El juez federal Ariel Lijo indaga desde las 13 al vicepresidente Amado Boudou por la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica. La audiencia, que lleva más de cuatro horas, se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad en el despacho del magistrado, ubicado en el tercer piso de los tribunales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

Boudou se presentó con un camarógrafo que no tenía ninguna identificación. Pero Lijo rechazó el pedido para grabar con audio y video la audiencia por la vigencia de los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, que establecen la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Pasadas las 11, tras el ingreso de Boudou al juzgado, Lijo le leyó los cargos que enfrenta en el caso Ciccone. Pasadas las 13 comenzaron las preguntas al vicepresidente, el primero en ser indagado por un hecho de corrupción en ejercicio de sus funciones.

Boudou se encuentra acompañado por el abogado Diego Pirota, del estudio Richarte, y Eduardo Durañona, letrado de su confianza. En el juzgado también está el fiscal del caso, Jorge Di Lello.

La indagatoria se realiza en el despacho del juez, ante un secretario letrado, que toma nota de las expresiones del vicepresidente, para dejar constancia de ellas en un acta, y estarán presentes el juez, el fiscal, sus colaboradores, el imputado y sus abogados.

Los funcionarios judiciales hicieron una breve pausa para almorzar alrededor de las 14.30. Luego, la audiencia se reanudó, en una larga exposición en las que el vicepresidente deberá responder las preguntas del juez y del fiscal.

LA LLEGADA AL JUZGADO

La llegada de Boudou a los tribunales generó una fuerte expectativa en los tribunales de Comodoro Py. Pasadas las 11, el ex titular del Palacio de Hacienda arribó a Retiro y se abrazó con los militantes kirchneristas de distintas agrupaciones que se apostaron en la puerta del edificio para apoyar el vicepresidente, cuyo futuro judicial comenzará a definirse hoy. "¡Fuerza, Amado!", le gritaban los militantes.

Antes de la audiciencia, el ex titular del Palacio de Hacienda brindó diversas entrevistas a los medios y se mostró tranquilo: "Mi intención siempre fue no involucrar a nadie. El ataque está centrado en mí, se tiene que resolver en mí, porque yo tengo la verdad. Es muy conmovedor recibir el afecto y acompañamiento, pero hay que darle para adelante", afirmó Boudou.

LA ACUSACIÓN

El juez Lijo acusa a Boudou de apropiarse , a través de conocidos suyos, de la imprenta Ciccone Calcográfica, que se dedica a fabricar papel moneda, para hacer negocios con el Estado y con el partido gobernante.

De los próximos pasos del expediente dependerán el futuro judicial del vicepresidente y los efectos políticos que el caso pueda tener sobre el gobierno de Cristina Kirchner. La Casa Rosada siguió con suma atención los movimientos en la causa, que se aceleró en los últimos días con la decisión de Lijo de adelantar a esta semana las declaraciones indagatorias.

Según la acusación, Boudou se quedó con el 70 por ciento de las acciones de la ex Ciccone para beneficiarse al obtener, entre otros, contratos para imprimir billetes y boletas electorales del Frente para la Victoria. Para hacerlo, sostuvo Lijo, se reunió con los responsables de la imprenta, Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, a quienes le dijo que dejaba en manos de José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente, los detalles para facilitar el traspaso accionario.

Lijo describió el proceso de apropiación de la imprenta, que luego se nacionalizó mediante una ley del Congreso votada con mayoría kirchnerista, en seis etapas: la adquisición de la firma The Old Fund el 1° de septiembre de 2009, el interés de Boudou y su socio Núñez Carmona para quedarse con la imprenta a través de The Old Fund en 2010 y la relación con Alejandro Vandenbroele, representante de esa firma y luego director de la nueva Ciccone; además, el salvataje de la AFIP luego de que Boudou -entonces ministro de Economía- adquirió mediante sus allegados la empresa el 1° de septiembre de 2010 y los esfuerzos por lograr un plan de facilidades para pagar las deudas con el fisco y obtener un certificado del fiscal para hacer negocios con el Estado; la presión sobre la empresa Boldt, que arrendaba la planta de Ciccone, para que dejara la fábrica y rescindiera el contrato; el pase para sacar de en medio a la Casa de Moneda como proveedora de billetes, y por último el contrato con el Estado de la nueva Ciccone, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), para imprimir 410 millones de billetes, el 16 de abril de 2012.

Antes de la audiencia, Boudou cuestionó esta descripción de los hechos que hizo Lijo en su acusación y dijo que es nula porque se basa en pruebas falsas..