El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires está, por estas horas, en el centro de una disputa política que podría eyectarlo del cargo. Y es que el macrismo, bajo cuya ala llegó a la Procuración, estaría ahora dispuesto a dejarlo caer, a cambio de ciertas prendas que, según a quién se consulte, irían a parar a los municipios que controla Juntos por el Cambio (JxC) o a ubicar fichas en organismos estatales de la Provincia.

Fuentes del oficialismo y de la oposición, y también del Poder Judicial bonaerense, confirmaron al diario Hoy la existencia de esta negociación, en la que diputados y senadores macristas pujarían por la asignación de más fondos a los distritos que gobiernan.

Ocurre que el gobernador Axel Kicillof, del Frente de Todos, y sus funcionarios más cercanos vienen impulsando la salida de Conte Grand. Kicillof dijo hace pocos días que el tema “está claramente en debate”, luego de que el secretario general de la Gobernación, Federico Tea, dijera que el procurador no podía permanecer en su cargo. Y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo que Conte Grand es “adicto a otro partido político”.

El propio Kicillof señaló que el procurador llegó a su puesto gracias a la exgobernadora macrista María Eugenia Vidal, quien ­desplazó a María del Carmen Falbo mediante la “presión pública”, y puso en su lugar a un hombre de su riñón. Es que Conte Grand había formado parte de su gobierno como secretario Legal y Técnico. Kicillof, dicho sea de paso, también se resiste a firmar los decretos que habilitarían la designación de 41 jueces cuyos pliegos envió su ­antecesora antes de finalizar su mandato.

Hasta ahora, parecía que Conte Grand estaba protegido por el paraguas del macrismo. Pero quizás esa protección se haya resquebrajado lo suficiente como para dejarlo ir. Lo cierto es que las charlas entre oficialismo y oposición existen, y la permanencia del procurador está en el centro de ese tire y afloje.

Una de las prendas de la negociación es la distribución de cargos al frente de empresas estatales y organismos de control, que el oficialismo se resiste a entregarle a Juntos por el Cambio.

“La oposición siempre tuvo sus lugares, tanto en los organismos de contralor como en las empresas del Estado”, explicó al diario Hoy una fuente del macrismo con amplio conocimiento de la disputa. “El año pasado dijeron que eso no está en ninguna ley. Pero es algo que se viene haciendo desde hace más de 30 años”. Entre esas empresas está el Banco Provincia.

Otras fuentes consultadas por este multimedio dijeron que JxC entregaría metafóricamente la cabeza del jefe de los fiscales de la Provincia a cambio de más fondos para sus distritos.

Desde Juntos por el Cambio, ayer negaban oficialmente que hubiera tal negociación. “Falso. Imposible”, dijo tajantemente un encumbrado referente de la fuerza política macrista consultado por este diario. Pero en voz baja se admitían la discusión y sus ­términos.

Lo cierto es que Conte Grand ya no es el hombre intocable de otras épocas. En los últimos años se granjeó enemistades dentro y fuera del sistema judicial, y cada vez son menos los que están dispuestos a apoyarlo.

Entre sus enfrentamientos más notables está el “choque de cuernos” con el juez de Casación Víctor Violini, a quien Conte Grand ­pretendió destituir. Otro es el que terminó con la suspensión del magistrado Luis Carzoglio, de Avellaneda, que se negó a ordenar la detención del sindicalista Pablo Moyano.

En aquel momento el macrismo presionó al juez y, como este no cedió, se le inició un jury y fue suspendido. Conte Grand también promovió y logró la destitución del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, que en sus fallos, y en buena parte debido a la propia naturaleza de su fuero, se había enfrentado a los sucesivos gobiernos.

Fuera de la cofradía judicial, Conte Grand se enemistó con parte de la cúpula de la Policía bonaerense en la conocida como “causa de los sobres”, en que se dirimía la existencia de mafias al interior de la fuerza.

Así las cosas, la permanencia del procurador en su cargo parece tener las horas contadas.