Parece un contrasentido pero no lo es. Si no se explica este segundo párrafo daría la sensación de que el que suscribe este Panorama quiere quedar bien con Dios y con el diablo pero el entramado de la problemática de la seguridad con el auge del delito y la cobertura de los hechos por parte de la patria movilera -por designio de los titulares de los medios- tiene varias aristas para abordar.

Pero antes, no podemos soslayar que el peronismo siempre apaña a las fuerzas policiales y habilita “bajo cuerda” el acometimiento de delitos según argumentaremos más adelante. Gobierna desde 1987 el principal Estado argentino en el que la Maldita Policía se hace un festín a diario con el guiño cómplice de la Justicia y la proliferación por obra y gracia del Espíritu Santo de abogados y fiscales “sacapresos” como también se ampliará más adelante.

Por un lado, al intendente de San Isidro un par de años atrás le “plantaron” hechos delictivos que provocaron la reacción de los habitantes del distrito curiosamente después de que el jefe comunal se distanció del gobierno de los Kirchner.

Posse sobrevivió a esa escalada del delito y violencia porque no se refugió entre las cuatro paredes de su despacho y salió a encabezar las marchas que organizaron familiares de víctimas de la delincuencia que reclamaban seguridad y otras movilizaciones de protesta contra jueces garantistas que operan para el servicio “puerta giratoria” liberando a delincuentes de probada peligrosidad.

Pero hubo una actitud del mandatario sanisidrense que provocó una merma de aquella escalada delictiva en el distrito: fue cuando mandó a construir en abril del 2009, de la noche a la mañana, un muro para evitar que los delincuentes pasaran desde San Fernando hacia La Horqueta (San Isidro); un hecho que tuvo en vilo a los habitantes de esa zona del norte del conurbano y al que los medios televisivos otorgó una cobertura en cadena.

En la opinión pública se generó el rechazo generalizado a esa pretensión del jefe comunal quien íntimamente sabía que la construcción del muro no iba a ser posible. Pero Posse -sin ventilarlo a los medios- le estaba diciendo a la Policía Bonaerense y a la Federal que en ese límite de San Isidro con San Fernando estaba la explicación del por qué la delincuencia se movía con absoluta libertad, operando como cuando existen “zonas liberadas”.

"Mi deber es defender a los vecinos de San Isidro", se justificó el jefe comunal cuando explicó por qué mandó a construir ese muro de mil 600 metros que iba a dividir La Horqueta con San Fernando.

Tenía la obligación de dar a los sanisidrenses una respuesta frente a la ola delictiva que azotaba a esa zona; y la imperiosa necesidad de exteriorizar con una medida de ese estilo toda la bronca que deriva de saber que las fuerzas de seguridad nacional y provincial, jueces y fiscales no podían ignorar los pasos y estrategias de los delincuentes en ese límite donde mandó a levantar el muro que finalmente nunca se construyó.

El último viernes Posse compartió ese acto de informe del ministro del Interior, Florencio Randazzo sobre los nuevos DNI digitales y medidas para seguridad vial y no dejó pasar la oportunidad de despacharse a gusto para diferenciarse del Gobierno nacional al abordar el tema de la inseguridad.

Porque el funcionario nacional dio a entender que está todo bien en la materia cuando una horas atrás unas diez mil personas habían copado la Plaza de Mayo para reclamar seguridad por iniciativa, entre otros, de familiares del joven modelo Diego Rodríguez, asesinado la semana pasada en Liniers, y de Matías Berardi, un adolescente de 17 años que salió un lunes a la noche de su casa en Ingeniero Maschwitz para ir a una fiesta de egresados en un boliche de la Costanera Norte y nunca volvió.

El martes 28 de septiembre, a las 5, cuando se bajó de la combi en la que volvía de la disco Pachá, fue secuestrado por al menos dos delincuentes que finalmente lo mataron de un balazo a quemarropa por la espalda.

