Por Andrés Miquel

El intendente de La Plata, Julio Garro, quedó preso de un anuncio sobre un ataque a su persona o a su casa que no sucedió. En sus redes sociales habló de un “escrache” del que sería víctima y que tendría lugar en la puerta de entrada al country donde vive. Y le puso fecha: martes 8 de agosto. Pero el martes 8 de agosto terminó sin nada.

En paralelo a sus dichos, sus partidarios filtraron imágnes de cámaras de seguridad de la Municipalidad en donde se observa a una persona rompiendo cartelería del intendente. Usa un lanzallamas. Sin embargo, no trascendió ningún nombre, y tampoco la filiación alguna. 

Al mismo tiempo, las propias autoridades municipales todavía no brindaron el material audiovisual solicitado por la Justicia a raíz de la denuncia de Unión por la Patria ante las agresiones contra la publicidad del precandidato Julio Alak. 

Para completar el combo, desde el equipo de Juan Pablo Allan siguen reclamando por el pago de los sueldos de julio a 48 trabajadores municipales identificados con Patricia Bullrich. 

Y todo eso, en la semana previa a las PASO. 

El aviso de lo que no sucedió

Sin hacer públicos los fundamentos de su afirmación, el intendente Garro anunció mediante un comunicado en Twitter que durante la mañana del 8 de agosto se llevaría a cabo “una marcha organizada por sectores vinculados a la oposición, entre ellos un director del Mercado Central por la Provincia de Buenos Aires” y cuyo destino sería su casa. Terminado el día quedó claro que el hecho no sucedió, pero tampoco se conocieron los audios y chats a los que hizo referencia el jefe comunal platense en su publicación donde, se supone, se visualizaría la organización de este posible escrache.

BuenosAires/12 intentó comunicarse con el equipo de  Garro a los fines de aclarar el hecho y no obtuvo respuestas. El sitio 0221 apuntó que el organizador sería Nahuel Levaggi, coordinador nacional de Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), un espacio vinculado a la militancia con los quinteros, los cuales mantienen un estado confrontativo con el municipio a raíz de las políticas vinculadas a la urbanización del cordón frutihortícola platense y denuncias sobre “negocios inmobiliarios”.

 

Según el propio Garro en declaraciones radiales al mismo medio, prefirió no dar el nombre de Levaggi y ningún otro, más allá de hacer una alusión a conocer "el nombre que está dando vueltas". 

Lo que sí sucedió, contó el funcionario, es que se encontró con una manifestación a la salida del country Grand Bell, su lugar de residencia. “Cuando salí a llevar a mi hija al colegio había diez o quince personas, con la policía de por medio e infantería”, relató. A su vez, afirmó que haría la presentación correspondiente ante la Justicia. “No es mi voluntad ir a la Justicia pero estas son cosas que hay que repudiar”, indicó.   

Desde UTT aseguraron a este medio que ellos no tuvieron ningún tipo de participación ni motorizaron la organización de un escrache o manifestación en contra de Garro. Pero, a su vez, indicaron que "tranquilamente" se podría protestar en contra de las políticas de Garro para con el movimiento de quinteros y trabajadores de la tierra, ya que "los caminos rurales son un desastre y siempre nos destrató". 

De todas maneras, en el marco del clima electoral, en ningún momento se decidió desde el espacio llevar adelante algún tipo de medida para que no se traduzca "en una victimización".

Una primaria caliente

El del domingo no será para Garro será un escenario demasiado novedoso. Si bien fue candidato intendente en 2015 tras superar una interna, esta será la primera vez que para renovar su gestión tendrá un rival de su espacio en primera instancia. Ese oponente será el senador Allan, identificado con el bullrichismo, que hace algunas semanas acusó al jefe comunal platense de llevar adelante una “campaña sucia” por no pagar los sueldos de empleados de la municipalidad que simpatizan o militan por la candidatura de la ex ministra de Seguridad.

Esta situación, según confirmaron allegados al senador, sigue sin solución para 48 trabajadores de la municipalidad a los que al día de la fecha se les debe los haberes del mes de julio.

