La continuidad de los servicios y atención brindada por los centros asistenciales a niños, adolescentes y adultos con discapacidades está en riesgo. Así se lo expuso al presidente Alberto Fernández el sacerdote Pablo Adrián Molero, el Coordinador del foro permanente para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El mandatario, en persona, llamó al religioso después de que Molero presentara una nota exponiendo la crisis por la que atraviese ese sector de la salud ante el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga.

“Nos dirigimos a usted a fin de presentarle la gravísima situación económica que sufren las instituciones, profesionales y transportistas que prestan servicios por y para las personas con discapacidad”, comienza la misiva firmada por el también responsable de la comisión de personas con discapacidad de la arquidiócesis de Buenos Aires.

El organismo descentralizado, creado por decreto el 5 de septiembre de 2017 a instancia de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, forma parte del organigrama de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Julio Vitobello.

En mayo del año pasado, en plena pandemia de coronavirus, Molero le había reclamado, a través de una carta pública, a los responsables de las obras sociales nacionales por los atrasos que estas mantenían con los prestadores y, por ende, con sus afiliados.

“Muchas obras sociales niegan el pago del 100%, queriendo además solicitar exigencias que no corresponden”, escribió. Lejos de solucionarse, el problema se agravó ya que las demoras en el pago de los honorarios se profundizó.

El posible corte de prestaciones esenciales para miles de familias incluye, por ejemplo, los servicios de apoyo a la inclusión escolar; transporte, atención psicológica, de fonoaudiología, psicopedagogía, entre otras disciplinas profesionales, y afecta a niños con Síndrome de Down, Autismo, Trastornos del Espectro Autista como Síndrome de Asperger, retraso mental y retraso madurativo, entre muchísimas otras.

Según pudo saber Infobae por voceros de la Casa Rosada y de la arquidiócesis porteña, el jefe de Estado se comprometió con Molero a interceder en el sensible conflicto que se ve agravado por el avance de la inflación, pero aún no hubo respuesta por parte del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

“En diciembre de 2020 se otorgó apenas un aumento de aranceles del 10% cuando el año tuvo una inflación del 36%”, le recordó Molero a Galarraga y argumentó que “ese aumento no alivió para nada nada la situación del sector que arrastraba un atraso del 62% en los aranceles establecidos entre 2017 y 2019 con respecto a los aumentos de sueldo y costo de vida acumulados en ese año”.

La carta, después de discriminar una serie de variables económicas que demuestran la inviabilidad de continuar en el tiempo con los retrasos en los ajustes asevera: “Estos números muestran una situación insostenible de atraso arancelario, que llega, como ya expresamos, al 70%. De esta manera es imposible cubrir los aumentos de sueldos y de costo de vida de este año”.

El texto, presentado ante Galarraga el pasado 10 de agosto, afirma que el servicio que prestan las instituciones ahogadas económicamente “es un derecho de las personas con discapacidad y no hay recursos del estado para poder cubrir esta demanda”.

El reclamo del sacerdote Molero, el mismo que encabezó varias marchas en los últimos cuatro años para exponer la situación por la que atraviesa el área de discapacidad y salud mental, le dice al funcionario que depende directamente de la Secretaría General de Presidencia: “Creemos que no es complicado darse cuenta que este perjuicio será también sufrido por las mismas personas con discapacidad que no encontrarán a dónde acudir. Es el estado quien los abandona al no tomar las medidas necesarias para la continuidad de estos servicios”.

En ese mismo sentido, la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar (CASAIE) envió una carta a los familiares de los niños que atienden, advirtiendo que por la crisis económica que atraviesa el área, y la falta de respuestas del Estado Nacional “podría peligrar la continuidad y sostén de nuestros servicios hacia sus hijos”, entre otras razones, por los “magros aumentos recibidos en estos últimos 4 años, produciéndose un desfasaje de los aranceles del orden del 80% en relación al costo de vida e inflación”.

A esto se suman las demoras por parte de las obras sociales, que incluye al PAMI, la sindicales y hasta algunas prepagas.

A este combo de se le suma, según se advierte desde la CASAIE, “la dificultad de no contar con los suficientes profesionales, ya que, por las condiciones referidas, en muchos casos abandonan o eligen otras tareas ajenas a su formación, lo que impacta en el acompañamiento de los alumnos con discapacidad en sus recorridos educativos, dejándolos frente a una situación de desamparo, vulnerando su derecho a la educación”.

En diálogo con Infobae, María Elena Bertolini, secretaria general de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar, recordó que esa institución federal sin fines de lucro está constituida por instituciones que brindan servicios de apoyo a la inclusión educativa de todo el país. Brindan desde un abordaje interdisciplinario hasta el acompañamiento a los alumnos con discapacidad en sus recorridos educativos.

Bertolini explicó que “las familias que acceden a estos servicios” lo hacen “a través de sus obras sociales o prepagas que deben responder, acorde a las resoluciones ministeriales establecidas desde 1997 al día de la fecha, abonando lo determinado en ellas”, esos montos, detalló “en la mayoría de los casos se recupera a través de partidas especiales que desde la Superintendencia de Servicios de Salud, les reintegran gracias a los fondos solidarios de redistribución” y que “en el caso de no poseer obra social, es el Estado a través de Incluir Salud quien lo realiza”.

- ¿El Estado toma como una de sus prioridades la discapacidad y la salud mental?, le preguntó este medio a Bertolini.

-En los últimos cuatro años fue insuficiente la manera de implicarse del Estado. Llegamos a esta crisis de manera creciente y ahora estamos en un punto insostenible. Lo que atravesamos pone en vilo la continuidad de nuestras prestaciones y desoye el derecho de las personas con discapacidad y sus familias a elegir la propuesta educativa más acorde para su desarrollo y evolución.

- ¿Y al día de hoy cómo afecta, por ejemplo, a niños con diferentes discapacidades que no pueden asistir a la escuela sin una profesional de apoyo en el aula?

-Actualmente hay alumnos de todo el país que no cuentan con los profesionales de apoyo necesarios y que están a la espera de una pronta resolución.

La CASAIE integra el foro permanente para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que también refrendaron la nota que elevó el sacerdote Molero a la Agencia Nacional de Discapacidad y que nuclea, entre otras instituciones a la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos, la Asociación de Ayuda al Ciego, la Obra Don Orione, la Cámara de Entidades Médicos Asistenciales para la Rehabilitación Interdisciplinaria de la Discapacidad y, entre otras, la Comisión Para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires.