Por Mariano Cuparo Ortiz

El Gobierno fue algo más a fondo de lo que se pensaba en la semana previa con los anuncios para el campo, en pleno contexto electoral, y decidió una baja generalizada de retenciones, entre la que se destacó la reducción ahora permanente de los derechos para venta externa de la soja del 33% al 26%. La medida, que beneficia a uno de los sectores productivos clave y con mayores ingresos, tendrá un impacto fiscal estimado en torno al 0,1% del PBI. Es decir, el equivalente a un tercio del costo que tendrá para el fisco la próximamente vetada iniciativa de aumentar un 7,2% los haberes jubilatorios, actualizar a $110.000 el bono y prorrogar la moratoria.

El impacto fiscal en lo que queda del 2025 para la baja de las retenciones será relativamente menor porque, por el incentivo que había decretado el Gobierno hasta julio, justamente con una baja temporal de los derechos de exportación de la soja desde, también, el 33% hasta el 26%, logró generar un fuerte adelanto de ventas externas desde el agro. La lluvia de dólares no alcanzó para evitar que el precio de la divisa escale un tanto y tampoco para que el Gobierno se haga de las reservas necesarias para cumplir la meta con el FMI, pero sí ayudó a sumar oferta en los últimos meses y lograr el primer superávit de cuenta corriente cambiaria en un año.

El economista socio de la consultora FMyA, Fernando Marull, estimó: “Relevante: el costo fiscal de la baja de retenciones es de 0,1%  aproximadamente y no compromete la meta fiscal de superavit primario de 2025 de 1,6% PBI”. Otros economistas, como el director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, coincidieron en la estimación. La meta fiscal pautada con el FMI exige un superávit primario del 1,3% del PBI, aunque el Gobierno se planteó un objetivo más exigente, llegando a un listón que está situado en, efectivamente, el 1,6% del PBI. Es decir, con una recaudación 0,1% menor, por la vía de las retenciones al agro, el Gobierno deberá, o recaudar por otro lado, o achicar gastos.

Del lado del gasto también vienen ocurriendo novedades relevantes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este fin de semana que el presidente Javier Milei vetará el proyecto aprobado por las dos cámaras del Congreso para prorrogar la moratoria previsionales, elevar un 7,2% el haber jubilatorio, actualizar desde los $70.000 actuales hasta los $110.000 el bono para los que reciben la mínima, que por cierto sufrieron una baja del 15,2% real en sus ingresos entre septiembre-octubre-noviembre del 2023 y abril-mayo-junio del 2025, según estimaciones del CEPA.

Ese proyecto que el Gobierno vetará, y en que el Congreso podrá insistir siempre y cuando obtenga votos de dos tercios de ambas cámaras, tiene un impacto estimado en torno al 0,3% del PBI para, también, lo que resta del 2025, tal como calculó la consultora Analytica, coincidiendo con las proyecciones de otras consultoras. Es decir que otorgarle un beneficio al campo, lo que vale destacar que además de mejorar sus ganancias también podrá implicar un incentivo a la liquidación de dólares y, por ende, apuntalar la oferta en una variable clave para la inflación, los salarios y la pobreza, tendrá un costo de un tercio del impacto que tendría para las cuentas fiscales mejorar los deteriorados ingresos de los jubilados.

La explicación del bajo costo fiscal este año de la baja de retenciones se explica porque ya se adelantó buena parte de la cosecha gruesa. Es decir: aunque el costo será bajo, también lo será el beneficio exportador que se derivará de la decisión.

La cosa cambia el año que viene. El director del CEPA, Hernán Letcher, estimó: “El costo fiscal de los anuncios de Milei en La Rural equivalen a un proxy de USD1.200 -1.400 millones (0,19 o 0,22 % respectivamente del PBI) para las toneladas proyectadas de la campaña 2025/26. ¿Cómo se financia esta baja de retenciones? Lo que al gobierno tanto le preocupaba respecto de las jubilaciones parece no tener valor a la hora de este anuncio. Por cierto, actualizar el bono a las jubilaciones mínimas (congelado desde marzo de 2024), para 4.7 millones de haberes es incluso menor al costo fiscal destinado a la rebaja de retenciones: 0,4% anual. Es decir, con la baja de retenciones anunciadas se podría dar un aumento equivalente al 50% del incremento del bono previsto en el proyecto que Milei pretende vetar”.