El centro de las críticas de Massa está en que el nuevo código es excesivamente blando y da carta blanca a los delincuentes, aumentando así la indefensión del ciudadano común ante el delito. Esto está basado en trascendidos -el anteproyecto no ha sido publicado íntegramente aun- que indican que las penas para los delitos más graves disminuirán, además de desaparecer ciertos institutos como la reincidencia por ejemplo. Esto último ha creado bastante alarma en ciertas organizaciones de la sociedad civil que están secundando el reclamo del Frente Renovador (FR). El FR también está molesto por el hecho de que ninguno de sus representantes participara en la comisión y pide reabrir la discusión.

La estrategia de Massa es bastante audaz y temeraria, máxime teniendo en cuenta que él no ha tenido acceso al borrador del proyecto - quien escribe tampoco ha tenido más conocimiento que los trascendidos de la prensa-, pero sin embargo le ha bastado para posicionarse en la escena política como el principal referente opositor al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsa la renovación de la legislación penal. Ha hecho blanco en el gobierno y sus aliado, y tomo por sorpresa a los demás líderes opositores, obligándolos a ponerse a la defensiva frente a la reforma.

Prueba de esto son las reservas que en los últimos días formularon otros referentes opositores como Julio Cobos, Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Mauricio Macri, a tal punto de desautorizar con sus palabras a sus respectivos representantes en la comisión reformadora (Gil Lavedra y Pinedo especialmente). Si tenemos en cuenta que la seguridad ciudadana es la mayor preocupación colectiva en estos tiempos -máxime teniendo en cuenta el crecimiento en los niveles de violencia en ciertos delitos como el narcotráfico-, esto ha creado mucha conmoción en la ciudadanía, más allá de que todos los actores reconocen la necesidad de adecuar la ley penal al convulsionado país de nuestra época.

Pero Massa se equivoca al plantear la discusión como un asunto político y solo con golpes de efecto. Nos debemos un debate sano y elevado acerca de qué estrategia de seguridad y que modelo de justicia es el adecuado para la Argentina moderna. Siempre y cuando estén salvaguardados los derechos de los ciudadanos y se respeten las garantías del debido proceso. Es la única manera de desterrar la sensación de impunidad agobiante que capea sobre la conciencia de muchos argentinos, y debilita la confianza en las instituciones, envenenando la vida democrática con el mal del escepticismo. La clase política debe estar a la altura, son el reflejo de nuestro país frente al mundo. Debemos recordar para eso a los primeros legisladores de nuestras leyes civiles y penales, Dalmacio Vélez Sarsfield y Carlos Tejedor. Ambos dieron respuesta a los acuciantes problemas que planteaba la falta de leyes adecuadas para la Nación de su época.

La Argentina de 1862 pugnaba por dejar atrás la etapa de guerras civiles y discordias intestinas que habían asolado a nuestra Nación, y ponerse de pie en el concierto de las naciones. Bartolomé Mitre, a la sazón presidente, buscaba soldar la reunificación nacional a través de una ley común adecuada la carta constitucional que nos regia. Primero, decide extender a todo el territorio nacional el código de comercio de la provincia de Buenos Aires, obra del cordobés Vélez Sarsfield y del uruguayo Eduardo Acevedo, que databa de 1859. Para eso, logra que el Senado de la Nación lo ratifique como ley nacional. Luego, faltaba definir la redacción de un código civil, del que el país carecía- había cientos de normas dispersas desde 1810 en nuestro ordenamiento legal-. Comenzó Vélez Sarsfield su tarea de redacción en 1865 y dedico cuatro años a la misma. Tomó una nutrida cantidad de fuentes desde el código de Napoleón de 1804 hasta la legislación eclesiástica y de los gobiernos patrios, y en 1869, ya en la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y siendo su impulsor ministro del interior, se aprueba el código civil, que empezó a regirnos en 1871. Ha llegado a nuestros días con importantes reformas pero el espíritu es el mismo, y su autor ha ganado un sitial imperecedero en la historia. Actualmente, el mismo está pendiente de una reforma integral que no pocas polémicas ha despertado.

En cuanto a Carlos Tejedor, miembro de la generación romántica de 1837, con una prolífica carrera política que culmino en 1880 con un frustrado intento por llegar a la presidencia de la Nación - fue derrotado por el tucumano Julio A. Roca-, que derivo en acusaciones de fraude electoral y en una nueva secesión de Buenos Aires del resto del país, mostro también gran ahínco por solucionar un problema que agitaba a nuestro país, la falta de una única legislación penal. Había enorme disparidad entre las provincias y la antigua legislación española era el reflejo dominante aun. Rehabilitado en 1894, desde su banca de diputado nacional dirigió una comisión que propuso un código penal moderno para la Argentina de fines de siglo XIX.

El proyecto despertó entusiasmo pero los vaivenes de la política argentina de fines de siglo - marcados por la lucha de partidos y de poder- enfriaron el proyecto. El nuevo código recién fue aprobado y empezó a regir a partir de 1921, estando en la presidencia de la Nación el radical Hipólito Yrigoyen. Su autor, al igual que Vélez, había tomado una amplia variedad de fuentes, pero basándose fundamentalmente en el código suizo, por entonces el más moderno del mundo. Pero a diferencia de su par cordobés, no vivió para ver su magna obra aprobada y su memoria quedo relegada a un lugar bastante apartado en nuestra historia.

La Argentina del siglo XXI precisa leyes adecuadas a los nuevos tiempos, pero a la vez, sin renegar de lo mejor de su herencia, ni tampoco pasar del interés de los buenos ciudadanos ni del marco de la ley fundamental. Los cimientos de la nueva Argentina grande y serena de mañana estarán en gran medida ligados al respeto a la ley, aquellos que nos debe unir y no debe ser presa de luchas políticas ni partidista. Es de esperar que aquellos que tienen altas responsabilidades en el manejo de la cosa pública lo entiendan, sino, puede que cualquier avance sea hacia la nada.