Intendentes del conurbano bonaerense y del interior pegaron el faltazo ayer a la reunión de la Cámara de Diputados a la que habían sido citados a declarar sobre el plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que es investigado por la Justicia en medio de las crecientes sospechas por el manejo irregular de los fondos públicos que administraba el Ministerio de Planificación.

"Ningún intendente quiso quedar en el medio de esta pelea política entre la Comisión de Vivienda y el Ministerio de Planificación", dijo a LA NACION un encumbrado intendente peronista del conurbano bonaerense, que estaba convocado a la reunión y decidió no ir de común acuerdo con los otros 16 jefes comunales invitados.

Dos semanas atrás, en la Comisión de Vivienda de Diputados, el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el subsecretario de Vivienda, Luis Bontempo, responsabilizaron a los municipios por el control de la ejecución de las viviendas construidas por las Madres, porque, dijeron, son los que contratan a la fundación.

El monto total de fondos públicos nacionales invertidos en las obras que realizan las Madres supera los $ 1250 millones. De ese número, $ 765 millones ya se pagaron y otros 500 se prevé pagar de acuerdo con el avance de las obras. Con esos recursos se financiaron 4542 casas y 11 centros de salud.

Ante la ausencia de los intendentes, la comisión presidida por el radical Hipólito Faustinelli resolvió enviarles un cuestionario para que brinden detalles de los convenios firmados con la fundación, cuyo ex apoderado y coordinador, Sergio Schoklender, está siendo investigado por la Justicia por lavado y presunta defraudación al Estado.

"Los diputados tienen en claro que los municipios certificamos las obras que se hacen con los fondos de la Nación, en el contexto de un convenio marco con el Ministerio de Planificación, en el que se fijan los cupos y con quién hacer las viviendas", afirmó un jefe comunal del Gran Buenos Aires. La contratación la hace el municipio, admitió, pero como parte de un paquete cerrado.

El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, dijo que se está frente a un "hecho de corrupción gigantesca" que hay que investigar tanto por "la ilegalidad en la contratación" como por los altos costos de las obras.

A la reunión estaban invitados los intendentes justicialistas de Almirante Brown, Rubén Giustozzi; de Ezeiza, Alejandro Granados, y de Tigre, Sergio Massa (PJ); los jefes comunales de Roque Sáenz Peña (Chaco), Gerardo Cipolini (UCR); de Los Frentones (Chaco), Oreste Paoletti; de Santiago del Estero, Hugo Infante (Frente Cívico); de San Carlos de Bariloche (Río Negro), Marcelo Cascón (Pdo. Provincia Rionegrino).

También habían sido convocados los jefes comunales de Rosario, Miguel Lifschitz (PS); Aviá Terai (Chaco), Héctor Pellares (Nacional Constitucional); de Concepción del Bermejo (Chaco), Pablo Curín (Alianza); de Posadas (Misiones), Orlando Franco (Renovación); de Villa Río Bermejito (Chaco), Lorenzo Heffner (PJ); de Santa Sylvina (Chaco), Gustavo Steeven (PJ); de Villa Berthet (Chaco), Atlanto Honcheruk (PJ); de Fontana (Chaco), Clide Brianso (Alianza), y de Tartagal (Salta), Sergio Leavy (kirchnerista).

La comisión decidió sesionar la semana próxima en Resistencia para analizar en el propio terreno el nivel de cumplimiento de las obras financiadas con fondos públicos. En Chaco, la fundación de las Madres realiza el 30% de las viviendas sociales convenidas para todo el país.

El legislador opositor chaqueño Livio Gutiérrez leyó un informe del intendente de Roque Sáenz Peña en el que se denunció que los jefes comunales eran dejados de lado al momento de firmar los convenios. Por su parte, la diputada Alicia Terada (CC-Chaco) reveló que el intendente de Concepción del Bermejo, Pablo Curín, le informó que "nunca firmó convenio alguno con el Ministerio de la Nación ni con la fundación" para la construcción de viviendas sociales.