Eugenia Muzio

El círculo rojo empresario busca apurar al Gobierno para que utilice alternativas de financiamiento más allá de las cuentas fiscales con el fin de reactivar la obra pública. Una de las fuentes de dólares por la que insiste es el paquete de acciones premium que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, un tesoro que codician tanto las propias compañías como otros sectores del poder económico y que, en experiencias anteriores, la presión política no dejó avanzar con su venta.

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, lanzó la posibilidad durante el evento del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). “Hay dinero disponible que no son fondos del Tesoro, que va al déficit, que podrían servir para financiar proyectos de infraestructura”, indicó.

Y subrayó: “El FGS de la ANSES tiene USD 60.000 millones. Según varios incisos de la ley, tiene que invertir como mínimo un 5% en proyectos de infraestructura y ha invertido menos del 18% de ese 5%. Prácticamente nada. Un 50% lo tiene que destinar a inversiones productivas. Parte está colocada en títulos y parte en acciones de empresas que el Estado podría vender para cumplir con el objetivo de la ley”.

El repunte de la economía todavía no compensó la caída de los primeros meses de la era Milei, según la UBA

FGS: empresarios insistieron, sin respuesta del Gobierno

La idea ya fue conversada en “reiteradas ocasiones” con funcionarios de la administración de Javier Milei, indicaron otras fuentes del sector privado a PERFIL, e incluso en las compañías existe entusiasmo por una eventual recompra que quite la silla del Estado de sus directorios. El fondo, creado en 2007 con en dinero de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que se dieron de baja, tiene en su cartera un puñado de activos de firmas que están en manos de representantes del establishment criollo, y en algunos casos su participación hasta le permite ocupar un lugar en su cúpula.

Según datos de la entidad de la seguridad social, a abril del 2025 ese pack de acciones valía USD 9.181 millones, un monto que se revalorizó fuerte desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, cuando la suma total era de USD 4.800 millones.

Pero a valor de mercado el combo podría valer mucho más. Una de las alternativas que le planteó al Gobierno un grupo de empresarios fue la venta de las acciones en “bloques” de papeles. De esta manera, hombres de negocios calcularon que el precio podría dispararse entre USD 45.000 millones a USD 60.000 millones.

Empresas, ansiosas por recomprar y sacar al Estado del medio

De acuerdo a fuentes de algunas de las firmas que están en el listado del FGS, hay apetito por volver a tomar control de sus propios papeles. “Siempre es interesante escuchar ideas. Lo que no tenemos son los fondos”, indicaron desde una de las empresas a PERFIL. “Sacar al Estado del medio siempre una buena señal”, indicó otra voz de otra de las compañías.

El intento con la ley de Bases

Vender las acciones top que tiene la ANSES no es una idea descabellada dentro del programa económico del ministro Luis Caputo. Por un lado, en el último tiempo el titular de Hacienda y sus funcionarios remarcaron en varias oportunidades que existen “otras fuentes de financiamiento”, además de la compra de dólares del Banco Central en el mercado de cambios. Por otro, el Ejecutivo ya intentó una maniobra para flexibilizar las condiciones que tiene el FGS para el uso de sus inversiones en el primer proyecto de la ley de Bases.

Por enero del 2024, el texto de la iniciativa original buscaba eliminar los puntos normativos que limitan las operaciones financieras que se pueden hacer con esas acciones. Por ejemplo, suprimía el artículo 74 de la ley 24.241 que niega la posibilidad de "la transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, titularidad, dominio o naturaleza de los activos (...) sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación". Pero con los sucesivos debates legislativos toda modificación fue descartada.

Presión por los fondos que los gobernadores quieren repartir

La desinversión en infraestructura afecta de forma transversal, directa o indirectamente a todos los sectores del círculo rojo. El CPI disertó este viernes bajo la consigna “Construir competitividad: potenciar el futuro” con los representantes del Grupo de los Seis como voceros y representantes del mundo sindical.

Otro de los mensajes que deslizó el empresariado fue su apoyo a que el Gobierno reparta lo recaudado por el impuesto a los combustibles, es decir, la iniciativa que se votó en el Senado y que los gobernadores presionarán para que se apruebe en Diputados, aunque Milei amenazó con vetarla argumentando el daño en el superávit fiscal.

El Banco Central sostiene la intervención, pese a que el Tesoro logró absorber pesos

“El Gobierno ha acumulado un volumen de dinero considerable, pero no lo está repartiendo”, advirtió Weiss. El presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, insistió con el financiamiento de proyectos vía mercado de capitales. “Así es en todas partes del mundo. En Santa Fe obtuvieron USD 700 millones en 24 horas y quedó mucho por invertir. Lo que sobra en Argentina es dinero, faltan oportunidades para invertir”, advirtió.

Por su parte, el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, resaltó los “riesgos” de pérdida de rentabilidad que tiene el sector privado a la hora de invertir en infraestructura. “Nadie va a invertir si no confía en que va a poder recuperar. Si quieren hacer infraestructura hay que asumir la realidad. Y es que el empresario toma un riesgo. ¿Quién garantiza que el día de mañana se van a actualizar las tarifas?”, indicó.