Gustavo Ybarra

En una jugada de fuerte tono político y que amenaza con complicarles cuentas al Gobierno, el kirchnerismo anticipó que pedirá tratar la semana próxima los proyectos de ley impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño que obligan a la administración de Javier Milei a distribuir con las provincias los recursos que viene reteniendo por Aportes del Tesoro Nacional, fondos fiduciarios y el impuesto a los combustibles líquidos.

Así se lo confirmó a LA NACION el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), quien precisó que las iniciativas estarán incluidas en la sesión especial que la principal bancada opositora pedirá para el jueves de la semana próxima y en la que también impulsarán la sanción de los proyectos de ley de recomposición de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en las prestaciones por discapacidad a cargo del Gobierno.

El pedido todavía no fue formalizado y una vez presentado será la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien tendrá la facultad de decidir si da curso a la solicitud y, en el caso de hacerlo, de fijar el día y el hora a la que convocará a la reunión. La presión sobre la vicepresidenta será fuerte, ya que las iniciativas contaría con el respaldo de todas las provincias.

Los proyectos impulsados por los 23 gobernadores y la ciudad de Buenos Aires fueron presentados ayer, por lo que deberán ser discutidos sobre tablas, ya que todavía Villarruel no decidió a las comisiones que serán giradas las iniciativas.

El apuro de los legisladores kirchneristas se explica en la acuciante situación financiera que viven las provincias, que le vienen recamando al Poder Ejecutivo que distribuya fondos que, sostienen, les pertenecen y que la administración libertaria viene reteniendo de manera indebida.

Es esta unanimidad mostrada desde la semana pasada por los estados provinciales lo que le garantizaría que los proyectos consigan el apoyo de los dos tercios de los presentes en una eventual sesión, mayoría exigida para debatir en el recinto una iniciativa que no haya obtenido, antes, la luz verde de las comisiones de trabajo parlamentario.

El respaldo también se ve reflejado en los bloques que impulsaron las iniciativas. Legisladores de las bancadas del kirchnerismo, la UCR, Pro y fuerzas provinciales pusieron su rúbrica en los proyectos.

Así, cuatro jefes de bloque figuran como cofirmantes de los textos. Ello son los presidentes de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa); de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes); de Pro, Alfredo De Ángeli, y el peronista correntino Carlos Espínola, aliado del Gobierno y líder del interbloque Provincias Unidas, pero que esta semana acordó unirse al frente electoral del gobernador radical Gustavo Valdés (Corrientes), luego de La Libertad Avanza decidiera no sumar aliados para las elecciones provinciales.

Una de las iniciativas suma a la ley permanente de Presupuesto un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem sea “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.

Según los legisladores, se trata de “recursos con asignación específica que administra el gobierno nacional pero que no son propios”.

“Ante ello, surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, se sostiene en los fundamentos como forma de salir al cruce de las acusaciones de la Casa Rosada acerca de que la jugada comprometerá el superávit fiscal.

La otra iniciativa establece la eliminación de fondos fiduciarios y regula la coparticipación de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

En ese sentido, pone especial énfasis en la forma en que deberán repartirse los fondos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ”en la actualidad prácticamente no se ejecuta” por parte del Gobierno.

Sobre el impuesto a los combustibles líquidos, establece que deberá girarse el 14,29% de su recaudación al Tesoro Nacional (14,29%), el 57,02% a las provincias. El resto se mantiene como financiamiento del Sistema Único de Seguridad Social.