El Gobierno pidió ayer por primera vez en la Justicia información de los expedientes vinculados al caso Odebrecht. Y lo hizo a través del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que se presentó al filo de la feria judicial en los tres juzgados federales porteños en los que se investigan las obras en las que la empresa brasileña intervino en nuestro país, y que están bajo la lupa por el pago de sobornos, revelados por la propia compañía en los Estados Unidos.

"Vengo a solicitar tenga a bien autorizar a esta Procuración a tomar vista de las actuaciones y extraer las fotocopias que pudieran resultar de utilidad para de esta manera contar con todos los elementos necesarios para poder reclamar y satisfacer adecuadamente los perjuicios sufridos por el Estado", subrayó el funcionario en el escrito de una carilla presentado ayer ante los jueces Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, al que Infobae accedió de fuentes judiciales. Son los tres magistrados que investigan los contratos por las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento -cuya participación por parte de Odebrecht fue absorbida por la italiana Ghella en las últimas semanas-, la ampliación de gasoductos en Córdoba y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre.

La presentación del procurador se basa en el artículo 131 del Código Procesal Penal, que faculta a la "autoridad pública" a obtener informes siempre y cuando se acredite legítimo interés en el expediente. "La Procuración se encuentra abocada a la determinación de los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido el Estado nacional, derivado de las irregularidades e ilegalidades investigadas", agrega el escrito.

Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro

Desde que estalló el escándalo por el pago de al menos 35 millones de dólares que la empresa confesó haber pagado en el país para la obtención de obras, y luego de la presión mediática y política -en gran parte de Elisa Carrió-, la Casa Rosada empezó a hurgar en los contratos del gigante brasileño en la Argentina, en paralelo al avance de la Justicia. Esta semana, los jueces y los fiscales que investigan las tres obras se entrevistaron con funcionarios judiciales de los Estados Unidos en aquel país para profundizar las pesquisas. Habían sido autorizados a viajar por la Corte Suprema. La información obtenida allí se mantendrá bajo estricta reserva, tal como pidieron las autoridades norteamericanas.

Hace dos semanas, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la creación de una mesa de trabajo conformada por el Ministerio de Transporte, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración para avanzar en la revisión del soterramiento del Sarmiento, con el objetivo de dilucidar el perjuicio del Estado por supuestos sobreprecios y pago de coimas. A los pocos días, el Ministerio del Interior suspendió a la empresa brasileña del registro de proveedores por doce meses. Mientras tanto, desde la Inspección General de Justicia (IGJ) intimaron a la compañía a la presentación de balances.

A mediados del mes pasado, los ministros Germán Garavano, Juan José Aranguren, Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich; el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui; el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; y el procurador se habían reunido para "coordinar el análisis y la información de los contratos" de Odebrecht en el país. Es decir, para apurar la revisión de los papeles en torno a las obras mencionadas. Según fuentes oficiales, del análisis surgió hasta ahora que las obras en los gasoductos de Córdoba presentarían las mayores irregularidades.