El diputado nacional Daniel Lipovetzky dijo que, por iniciativa de Pro, se estudiará una reforma legal que permita dar inmunidad completa a los delatores, lo que destrabaría completamente la cuestión.

Según explicó en el programa "Pablo y a la Bolsa", en FM Milenium, eso podría lograrse a través de una reforma a la "ley del arrepentido" o como un agregado a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria que está a punto de obtener dictamen para su tratamiento en el pleno de la cámara baja. Esa cuestión de procedimiento será debatida y, se espera, zanjada, esta tarde en comisión.

"Es importante modificar la ley del arrepentido para permitir que puedan declarar en las mismas condiciones que lo hacen en Brasil los funcionarios de Odebrecht hoy involucrados, y hoy estamos trabajando con la gente de la Comisión Penal y de Legislación General para ver si podemos encontrar un relación para encontrar una propuesta de este tipo", dijo el legislador en la entrevista radial, y aclaró: "Lo estamos analizando, no está en la Comisión, hoy nos vamos a volver a reunir para ver si podemos encontrar un redacción adecuada y si el camino correcto es ese, porque estamos innovando en materia de legislación penal en la Argentina".

En Pro creen que es posible obtener una mayoría suficiente para la iniciativa, algo para lo que se confía, además de los votos de Cambiemos, en los que puedan aportar las bancadas del Bloque Justicialista de Diego Bossio y del Frente Renovador de Sergio Massa.

El problema planteado hasta el momento para que la justicia nacional acceda a esos datos es que la ley local no asegura a los delatores la inmunidad total que estos negociaron en Brasil a cambio de sus dichos. La "ley del arrepentido" argentina, tal como fue redactada, solo permite reducir en hasta un tercio las penas quienes confiesen hechos de corrupción, algo insuficiente para los hombres de la constructora, que no creen que daban purgar aquí las penas de cárcel que evitarán en su país. Tal como están planteadas hoy las cosas, la carrera entre los fiscales y el Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción no lleva a ningún lugar.

Ante eso, Garavano viajó a Estados Unidos con la intención de que ese país comparta la información disponible, que también es abundante, se supone. Pero tampoco allí obtuvo seguridades.

Odebrecht exige además la continuidad de sus operaciones en como condición para la entrega de información, que puede implicar a funcionarios del anterior Gobierno y a varias empresas con las que trabajó en sociedad.