Horas antes de que Mauricio Macri reciba a los gobernadores para intentar dar el puntapié inicial a un nuevo pacto fiscal, María Eugenia Vidal concretó el mismo objetivo con los 135 municipios bonaerenses. Anteanoche, pese al rechazo airado de varios intendentes opositores y la silenciosa incomodidad de algunos oficialistas, la Legislatura bonaerense sancionó un nuevo régimen de responsabilidad fiscal.

La modificación de la ley 13.295 impide a los intendentes endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones. Tampoco les permite aumentar gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni elevar su planta de personal más allá del aumento de la población. Salvo que absorban servicios nacionales, provinciales o privados, o que los autorice la provincia.

El nuevo régimen también prohíbe a los intendentes que están por dejar el cargo que incrementen el gasto corriente con carácter permanente, para cortar con los habituales pases a planta permanente masivos de los fines de ciclo.

A tono con la rebaja de Ingresos Brutos que pide Macri a los gobernadores, la reforma de Vidal invita -de un modo más laxo- a los municipios a bajar las tasas sobre sectores productivos, como las que se cobran por seguridad, higiene y ABL.

También dispone que los intendentes acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos y el stock de deuda municipal, e insiste en que los municipios publiquen su presupuesto en su sitio web, junto a una actualización trimestral de la ejecución presupuestaria. Detalle último que hoy tampoco cumple la provincia.

Para los intendentes de la oposición, la reforma avanza sobre las autonomías municipales. Para La Plata, se trata de aportar "sentido común" a los gastos municipales. "Se pide que el personal municipal no suba más que la población, que la deuda contraída sea razonable, que no se le trasladen problemas financieros al sucesor", sostuvo el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.

Con un debate de poco más de dos semanas y una discusión en la Cámara de Diputados y el Senado de un puñado de horas (en la que también se aprobó el presupuesto 2018, un nuevo endeudamiento de $ 95.000 millones, la ley impositiva y el presupuesto legislativo), Vidal concretó una reforma que a Macri podría llevarle meses.

Como ya contó LA NACION, el pacto fiscal que impulsa la Casa Rosada requiere el acuerdo de los gobernadores, pero también la sanción del Congreso Nacional, la aceptación de todas las legislaturas provinciales y, en el caso de las provincias que tienen demandas contra la Nación, un decreto de cada gobernador y un desistimiento de la acción judicial.

Vidal, en cambio, necesita ahora que el nuevo régimen fiscal municipal sea aceptado por los concejos deliberantes de los municipios, pero no que todos los intendentes adhieran. Para los que no se adecuen, eso sí, habrá consecuencias.

La más importante es que la ley inhabilita a los "díscolos" a recibir asistencia financiera de la provincia o la Nación. En otras palabras, que no podrán conseguir adelantos de la coparticipación provincial ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

No es un dato menor en esta época del año, cuando los intendentes (de todos los colores políticos) inician una peregrinación a la Casa Rosada y la gobernación para conseguir recursos frescos que les permitan pagar los aguinaldos.

Más aún si se tiene en cuenta que el Ministerio del Interior planea reducir el reparto de ATN en este cierre de ejercicio, para cumplir las metas de déficit. Así lo indicaron a LA NACION en la cartera que conduce Rogelio Frigerio. Señalaron que podrían delegar en la gobernación la decisión por el destino de esos fondos.

De este modo, Vidal tendría a mano más de un herramienta para que los intendentes adhieran al régimen de responsabilidad fiscal. Así, llegará hoy fortalecida a la reunión de Macri y los gobernadores.