Todos salpicados con el mismo lodo

Este podría ser un primer costado del abordaje del tema inseguridad que tiene que ver con un intendente de la zona del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires que no se calla y se planta frente a los gobiernos provincial y nacional con razones muy claras y desde la vereda opositora.

Otra interpretación tendría asidero con la casi absoluta la certeza que tenemos en NOVA de la complicidad que existe entre jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y cobertura mediática para favorecer el auge del delito. Están todos salpicados con el mismo lodo.

Alguna vez los medios vamos a tener que abordar con seriedad -y responsabilidad para informar- acerca de cómo se desenvuelven un centenar de abogados a los que se denomina “sacapresos”.

Son los letrados que, en connivencia con fiscales y jueces garantistas, habilitan la “puerta giratoria” por la cual un delincuente de menor o mayor peligrosidad entra a la cárcel por una puerta y sale por la misma puerta. Ni siquiera se cumple el dicho de que “entra por una puerta y sale por la otra” de una comisaría, juzgado o cárcel.

Por otra parte, el peronismo es responsable de todo cuanto sucede en la provincia de Buenos Aires en materia delictiva. Gobierna la Provincia desde 1987 en que triunfó Antonio Cafiero. En un país en el que los políticos viven repartiendo culpas a gestiones anteriores, en territorio bonaerense no hay forma de que se apunte al ex gobernador radical Alejandro Armendáriz (1983-1987) como responsable de la inseguridad.

Las distintas administraciones (Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli) apañaron y apañan a intendentes y a las estructuras policiales y nunca hicieron nada para aclarar el secreto a voces que da cuenta de una supuesta existencia de un sistema ilegal de recaudación “para la corona”, de dineros que provendrían de locales nocturnos, prostíbulos, juego y talleres clandestinos, y que serían solicitados por la propia policía bonaerense.

En NOVA publicamos dos veces un Panorama titulado “Casi 40 años de la Policía Bonaerense y…sigue la joda” (http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2009_12_21&id=13909&id_tiponota=4) y aquella realidad descripta sigue intacta.

En este país y en la provincia de Buenos Aires hubo un ex viceministro de Seguridad, Marcelo Saín, que llegó al extremo de asegurar (a la revista “Noticias”) que le ofrecieron un millón de pesos, que “la policía acostumbra a recaudar para arriba” y que “históricamente, la Cúpula Policial entrega parte del botín al ministro de Seguridad de turno”. Un mes después de esta denuncia mediática dejó su cargo Carlos Stornelli, precisamente, el ministro de Seguridad de Scioli.

No fue todo. Saín ventiló que pudo comprobar ese mecanismo porque a él le habían ofrecido el dinero que rechazó y lanzó: “Scioli y Stornelli conocen en detalle esto, porque alguien se los explicó. Y sospecho que le habrán ofrecido también levantar la ‘valija’. No sé si Scioli y Stornelli agarraron la valija. Quizá sí, ¿por qué no?, si son amigos de la Policía”.

Nunca pasó nada con estas declaraciones del segundo en la línea decisoria cuando fue ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero durante la gestión de Felipe Solá como gobernador.

Saín también contribuyó a mantener intacto el sistema de reparto de los recursos que genera el accionar delictivo de efectivos de seguridad en actividad o exonerados (mano de obra desocupada) y no nos referimos a los enrolados entre los denominados “Los sin gorra” que vienen reclamando lo que les corresponde porque durante las distintas gestiones de León Carlos Arslanián en la cartera de Seguridad fueron echados sin razones justas de la fuerza, según esgrimen.

El ex viceministro de Seguridad no tuvo la valentía suficiente para denunciar la corrupción policial mientras fue funcionario. Sólo se abocó a ventilarla públicamente en notas periodísticas pero no fue capaz de efectuarla en la Justicia. Y la cobardía -hablar después de dejar un cargo- también es connivencia porque hoy por hoy, en los tribunales platenses no existe una sola denuncia de Marcelo Saín.

Es increíble, no alcanzamos a comprender por qué jamás algún fiscal lo citó para que confirmara las afirmaciones que efectuó de forma continua desde el año 2002 a manera de quien prende un ventilador.

Solamente la conveniencia de no ir a fondo en la cuestión para hacer algo frente al accionar delictivo con una delincuencia que se desenvuelve en las narices de fiscales, jueces y efectivos de seguridad; sólo el temor a una represalia de los conniventes puede justificar semejante pasividad frente a denuncias de tal gravedad.

Ni hablar de la confesión que hizo Daniel Scioli al esposo de Carolina Píparo en el sentido de que tiene las manos atadas para atacar al flagelo de la inseguridad, en alusión a la Justicia y la Policía Bonaerense… Nunca se animó a reconocerlo públicamente, ni siquiera cuando lo puso en evidencia Néstor Kirchner en un acto en Avellaneda en el que, una vez más, fue humillado por su actual jefe político y van…

Los medios periodísticos

Así está el panorama. Sigue vigente la realidad descripta en aquel Panorama “Casi 40 años de la Policía Bonaerense y…sigue la joda”. La realidad sigue intacta. Pero no podemos dejar pasar por alto que la Argentina está muy lejos de transformarse en Colombia, México o Brasil en cuanto a la inseguridad. Sucede que nuestra realidad la agravan los medios periodísticos y este es el tercer costado que tal vez pueda aportar certezas a la hora de abordar el tema que nos ocupa hoy.

Eduardo Aliverti recordaba en una de sus editoriales en Marca de Radio (radio La Red, sábados de 10 a 13): “como muy bien lo apuntó la jueza de la Corte, Carmen Argibay, en una entrevista reciente: uno se levanta, prende la radio, le hablan de un asesinato (o robo, secuestro, violación, toma de rehenes, no importa), a lo largo del día, obsesivamente, los medios reproducen y amplían información sobre el mismo hecho; 25, 50, 100 veces, todo el tiempo, y al cabo del día uno termina creyendo que hubo 25, 50, 100 asesinatos. Pero no. Hubo uno solo. El mismo asesinato que dijo la radio a la mañana”.

Ahora vamos camino a un año de elecciones presidenciales y como en el medio se coló la puesta en vigencia de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la que se resiste el monopolio Clarín, como a la administración K no le pueden pegar por el lado de la economía le van a pegar por el costado de la inseguridad.

Entonces, la teoría de la jueza Carmen Argibay va a prevalecer a fondo para generar miedo en la población a tal punto que hoy circulan en la web campañas para que fracase el Censo Nacional 2010. Increíble, pero hasta hay medios periodísticos que fogonean esta campaña con total irresponsabilidad e impunidad.

La cobertura mediática es tan repulsiva que los canales de noticias llegan al extremo de incluir entre los hechos de inseguridad a los crímenes pasionales. Los títulos de los zócalos cuando recién se conoce la noticia los adjudican al auge de la ola de inseguridad y ni siquiera los corrigen cuando se confirma que se trató de un caso de un crimen pasional que nada tiene que ver con un raid delictivo.

Durante los seis meses de tratamiento de la resolución 125 de retenciones móviles al campo en 2008 y en el semestre que demandó el debate sobre la nueva ley de medios el año pasado la inseguridad no existió para los medios periodísticos.

Una pregunta: ¿tendrá que ver la cobertura de los hechos delictivos con la relación que existe entre el Grupo Clarín con las cúpulas policiales que acuerdan la emisión del programa “Policías en acción” para lavar la imagen de las fuerzas de seguridad?

En la Rosada y la Gobernación bonaerense siguen el tema con preocupación porque rumbo a los comicios 2011 va a seguir la arremetida de los medios contra las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli a las que tratarán de minar por este costado de la inseguridad.

Aunque se trate de la cobertura cien veces al día de un mismo hecho sangriento para abonar a la teoría de la jueza Argibay.

