Pedro Lacour

La guerra por la Hidrovía Paraguay-Paraná se juega en silencio, pero a cara descubierta. Desde que el gobierno de Javier Milei dio de baja la licitación de febrero, quedó claro que el conflicto excedía lo técnico: se trataba de un pulso de poder por el control de la principal vía comercial del país. En ese escenario, el nuevo pliego que prepara el oficialismo bajo auditoría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) busca algo más que evitar cautelares. También apunta a dejar afuera a Mauricio Macri, a quien en la Casa Rosada señalan como el ideólogo del boicot judicial que dinamitó el proceso anterior.

Desde la Hidrovía hasta YPF, gas y electricidad: los Neuss, amigos de Santiago Caputo, expanden sus negocios

La nueva licitación, que se abrirá después de las elecciones de octubre, forma parte de una jugada política de mayor alcance: recuperar el control sobre un negocio que mueve el 80% de las exportaciones argentinas, marcar distancia con el macrismo y blindarse frente al poder judicial y económico tradicional. Detrás del rediseño del proceso aparecen dos figuras clave: Santiago Caputo, cerebro político del mileísmo, y Iñaki Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), a quien el Presidente le delegó la reconstrucción técnica del pliego.

Del escándalo a la revancha

La licitación de febrero fue un fracaso que aún resuena. Solo una empresa se presentó: DEME, la firma belga que semanas antes había denunciado irregularidades en el proceso. La histórica concesionaria Jan de Nul —dueña del negocio desde 1994— ni siquiera participó. El gobierno anuló el proceso, denunció presiones para vaciar la compulsa y pidió a la Justicia que investigue por posible asociación ilícita. Arreseygor, un funcionario hasta entonces desconocido, acusó a “un grupo de vivos” de haber manipulado la licitación “en desmedro de los productores argentinos”.

Iñaki Arreseygor y Manuel Adorni durante la conferencia de prensa de febrero por la Hidrovía.

Las sospechas no eran solo internas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal Sergio Rodríguez, había detectado inconsistencias graves: falta de estudios de impacto ambiental actualizados, errores en los pliegos y criterios de evaluación que favorecían a los operadores históricos. Un dato inquietante completó el cuadro: el socio local de Jan de Nul habría admitido en la causa Cuadernos haber pagado coimas para prorrogar la concesión. Con esa combinación de presiones y antecedentes judiciales, el Gobierno decidió abortar el proceso antes de que estallara una crisis política mayor.

En el sector, sin embargo, no todos interpretaron la caída del proceso como una sorpresa. Se sabía que sólo las dragadoras multinacionales estaban en condiciones técnicas de competir, pero entre las rivales de Jan de Nul comenzó a correr una versión incómoda: los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios cercanos a Santiago Caputo, también tenían interés en que la concesión quedara en manos de la operadora belga. Y que Arreseygor había delineado un esquema de privatización hecho a su medida.

Por la Hidrovía, sale el 75% del comercio exterior argentino. Telam

Por lo bajo, muchos en el oficialismo reconocen que la ausencia de Jan de Nul en la compulsa no fue una buena noticia. Y no dudan en identificar a los supuestos responsables del boicot. El dedo apunta directamente a Macri y a un puñado de estudios jurídicos con llegada al poder económico. La jugada tiene dos nombres propios: Pieter Jan De Nul, hijo del dueño de la actual concesionaria, y Ezequiel Cassagne, abogado de la Sociedad Rural y de la familia Macri en la causa Correo. Ambos colaboraron en la redacción de la cautelar con la que DEME buscó suspender la licitación. En el gobierno calificaron aquella movida como “golpista”.

Pero el caso de Cassagne encierra una paradoja difícil de explicar. Su estudio no solo litigó contra la licitación de la Hidrovía: también participó activamente en la redacción del DNU 70/23 y de la Ley Bases, los dos instrumentos centrales del plan de reformas del gobierno libertario. Más aún: una de las principales figuras del oficialismo, María Ibarzábal Murphy, proviene de ese mismo bufete. Primero fue nombrada secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo; ahora, en un ascenso vertiginoso, ocupa el estratégico cargo de secretaria Legal y Técnica de la Nación. Desde allí refrenda decretos, leyes y decisiones clave del Ejecutivo. Su designación, avalada por Santiago Caputo, confirma lo que muchos en la administración de Milei prefieren no admitir: que los mismos actores que trabaron el primer pliego no dejan de tener contacto con el dispositivo de gobierno.

La nueva licitación, con sello libertario

Tras el colapso del proceso, Milei decidió relanzar la licitación con nuevas reglas. El primer paso fue reactivar un convenio con la UNCTAD —firmado en tiempos de Guillermo Dietrich pero nunca implementado— para auditar todo el procedimiento, que no solo busca garantizar estándares internacionales, sino también blindar políticamente el nuevo llamado frente a futuras impugnaciones.

Además de la auditoría externa, el Gobierno puso en marcha una serie de mesas técnicas con todos los actores del sector: cámaras empresariales, universidades, entidades regulatorias, provincias ribereñas, ambientalistas y técnicos con experiencia. Ya se realizaron dos encuentros, en Santa Fe y Buenos Aires. El tercero será el próximo 23 de julio en Entre Ríos. La estrategia es clara: evitar que alguien con poder real quede afuera del proceso y tenga motivos para judicializarlo. Y aunque nadie lo dice en voz alta, en el oficialismo muchos creen que un pliego técnicamente más exigente podría dejar en mejor posición a Jan de Nul frente a los nuevos aspirantes.

Javier Milei y Mauricio Macri. NA

Es que el negocio de la Hidrovía no es menor. Según estimaciones oficiales, el cobro de peajes podría generar ingresos por unos 20.000 millones de dólares en las próximas tres décadas. Ese potencial económico es, justamente, lo que convierte al pliego en una pieza de poder. Lo que está en juego no es solo un contrato de dragado: es quién controla la llave de las exportaciones argentinas.

En las últimas horas, un grupo de entidades clave del sector agroindustrial —la UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados, CIARA–CEC y otras— difundieron un comunicado conjunto en el que respaldan con “visión positiva” el nuevo proceso liderado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Destacaron la instancia de las mesas técnicas como espacio institucional para canalizar aportes y evitar interferencias externas. “Debates que se den por fuera de estos canales entorpecen la posibilidad de alcanzar consensos”, advirtieron. Y valoraron la participación de la UNCTAD como garantía de transparencia internacional.

El pronunciamiento funcionó como señal de distensión tras meses de tirantez, ya que es la primera vez que cinco de las principales entidades empresarias vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria dan su visto bueno al proceso licitatorio. En la Casa Rosada lo leyeron como un síntoma claro: el viejo poder empresarial, aún golpeado por la pelea Milei–Macri, empieza a aceptar que ya no define las reglas, sino que se acomoda a las nuevas. Al menos, por ahora.