El decreto 1.302, publicado en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, anula el Proyecto de Ley 27.344, que había recibido sanción del Senado el 30 de noviembre pasado. 

"La verdad que aducir que es para un grupo determinado y en perjuicio del Estado es totalmente injusto y no se corresponde con la realidad, porque muy bien decía la ley, aprobada por amplia mayoría, que era para saldar deudas que los dueños originales del hotel habían tomado con el Banco Nacional de Desarrollo", sostuvo Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), en diálogo con ámbito.com. 

Por su parte, el diputado nacional del Partido Solidario y aliado al Frente para la Victoria, Carlos Heller, uno de los promotores de la expropiación, calificó como "burda mentira" argumentar "que el Estado va a gastar u$s 30 millones para esos trabajadores". "Primero, que el valor del inmueble no se sabe, lo debe fijar el Tribunal de Tasación. Y segundo que el Estado compra el inmueble, hace una inversión patrimonial. No hay un deterioro porque sale el dinero y entra el bien. En todo caso se lo dan a la cooperativa en comodato, pero para un fin determinado en la ley. No pueden hacer lo que quieran. Son contraprestaciones y si la cooperativa no lo hace, el Estado se lo puede sacar", aseveró en diálogo con este medio.

En la misma dirección, el realizador de cine documental Fabian Pierucci, autor de la película "El B.A.U.E.N. es de sus trabajadores", dijo a ámbito.com que "es una falacia hablar del costo fiscal. El hotel se construyó con un crédito del Banade que nunca se pagó, después de cuarenta y pico de años nadie hizo la cuenta para ver cuánto es la deuda actual del grupo Bauen con el Estado, pero es una fortuna. Así, alguien que nunca pagó, que nunca puso el dinero, se vería beneficiado con una expropiación". 

Entre los fundamentos, el decreto señala que "la administración de los recursos públicos se debe realizar de manera responsable, de conformidad con los fines públicos y apegada a los principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, mientras que las obligaciones -que derivan de la ley- resultarían sumamente gravosas para el Estado".

El texto sostiene además que se estaría "favoreciendo exclusivamente a un grupo particularizado y sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general".

Para Fernández, "es una muy mala noticia para un grupo de familias, pero también para un grupo de trabajadores que preservaron fuentes del trabajo, pero parece que poco importan las fuentes de trabajo. Es un muy mal antecedente en un momento y una mala señal hacia el futuro, los mensajes deberían ser de aliento y este es pésimo".

"Este hotel recuperado ha sido una bandera, porque perteneció a un grupo que uso créditos del Estado y lo abandonó. El veto es tan poco justificado que se puede ampliar a otras empresas recuperadas", añadió.  

"Para mí era algo esperado", aclaró Pierucci, porque "el Gobierno ya había manifestado en el Congreso una oposición muy férrea, que básicamente es ideológica. El veto no tiene consistencia y muestra una voluntad en contra de los trabajadores autogestionados".

Heller coincidió en que "era esperable" la decisión porque "el Gobierno dijo que no era un proyecto que iba a apoyar. La experiencia es implacable: con el Bauen o para cambiar un ministro, lo hacen con precisión quirúrgica. Pero hasta tienen mal gusto, porque mantuvieron en vilo a un montón de gente, dejaron crecer la expectativa y era una decisión ya tomada. Una vez más muestran su insensibilidad".

"El veto también tiene un valor simbólico porque fue una muestra del fin de la crisis del 2001, donde se juntaron los trabajadores excluidos para salir adelante. El Bauen es un ejemplo emblemático de eso. Quieren enterrar la ley para mostrar un fracaso del trabajo de todos estos años", agregó.

Como el veto es "en su totalidad", la ley retornará al Congreso para que los diputados y senadores vuelvan a analizar el texto completo. 

La opción para la cooperativa, formada por unos 150 trabajadores y que administra hace 15 años el tradicional hotel situado en las avenidas Callao y Corrientes, será tratar de que alcance los 2/3 de los votos afirmativos. En ese caso, quedará definitivamente sancionada la ley. Pero otro tema que preocupa es una posible orden de desalojo judicial.

"El proyecto se defenderá militando y generando acciones para insistir en las dos Cámaras. En caso de un desalojo, sería un golpe muy duro para el trabajo autogestionado", anticipa Pierucci.

Fernández recordó que "el juzgado ya tenía previsto el desalojo si no se aprobaba la ley, por eso espero que ahora tenga paciencia e inteligencia para esperar que se inicien nuevamente las sesiones legislativas. Acompañaremos para que se logre la aprobación con dos tercios, cosa que creemos posible porque tiene amplio consenso".

Heller explicó que "si en marzo, cuando empiecen las sesiones ordinarias, no logramos los dos tercios de los presentes en ambas cámaras para volver a tratar el proyecto, va a quedar consolidado el veto". "Por eso en el verano vamos a trabajar para concientizar a los legisladores", prometió.

Por lo pronto, las primeras expresiones de las fuerzas políticas han sido contrarias a la decisión presidencial. El bloque de Diputados del FPV-PJ, se quejó de que "paradójicamente, Macri veta leyes que son favorables a los trabajadores, un contrasentido con el discurso oficial de que el año próximo se reactivará la economía. Lo que el gobierno hace es deprimir cada vez más el mercado laboral y el consumo interno". También el senador del mismo espacio, Juan Manuel Abal Medina, repudió el veto porque "atenta contra una cooperativa de trabajadores que viene funcionando de manera muy exitosa" y criticó que "a menos de un mes de aprobada la ley, vemos al Presidente arrasando con el sueño de más de cien familias, con un proyecto social, artístico y cultural, y con un símbolo de la coooperación". 

Mientras que el dirigente Alejandro Bodart (MST en Izquierda al Frente) señaló que "el veto es hipocresía pura" porque desestima destinar "recursos públicos a 'sólo un grupo de personas'" mientras "les regala exenciones millonarias a las megamineras, las agroexportadoras y la renta financiera".