Como es sabido, Garro decidió comulgar con la lista encabezada por Diego Santilli para la gobernación y de Horacio Rodríguez Larreta para la Presidencia. Ese apego al perfil "dialoguista" de la Juntos por el Cambio, dista, según sus oponentes del accionar del intendente. “Hay una gran persecución de parte de Garro y es fácil notarlo, porque los únicos que hemos padecido roturas de carteles permanentemente somos los de la Lista 2 que lleva como candidatos a Sergio Massa, Axel Kicillof, y Julio Alak”, señaló a Buenos Aires/12 el concejal Guillermo ‘Nano’ Cara, ladero del precandidato kicillofista en la capital bonaerense.

Tal como viene contando este medio, Unión por la Patria denunció ante la Justicia Electoral la destrucción de la cartelería de Alak en la vía pública. El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo de la investigación, solicitó el material de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad sobre quince ubicaciones específicas. Hasta el momento, nada fue entregado por las autoridades municipales, según confirmaron desde el Juzgado Federal N° 1, con Competencia Electoral en la Provincia de Buenos Aires.

“Así como se conocen videos del vandalismo contra un solo cartel de Garro, que encima podría ser autoinflingida, estaría bueno que presente a la Justicia Electoral y Penal los videos para constatar lo que hicieron contra miles de nuestros carteles desde la Municipalidad", dice Cara al respecto.

 La Plata: la Justicia pide filmaciones de destrucción de carteles

Los “miles de carteles” a los hace referencia el concejal platense son específicamente 4.800 pasacalles y banners que los precandidatos a concejales de la Lista 2 liderada por Alak contabilizaron como "sustraídos" en la denuncia ante el Juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Massi, y cuya investigación recayó en la Fiscalía General en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Héctor Vogliolo. Esa denuncia es una ampliación a la realizada previamente por los apoderados de la lista alakista, Ana Laura Ramos y Cristian Artigau.

En búsqueda de poder seguir poniendo sobre la mesa las presuntas acciones del garrismo, lo novedoso de la denuncia penal es el pedido para se reconozcan como “particulares damnificados” a los precandidatos y precandidatas a concejales de la Lista 2 de Unión por la Patria: Pablo Elías, Micaela Maggio, Facun Albini, María Ona Parrilli, Marcelo Galland, Gisella Di Dio, Paula De Rose, y Claudia Gallardo. Y también a los precandidatos y precandidatas a consejeras escolares: Víctor Maidana, Roxana Palmitesta, Wilfredo González, y Delfina Rusch.

Según el texto presentado a la Justicia, los denunciantes aseguran que existe un “modus operandi” llevado adelante por parte de empleados que responden al intendente Garro y tienen como base el COM de La Plata, el cual maneja las 272 cámaras de seguridad que tiene la ciudad. “Desde allí hacen seguimiento de la colocación de nuestros pasacalles y banners y envían a control urbano a retirarlos entre las 3 y las 5 de la mañana para que la gente nos vea”, argumentan. Ante los hechos reiteradamente denunciados, el pedido del alakismo es “la inmediata disposición de una medida cautelar y el cese inmediato de conductas ilícitas”.

Tanto la Justicia Electoral como la Penal han tomado cartas sobre el accionar de la Municipalidad de La Plata sobre el espacio público y las libertades para hacer campaña por parte de la oposición.

A raíz de esta condición judicial doble, concejales del bloque frentetodista del Concejo Deliberante platense presentaron este martes un pedido de informe dirigido a Garro solicitando al Departamento Ejecutivo, mediante la mediante la Dirección General del Centro de Operaciones y Monitoreo, “brinde el material filmográfico registrado por las cámaras de seguridad, respecto de los hechos de público conocimiento que atentan contra la campaña electoral de todas las listas del frente Unión por la Patria, entendiendo que la información que puedan aportar, permitirá esclarecer los hechos e identificar a los autores responsables de estas prácticas delictivas y antidemocráticas”.

“A mí me pasó de poner 80 pasacalles a las 11 de la noche y cuando uno manda a controlar a la 1 de la mañana faltan 50”, explica Cara. El pedido de informe, indica, se lleva adelante también porque “las causas judiciales apuntan contra funcionarios del Centro de Monitoreo, y también hay agentes municipales que han sido obligados a cumplir estas tareas”. “Es una aberración política y jurídica que el estado municipal se vuelque a perseguir a fuerzas opositoras, así que el intendente se ponga al servicio de la Justicia y tengamos una elección como debe ser”, pidió el edil.