Como en Diputados, al kirchnerismo no le sobró nada y consiguió la ley con 38 votos a favor y 25 en contra, un número por debajo del techo de adhesiones que tuvo el oficialismo desde diciembre, cuando afianzó un bloque de 33 senadores propios, 5 aliados y otros 4 o 5 aliados itinerantes.

La oposición se junto en su rechazo y reclamó, con argumentos distintos, una relación más madura entre la Nación y la Ciudad. “Parecen generales mitristas de Pavón y Cepeda”, ironizó Miguel Pichetto, el jefe del bloque K, antes de cerrar el debate, enojado por la negativa a compañarlo de el peronsimo federal.

Pichetto adelantó que avanzará con los proyectos para transferir la justicia civil a la Ciudad, aunque aclaró que Macri tendrá que “pagar edificios, secretarios, jueces y empleados como todas las provincias”.

Se trata de las iniciativas del senador Daniel Filmus (que obtuvo preferencia pero con despacho de comisión) y del diputado Carlos Kunkel, que proponen traspasar el fuero civil a la Ciudad de Buenos Aires, contemplando la mudanza de edificios y personal.

“Estamos dispuesto a avanzar en la transferencia. Habrá un período de transición y no se tocará ni un peso de los nuevos. Si hay voluntad política podemos avanzar con toda lógica”, anticipó. "Si quiere la autonomía plena de la Ciudad, que se haga cargo de todo el servicio de justicia", sentenció.

Pichetto defendió el polémico proyecto para sacarle al Ciudad con duras críticas a la gestión de Mauricio Macri. “Le seguimos pagando la justicia, el transporte y es la ciudad con más PBI per capita del país y no sé si de Latinoamérica”, puntualizó el rionegrino, quien siempre que se debate un tema de la Ciudad recuerda con nostalgia la fallida idea de Raúl Alfonsín de trasladar la capital a Viedma.

La justicia civil es la única ordinaria que depositaba sus fondos en el Banco Nación. Con la ley sancionada hoy se le sumarán el fuero penal y laboral, además de la justicia federal, la menor porción.

Todo el paquete representa hoy un stock dee 7000 millones de pesos, dinero que seguirá en el Ciudad, pero no se engrosará con las nuevas causas judiciales. Así la entidad perdería un promerdio de 1200 millones anuales, fondos de largo plazo que suele destinar a los créditos hipoetcarios.

Los argumentos

El debate comenzó cerca de las 18 tras cuatro horas de sesión dedicada a cuestiones de preferencia sobre conflictos en la provincia y la polémica tapa de la revista Noticias.

Los empleados del Banco Ciudad se concentraron desde temprano frente al Congreso y cuando la sesión se demoraba voltearon las vallas y se enfrentaron a la policía. A ninguno los convenció la cláusura que se agregó al proyecto original que solicitaba no tocar los puestos de empleo.

El miembro informante del oficialismo fue el entrerriano Pedro Guastavino, quien fue a los libros de sesiones de 1965 para recordar que cuando ese año se dispuso que los fondos judiciales vayan al entonces Banco Municipal de Buenos Aires, se fundamentó en que esa entidad le prestaría a los más humildes. Y que eso ahora no está ocurriendo.

Los tres senadores porteños votaron en forma diferenciada: el kirchnerista Daniel Filmus lo hizo a favor de la iniciativa, mientras la cívica María Eugenia Estenssoro y su ex correligionario Samuel Cabanchik lo hicieron en contra de la propuesta, aunque coincidieron en que la ley Cafiero se convirtió en un freno para la autonomía porteña.

Cabanchik había propuesta que la transferencia sea sólo de los fondos de la justicia federal y lo argumentó con una acabada defensa de la autonomía porteña. Reivindicaciones similares usó Estenssoro.

La cobista Laura Montero se manifestó en contra, preguntó si "es sensato debilitar el banco público de la Ciudad de Buenos Aires cuando la tendencia es habilitar su autonomía" y apuntó que "no podemos votar un proyecto que afecta a un banco público, que pone en riesgo una fuente laboral y afecta a los usuarios que están siendo bien atendidos".

Además opinó que es "un proyecto direccionado al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para de alguna manera producir perjuicios a su gestión".

Su colega del GEN Jaime Linares respondió algunos de los argumentos K, dijo que no se puede argumentar que el pasaje de fondos al Nación es para avanzar en el federalismo y consideró "innecesario" el proyecto, en tanto advirtió sobre "la inquietud de los trabajadores" por preservar su puesto de trabajo ante la posibilidad concreta de que se desfinancie la entidad.

Tras recordar que "hay más de cien empleados directos que se dedican a manejar los depósitos judiciales", afirmó que "el Banco Nación no puede garantizar los mismos créditos que el Ciudad".

Por su lado, la romerista Sonia Escudero dijo que "el proyecto es inconstitucional, no contempla la división de poderes", dado que -a su entender- "el destino de los fondos debe ser resueltos por los jueces" tras la reforma electoral de 1994.

El radical José Cano sostuvo que con la propuesta se perjudica a los 3200 trabajadores del banco pero "ni al jefe de gobierno ni a su partido" y dijo, que en cambio, "el Banco Nación le presta exclusivamente al gobierno nacional mientras que el Ciudad le presta a la gente común".

Su compañero de bloque, Gerardo Morales, señaló que si el que ganaba la última elección porteña era Filmus, “esta ley no hubiera existido”.

El presidente de la comisión de Presupuesto Aníbal Fernández fustigó a la oposición por tomar una actitud sistemática al decir "si el tema es oponerse por oponerse, ya está" e indicó que si se trata de hacer "análisis contra-fácticos" recomendó recurrir a Horangel para saber qué puede ocurrir en el futuro con la entidad.

Uno de los discursos más constructivos lo dio Adolfo Rodríguez Saá. El ex gobernador puntano dijo estar indignado porque la ciudad que fue ejemplo por su infraestructura hoy no puede definir la potestad de los subterráneos y lanzó propuestas.

“La Ciudad tiene que definir su coparticipación federal. ¿Por qué no ponen esos recursos como parte de la negociación? Estamos en el siglo 21 no el 19 que las provincias competían. Ahora dialogan”, reflexionó.

“¿Para que vamos a hacer esto? ¿Para generar el efecto daño por una disputa política que no tiene sentido?”, se preguntó Luis Naidenoff, jefe del bloque de senadores. “No hay ganadores esto es producto de una lógica absurda. Pero sí grandes perdedores”, finalizó.