La misma pregunta hicimos desde los panoramas de NOVA una vez que concluyó el debate por la 125 tras el voto “no positivo” de Julio Cobos en el Senado y C5N, TN, América 24 y Crónica TV retomaron la rutina de la cobertura de los hechos de inseguridad que habían abandonado por completo durante un semestre.

La inseguridad que no abordan los medios periodísticos

El cuarto y último costado que quisimos reflejar para los lectores de este Panorama tiene que ver con los hechos de inseguridad que no tienen cobertura mediática porque afecta, sobre todo, a los pobres. Es el punto de vista de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Se trata de hechos que ponen de manifiesto la violencia estructural y social que afecta a otros sectores de la sociedad, de la que resultan víctimas que no se ven, que no se escuchan, en la mayoría de los medios de comunicación masiva.

En una lista publicada en 2009 (http://www.educared.org.ar/enfoco/caleidoscopio/2009/03_26/index1.asp), entre otros hechos de inseguridad hay que incluir (el que sigue no es un listado completo) que en la Argentina:

- Mueren 25 niños por día por hambre y por enfermedad evitables (según informes de Unicef).

- Mueren integrantes de comunidades indígenas por desnutrición, ya que la devastación de los montes naturales existentes en el territorio argentino provoca la pérdida de sus fuentes de subsistencia y desorganiza sus modos de trabajo tradicionales (según infomes de Serpaj).

- Dos mil quinientas personas fueron asesinadas en casos de “gatillo fácil” entre 1983 y 2008 (según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional –Correpi-y el Comité de Transparencia de Gestión);

- La mayor cantidad de homicidios son resultado de peleas, agresiones y disputas entre conocidos.

- La gran mayoría de los abusos deshonestos y los delitos sexuales que sufren sobre mujeres y niñas son cometidos por personas que forman parte de ámbitos cercanos a las víctimas.

- Un porcentaje de las personas que tienen un trabajo no registrado (“en negro”) sufren enfermedades y accidentes laborales porque los empleadores no cumplen las normas de seguridad del trabajo; y además no pueden curar sus dolencias porque, esos trabajadores no tienen cobertura médica ni seguro de desempleo, ni seguro de vida.

- Grupos de integrantes de las fuerzas de seguridad corruptos controlan algunas modalidades del crimen organizado (como desarmaderos, tráfico de drogas y piratería del asfalto), y también organizan y controlan “bandas de pibes chorros” que no les reportan “caja” (es decir montos de dinero significativos) pero que son útiles para aumentar las estadísticas del delito con impacto mediático.

- Gran parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad no corruptos desarrollan sus tareas mal equipados, mal pagados y mal instruidos.

- Aumentan los casos de personas que enferman y mueren como consecuencia de la contaminación del suelo, del agua y del aire que provocan la fumigación de cultivos de soja con agrotóxicos o diversas producciones mineras.

¿Será que hay unas “Víctimas” con mayúscula que provocan revuelo mediático y otras “víctimas” con minúscula que pasan inadvertidas, que no “son noticia”?, como se pregunta Gervasio Noailles, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires sobre medios.

Desde este Panorama decimos “No a la pena de muerte”. “No a los recalcitrantes y autoritarios conductores televisivos que cada tanto pregonan que ‘el que mata debe morir’”. “No a que los detenidos sean alojados en comisarías”. “No a la criminalización de la pobreza”. “No a que no prevalezca la presunción de inocencia cuando se detiene a un sospechoso de haber cometido un delito”. “No a la justicia por mano propia”.

“No al proyecto de Julio Cobos de mandar a instruir a los pibes en reparticiones militares sino que se los reinserte -becas mediante- en el sistema educativo vigente”. “No a la utilización del tema inseguridad con fines políticos por parte de los medios periodísticos”.

Y decimos “Sí a tratar de interpretar con diferentes enfoques la problemática de la inseguridad como humildemente quisimos hacer en este Panorama”.