Pasaron dos meses desde que los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller anunciaron un proyecto de ley para gravar a los más ricos y el texto nunca ingresó. Llegaría durante junio, dicen los voceros del Frente de Todos, pero antes deben cerrar un debate interno y, dato no menor, consensuar lo acordado con los bloques aliados que garantizan la mayoría del recinto. 

"Necesitamos negociar una ley; no un proyecto. No podemos darnos el lujo de perder un debate político y cambiar los artículos de madrugada como en diciembre con la emergencia económica, cuando no nos sobró nada", explicó a LPO uno de los referentes del bloque de Máximo que participa en las negociaciones. Se lamenta de haber dilapidado estos 60 días que hubieran servido para empezar a recaudar.

En su catarata de entrevistas radiales y televisivas, Heller, confirmó en abril que gravará a las fortunas de más de 3 millones de dólares, poco más de 200 millones de pesos a dólar oficial de esos días. Calculaba que alcanzaría a 12 mil personas y le aportaría 3000 millones de dólares al fisco.   

Junto a Máximo se lo comunicó a Alberto Fernández y Martín Guzmán, pero en aquellos días la falta de un sistema remoto definido para reabrir el Congreso demoró las gestiones. Con las sesiones en marcha, el proyecto tampoco apareció, sus promotores volvieron a Olivos, pero siguen debatiendo la letra final con los suyos y el consenso no es tan fácil como parecía. 

El presidente fue distante desde el primer momento con el proyecto, luego lo avaló en alguna entrevista pero nunca lo tomó como propio. No se desmarcó públicamente, como hizo con la propuesta de Fernanda Vallejos de tomar acciones de las empresas, pero tampoco pidió apurarlo. Sergio Massa tampoco aprovechó las reuniones de labor parlamentaria para negociar estos temas con los referentes opositores y repitió en los medios que no habrá ley que se trate sin la venia de la Rosada. 

Prevalece la idea de pedir una contribución fija a los millonarios, girar una parte a las provincias y otra a salud, pymes y barrios populares. Pero algunos oficialistas proponen concentrarse en las fortunas más altas. Los partidos provinciales esperan el llamado. 

"Ellos tienen una interna entre el núcleo duro, que quieren un impuesto permanente y agresivo; y los que prefieren un aporte por única vez. A nosotros, todavía no nos llaman", aseguró a LPO el referente de uno de los bloques aliados que le garantiza leyes al Gobierno y habla con sus referentes.

Algunos compañeros de Heller, que trabaja desde su coqueta oficina del Banco Credicoop, creen que sus cuentas quedaron atrasadas y sugieren una alícuota de 1.5 a los patrimonios de 150 millones de pesos, pase lo que pase con el dólar. Y subirla hasta 2.5% o más aún para los que contabilicen bienes por hasta 500 millones. 

Por ahora prevalece la idea de crear un aporte fijo restringido a este año, para garantizar los votos que faltan; pero los más duros insisten en pedir un impuesto permanente y están quienes sugieren usar parte de la recaudación para compensar una baja de Ganancias a las categorías más bajas. 

Advierten que no será tan fácil calcular la recaudación porque nadie sabe cuántas fortunas existen y si se le cobra una sola vez puede ser que tanta rosca sea en vano. "La negociación será una sola y tenemos que aprovecharla", argumentan. Máximo se jacta de que las encuestas muestran un apoyo masivo de la población a cobrarle a "los ricos" y por lo tanto no hay tanto de qué temer. 

Hay muchas dudas sobre la cantidad de millonarios que tiene el país, un dato que debería ser clave si se piensa usar sus dividendos para eximir impuestos a trabajadores que viven al día. "La AFIP no puede filtrar datos de los patrimonios por eso no es tan seguro que habrá 3000 millones de dólares", explican. Tal vez por esa razón, en las últimas semanas crecieron los rumores sobre tensiones entre el kirchnerismo y la titular del organismo fiscal, Mercedes Marcó del Pont. 

El destino de la recaudación es otro tema de negociación. No irá a rentas generales y una buena parte se repartirá con los gobernadores, porque sólo así se puede garantizar el consenso interno y de los partidos provinciales, que dominan los bloques aliados e impidieron que Cambiemos tuviera mayoría para derogar los superpoderes de Santiago Cafiero para reasignar partidas. 

Después de ese gesto, los cuatro cordobeses, los tres misioneros y los representantes de Neuquén y Río Negro harán sentir su voz siempre que los llamen. Les preocupa quiénes serán los gravados. "Teníamos el 40% de la industria funcionando antes de la pandemia y ahora bajó. No podemos caer con un impuesto para cualquiera", advirtió a LPO uno de los socios oficialistas, que aún espera el llamado y responde a un gobernador que habla seguido con el presidente. 

Otra sugerencia que se escucha en el oficialismo es que parte de la recaudación sirva para retomar obras públicas paralizadas a lo largo del país, necesarias para reactivar el empleo, y de esa forma elevar el costo político de los diputados de Cambiemos que no quieran acompañar.

Hasta ahora, la única expresión a favor fue la del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, siempre y cuando la recaudación se copartícipe con las provincias. Su voz es respetada en la UCR, pero lejos está de ser decisiva. Tampoco se conectó el jueves pasado a votar contra los superpoderes Eduardo "Bali" Bucca, el presidente del interbloque federal, quien reclama destinar una parte de los impuestos a reactivar a las Pymes. 

Está en estudio, como también nuevas ayudas a sectores de salud y a barrios populares, reclamadas por el diputado Leonardo Grosso, cercano al Movimiento Evita. Presentó un proyecto de ley que propone un aporte de $5.000 para "trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios durante la emergencia sanitaria del Covid 19".

A Máximo y Heller, además, les interesa identificar los patrimonios en el exterior y si es posible, castigar con alícuotas más altas a los beneficiados con los blanqueos otorgados por Macri. No es tan fácil saber quiénes son. Y si se les puede cobrar.