María Cafferata

La noticia se conoció casi en simultáneo a que Manuel Adorni hubiera anunciado que se eliminaban las retenciones por dos meses: en una decisión inédita, el Gobierno definió promulgar la emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación. Con el argumento de que la ley no especificaba la fuente de financiamiento, el Ejecutivo le “devolvió” la ley al Congreso y le advirtió que no la aplicaría hasta que incluyera “las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional que permitan la ejecución de la ley”. Como respuesta, el Congreso amenaza con echar a Guillermo Francos.

El mecanismo se denomina moción de censura. Es una herramienta que prevee la Constitución Nacional, pero que nunca se puso en práctica desde su incorporación en la reforma del 94’. Pensada como una herramienta de control del Poder Ejecutivo, el Congreso tiene la facultad de remover al jefe de Gabinete sin necesidad de avanzar vía juicio político.

No hay causales específicas: el Congreso puede avanzar e interpelar al Jefe de Gabinete para que responda algunas preguntas y, si considera que el Ejecutivo o el “ministro de ministros” incurrieron en un delito, falta de ética o incumplimiento de sus deberes, puede someter su remoción a una votación. Y solo necesita una mayoría simple para hacerlo. Es decir, la mitad más uno de los presentes: un número fácil de conseguir para una oposición que viene de conseguir dos tercios para voltear dos vetos presidenciales.

El encargado de presentar el proyecto de resolución que pide citar a Francos para iniciar el tratamiento de una moción de censura fue el cordobés Oscar Agost Carreño. El presidente del PRO en Córdoba -quien tuvo una larga disputa judicial con Mauricio Macri para quedarse con el sello- es el brazo ejecutor de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto. Es, a su vez, uno de los principales armadores de la oposición en la Cámara de Diputados. 

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, advierte Agost Carreño, quien señala el decreto 681/25 (que es el que promulgó la ley pero no la aplicó) es nulo e ilegal porque, aclara, “no existe resorte constitucional que contemple la opción de ‘devolver’ al Congreso una ley sancionada”. En el proyecto, el diputado recuerda la discrecionalidad con la que el Gobierno viene asignando los recursos en el último par de años sin Presupuesto y le retruca: “En la misma fecha el Gobierno anunció que por 40 días, en medio de la campaña electoral en curso, se suspende el cobro de retenciones agropecuarios sin especificar compensación del costo fiscal de tal medida”.

Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot NA

El proyecto fue firmado por los diputados del pichettismo, pero no son los únicos que analizan remover a Francos como castigo a la resistencia de Javier Milei a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. La furia de los diputados de la oposición llevó a que, durante el día, se propusieran numerosos escarmientos contra el Ejecutivo. El socialistas Estaban Paulón, por ejemplo, amplió la denuncia penal que había formulado ante la Justicia contra Milei, Francos, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el director del Boletín Oficial, Walter Rubén González, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

“Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. Mientras libera retenciones para calmar al dólar, dice que no hay presupuesto para la discapacidad. Esa maniobra es siniestra e inadmisible”, denunció Paulón, quien sugirió que la negativa de Milei a cumplir la ley era causal de juicio político.

La idea que empieza a ganar fuerza en la oposición, sin embargo, es la de la remoción de Francos. El proyecto de Agost Carreño fue firmado por Pichetto, Emilio Monzó y el resto de los integrantes de Encuentro Federal. Pero cuenta, por lo bajo, con el aval de Unión por la Patria. 

El peronismo optó por avanzar por la vía judicial, acompañando muchos de los amparos judiciales. “Lo importante es que la ley se aplique, y la Justicia es la vía más rápida. Pero no descartamos acompañar todas las medidas, incluida la moción de censura”, deslizó un referente de la bancada peronista. 

Germán Martínez y Paula Penacca festejan NA

Si UxP decide echarse al hombro la remoción de Francos, el jefe de Gabinete estará en un problema. Con el apoyo del pichettismo, la izquierda y los radicales díscolos, la oposición no estará muy lejos de hacerse con los 129 votos para el quórum. Mucho menos en medio de la campaña electoral, en la que más de un gobernador buscará aprovechar para echarle bronca a Francos por la falta de respuestas a los reclamos presupuestarios. 

La reacción de Francos

Francos, mientras tanto, insiste en que está cumpliendo con la ley. El argumento del jefe de Gabinete es que la ley no especifica de dónde sacar los recursos para reasignar las partidas, lo que va en contra del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que sostiene: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. “No puede ir en contra de la ley”, argumentan cerca del jefe de Gabinete. 

Algunos constitucionalistas, como Andrés Gil Domínguez, advierten que este artículo de ley de Administración Financiera no puede aplicarse porque no existe un Presupuesto vigente (ya que el actual fue dos veces prorrogado). “El decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, como así también, lesionar los derechos de las personas con discapacidad”, advierte Gil Domínguez.

El Ejecutivo, sin embargo, está decidido a ir a fondo. Espera una judicialización, y advierte que no moverá un dedo para aplicar la ley a menos que lo obliguen.