La atención del Congreso se concentrará en las próximas semanas en la batería de proyectos que envió el Gobierno y que tiene como pilares fundamentales la amnistía fiscal y el pago a los juicios de los jubilados. El puntapié inicial lo dieron funcionarios del Poder Ejecutivo, que expusieron y respondieron preguntas.

La reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que se desarrolló en el Anexo C del Congreso, se inició pasadas las 13.30 de este jueves y se extendió por más de seis horas.

El primero en exponer fue el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien apuntó que estos proyectos ayudarán a "sanar una de las heridas más sangrantes de la sociedad argentina" y criticó, sin nombrarla, a la anterior administración: "Un Estado que estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores. Y una sociedad que no respeta a sus mayores no puede construir un proyecto con grandeza".

"No queremos que ninguna persona mayor de 65 años carezca de ingreso y proponemos una pensión universal, no contributiva y vitalicia", recordó Quintana que establece el proyecto.

Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, afirmó: "Queremos cuidar el Fondo, que sea administrado con criterios muy profesionales y cuyo objetivo principal sea atender los haberes jubilatorios. A tales efectos tenemos que asegurarnos que no sea usado con fines de subsidiar proyectos que no tienen que ver con los jubilados; sí que sea una herramienta para financiar pymes, créditos hipotecarios, créditos a largo plazo, pero no a tasas subsidiadas que en última instancia afectan la sustentabilidad del sistema previsional" .

Luego, el secretario de Coordinación Interministerial se refirió al blanqueo de capitales. Al respecto, dijo que ese dinero tendrá "como destino único y exclusivo el pago de jubilados" y"sostener la caja de la Anses que está siendo crecientemente deficitaria".

Y marcó que, a diferencia de otros blanqueos, este está basado en la "confiabilidad" que genera el nuevo Gobierno por la liberación del mercado cambiario y por el "contexto internacional que acorrala a los evasores".

Por su parte, el director de la ANSES, Emilio Basavilbaso, enfatizó que el programa alcanza a casi 2,5 millones de juibilados con un promedio de edad de 74 años e indicó que la intención del Ejecutivo es completar el pago y actualización de haberes "en dos años". Sin embargo, aclaró que la ley da un plazo de tres años con la posibilidad de una prórroga por otros tres años.

Asimismo, el funcionario recordó que el programa incluye a jubilados que ya tienen sentencia firme, a los que iniciaron juicio pero no tienen resolución y a los que aún no iniciaron el trámite judicial: "Queremos darle un cierre a este capítulo de alta litigiosidad con nuestros abuelos", sentenció, y afirmó que estos acuerdos apuntan a cerrar el "90 por ciento de los litigios" contra el Estado.

El titular de la AFIP, Alberto Abad también expuso en el plenario y vaticinó el éxito del blanqueo. Reveló que los argentinos tienen denunciados bienes en el exterior por 30.500 millones de dólares, pero aclaró que el número podría alcanzar los 200 mil millones no declarados.

Para defenderlo, argumentó que "privilegia a los pequeños ahorristas, beneficia a los cumplidores con el fisco y está en línea con las recomendaciones del G20".

Además, adelantó que parte de los fondos repatriados serán usados en fines sociales, aunque aclaró que la idea también es que "estén afectados a proyectos productivos".

Desde la oposición, Diego Bossio consideró que "el sistema previsional tiene que seguir siendo de reparto, solidario y estatal" y pidió un "Estado fuerte que tenga recursos para sostener la seguridad social".

Bossio agradeció el reconocimiento realizado por los referentes del macrismo a la gestión realizada por el Gobierno anterior en materia previsional. Como ex director de ANSES, se refirió a un "cambio de actitud" en pos del "mandato que dio el Presidente que es unir a los argentinos".

En tanto, la socialista Alicia Ciciliani reclamó que se excluya del blanqueo a los legisladores, contratistas del Estado y funcionarios provinciales.

Características y polémica

Este proyecto de ley ómnibus está destinado a saldar la deuda histórica con los jubilados, crear un régimen de blanqueo de capitales y formalizar el acuerdo con las provinciaspara la devolución del 15% de coparticipación retenido desde 1992 por el Pacto Fiscal para financiar a la Anses.

El Gobierno cedió a la exigencia formulada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y el radicalismo para que los funcionarios públicos no puedan acceder al blanqueo, restricción que alcanza a quienes hayan ocupado cargos desde el 1 de enero de 2010.

Sin embargo, el proyecto presentado no dice nada sobre integrantes de los poderes legislativo y judicial y tampoco restringe a funcionarios o ex funcionarios provinciales, de los tres poderes estatales.

El presidente Mauricio Macri dejó en manos de los legisladores la autoexclusión de la iniciativa e incluso la decisión de sacar a los miembros del Poder Judicial de la posibilidad de exteriorizar capitales antes de enero.

Tras la reunión de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social, se espera que el debate continúe la semana próxima, con la posibilidad de emitir dictamen para ser tratado en sesión.