté acompañado por un fuerte impulso nacional que incluya tarifas energéticas diferenciales, subsidios diferenciales al transporte, obras de infraestructura y equilibrio en el precio de combustibles, entre otros reclamos que aún no forman parte de la agenda de la Casa Rosada.

En el plano financiero, muchos gobernadores llegan a fin de año con un alivio adicional que surge de los acuerdos de reestructuración de deudas en moneda extranjera cerrados en los últimos meses, lo que se traduce en un importante ahorro en el corto y en el mediano plazo que da lugar a un recálculo de los planes de inversión en obra pública e infraestructura.

Más allá de que esos acuerdos funcionaron como un termómetro de la confianza de los mercados, también se tradujeron en un alivio para el Gobierno nacional que no cuenta con reservas suficientes en el Mercado Central para venderle los dólares que las provincias hubiesen necesitado para comenzar a saldar sus deudas.

El camino para lograr ese alivio financiero arrancó a principios de 2020. En paralelo al canje con bonistas que encaró el Ministerio de Economía nacional, las provincias también llevaron a cabo en coordinación con la cartera de Martín Guzmán sus propias negociaciones para cerrar el capítulo de la reestructuración de deudas en dólares, una bolsa que se infló durante la presidencia de Mauricio Macri y que tuvo en vilo a una docena de provincias. En rigor, la deuda de las provincias en 2019 representó un 7,4% del Producto Bruto Interno del país y a mediados de 2020 el total de las deudas provinciales sumó casi u$s24 mil millones. Lejos de 2014, el año de menor proporción, cuando esa cifra llegó al 4,3% del PBI.

La importancia de allanar rápidamente el camino hacia un entendimiento con los bonistas lo explicaba un informe publicado a mediados de 2020 por la Fundación CECE, integrada en su mayoría por profesores de la Universidad de Buenos Aires, donde se observaba que el mayor peso de la deuda en relación a sus ingresos lo tenía Jujuy (82%), seguido por Chubut (64%), Buenos Aires (63%) y La Rioja (59%).

Así, bajo ese esquema de largas negociaciones lograron reperfilar sus títulos bajo legislación internacional Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Chaco y Buenos Aires, la de más abultado compromiso.

Más allá del deterioro que generó la pandemia tanto en el sector productivo como en plano social, cada nuevo año debería ser asumido como una oportunidad para dejar atrás lo transcurrido, aprendiendo de los errores y doblando la apuesta por un cambio maduro y genuino, tan necesario en tiempos de profunda incertidumbre y desesperanza como el que hoy nos toca atravesar.