Por Fabricio Navone

En el gobierno nacional están puliendo los detalles de una nueva estrategia para que el Estado tenga participación en Vicentín, el holding que cayó en default y hace mas de dos años que atraviesa un largo concurso y que según los directivos de la empresa estaba a punto de culminar con la aceptación de una gran mayoría de acreedores de la última propuesta.

Sin embargo, un sorpresivo per saltum redactado por el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien pidió que se le entregue el expediente del concurso que se tramitaba en los tribunales de Reconquista, suspendiendo los plazos, dio un giro inesperado a la situación.

Por un lado, le dio oxígeno al grupo Grassi que junto a los directivos del diario La Capital, trazaron un plan para quedarse con la agroexportadora, como informó en exclusiva LPO. Por el otro, dejó abierta la posibilidad para que el Estado haga pie en el sector que representa el principal ingreso de divisas en el país.

Días atrás, el presidente Alberto Fernández reconoció en una entrevista a Página/12 que se evalúan nuevas estrategias a partir de la decisión del presidente de la Corte provincial: "Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown (que los acreedores presenten una propuesta de salvataje) y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo", dijo el mandatario.

En el gobierno de Santa Fe sospechan que detrás de la decisión de Gutiérrez de pedir el expediente y frenar el concurso, estuvo el flamante interventor de la AFI, el santafesino Agustín Rossi, aliado al senador Armando Traferri quien a su vez tiene un vínculo estrecho con el presidente de la Corte local. Rossi, como arquitecto del plan, le acercó la propuesta al presidente.

 En el gobierno de Santa Fe sospechan que detrás de la decisión de Gutiérrez de pedir el expediente y frenar el concurso, estuvo el flamante interventor de la AFI, el santafesino Agustín Rossi, aliado al senador Armando Traferri quien a su vez tiene un vínculo estrecho con el presidente de la Corte local

A partir de allí, el tema entró en evaluación en la mesa chica de Casa Rosada integrada por la diputada Victoria Toloza Paz, Wado de Pedro y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos. No descartan que el anuncio oficial lo haga el ministro de Producción, Daniel Scioli.

La participación de Olmos es importante, no solo porque es uno de los hombres de mayor confianza con el presidente sino también porque fue el encargado de desactivar la bronca que se generó en el sector agrícola en el fallido intento de estatización en junio de 2020.

 En ese entonces, Olmos se encargó de hablar con cada uno de los sectores afectados por la caída de Vicentín y diseñó una salida elegante del tema que había generado una crisis política importante en medio de la pandemia. La misma fue elevada a la vicepresidenta Cristina Fernández que dio el aval para la marcha atrás.

Además, Olmos tiene contactos estrechos en la justicia. Este martes, el Juez Federal de Rosario, Carlos Vera Barros, hizo lugar al pedido de la "Red Argentina Consumidores" para impedir la venta de los activos de Vicentín a los socios estratégicos (ACA, Viterra y Bunge) como sucedió con las plantas de Renova donde el directorio le cedió el 60% de las acciones de las modernas terminales a la ex Glencore (Viterra) que derivó de un pedido de detención preventiva del presidente del directorio Omar Scarel que puso sortear con el pago de una caución de 500 mil dólares.

En cuanto a la propuesta, no se conocieron detalles de los anuncios que podrían hacerse este mismo martes pero no descartan que se incluya a YPF Agro y el Banco Nación, el principal acreedor del concurso con una deuda que supera los 300 millones de dólares.

En ese sentido, se estaría pensando en un fideicomiso, similar al que planteó el gobernador de Santa Fe Omar Perotti cuando el anuncio de estatización de parte de Alberto Fernández se empantanó y generó una pueblada en la localidad de Avellaneda, donde está la sede de Vicentín y el gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás.

Ahora, aclaran que no se trata de una estatización ya que YPF Agro y el Banco Nación no forman parte del Estado Nacional y tienen su propia personería jurídica con participación estatal. Confían en que este punto no reactive una pelea ideológica que amenazó con disparar otra crisis con el campo como en 2008 con el aumento de retenciones.