Mauricio Macri debió ceder a las presiones de Sergio Massa y Diego Bossio y no podrá eliminar el impuesto a los bienes personales a partir de 2019, como contemplaba el artículo 70 del proyecto enviado a Diputados para pagarles a los jubilados los juicios pendientes.

El presidente había aprovechado esa causa noble para incluir un generoso plan de blanqueo de fondos del exterior de propiedades y fondos líquidos, con el objetivo de cubrir de dólares el Banco Central y recaudar todo lo suficiente para cumplir con las promesas a los jubilados.

 

 

 

Y uno de los incentivos era que en tres años se iba a dejar de pagar el impuesto a bienes personales. O sea, según el proyecto original, un argentino con una propiedad en el exterior podía blanquearla a un bajo costo (el dictamen sostuvo un máximo de hasta 15%) y asegurarse que en tres años dejará de tributar por ella. 

 

 

 

Este último beneficio quedó en el olvido, por presión de Massa y Bossio. Sí permanece la exención de bienes personales durante los próximos dos años para quienes hayan cumplido con este impuesto, un aliciente que hasta altura Macri debe pensar si valió la pena incluir. 

 

 

 

¿Cuáles será los beneficios para blanquear dinero? Es una de las dudas que hay por estas horas en el Gobierno, sobre todo tras las declaraciones altisonantes de Elisa Carrió, que pidió sin éxito excluir a los contratistas del Estado.

 

 

 

La chaqueña consiguió que el proyecto impida a blanquear a funcionarios de toda índole y a quienes estén procesados por casos de lavado de dinero o tengan alguna condena.

 

 

 

Y hubo que borrar de un plumazo el artículo 85 que penaba a los que difundieron datos de los blanqueadores, gente que prefiere pasar inadvertida.