Eugenia Muzio

El Presupuesto 2026 está alineado con las exigencias y acuerdos que pactó el Gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tal como pidió el organismo, el proyecto pasa la motosierra por el gasto social y los subsidios a la energía. Aunque el Gobierno también se tomó sus libertades para ensayar proyecciones macroeconómicas que se alejan de lo prometido a la entidad.

Un desvío respecto de la hoja de ruta del Fondo es la proyección de superávit fiscal. Si bien la entidad esperaba que Milei cumpliera con el acordado 2,2% del PBI para el próximo año, en el cálculo primario, la ley de leyes establece que la meta es del 1,5% y del 0,3% luego del pago de los intereses de la deuda. La explicación radica en las previsiones de recaudación y un mayor gasto, que la administración libertaria busca hacer en distintas partidas.

El ideal plasmado en el texto es que los recursos crezcan al 22,5%, una proyección más que optimista teniendo en cuenta que la inflación sería del 10,1% (la mitad) y que la tendencia del 2025 está a la baja con ingresos que caen en el orden del 4,4%. Además, el Presupuesto establece que el tipo de cambio oficial terminará el año y comenzará el próximo en valores más bajos que los actuales $1470: para diciembre se espera que el dólar tenga un precio de $1.325 y 12 meses después, de $1.423.

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Según analizó Epyca Consultores, "de tomarlo seriamente, implicaría pensar que el Gobierno comete nuevamente el mismo error de pensar que puede sostener una apreciación nominal, sin entender la lógica del mercado ni las necesidades de los sectores productivos argentinos".

Focalizar y eficentizar el gasto social

En el último staff report, los técnicos del Fondo aseguraron que para “garantizar el apoyo social y político al programa se requerirán esfuerzos continuos para asegurar una asistencia social bien focalizada, así como políticas que fomenten el empleo”. En el Presupuesto, una de las medidas en ese sentido es la derogación de la movilidad automática por la que se actualizan los montos de las asignaciones familiares que cobran trabajadores en relación de dependencia y monotributistas con hijos a cargo.

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El artículo 73 de la iniciativa dispone la eliminación de los puntos 1°, 3° y 4° de la ley 27.160 sancionada en 2015 que ató a este tipo de prestaciones al resto de las asignaciones de ANSES. Al principio, la norma estipulaba que los aumentos se hicieran acorde a la fórmula jubilatoria. En 2024, la gestión libertaria desvinculó la fórmula original y pasó a basar las actualizaciones mensuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), el proyecto no busca alterarla, aunque el FMI acordó con el equipo económico modificar los "controles de elegibilidad mejorados para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH)". Es decir: habría cambios en la base de beneficiarios de la asignación a partir de "la integración de varias bases de datos sociales en un registro social único (meta estructural para fines de diciembre de 2025)". Pero eso está ausente en el Presupuesto.

La motosierra sobre los subsidios a la energía

Otro de los compromisos que tomó el ministro de Economía Luis Caputo con el organismo internacional es el de reducir los subsidios a la energía del 1% al 0,8% del PBI para 2026. Para eso, el documento que ingresó en la Cámara de Diputados este lunes propone dar marcha atrás con la ampliación de las áreas a las que llega el régimen de Zona Fría que establece tarifas de gas diferenciales para las regiones del país con temperaturas más bajas.

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Al principio, estaban sólo contempladas las provincias de la Patagonia, la Puna y el sur de Mendoza. La ley 27.637, sancionada en 2021, amplió significativamente las áreas que reciben este beneficio a localidades de la zona centro y noroeste del país que tienen temperaturas bajas durante el invierno que justifican un consumo de gas más elevado. Los hogares de esas zonas serían los principales perjudicados. Se trata de casi 3 millones de clientes que tienen un descuento del 30% en sus tarifas o del 50%, si cumplen con ciertas condiciones de vulnerabilidad (como ser jubilado, pensionado, titular de AUH, entre otros).

Sin cambios en el gasto tributario

Un punto que exigió el Fondo en el staff report y al que el Gobierno decidió hacer caso omiso es el gasto tributario, es decir, los impuestos que el Estado deja de cobrar por las distintas exenciones a distintos sectores.

Mientras que el documento elaborado por los funcionarios del organismo pide "la racionalización de los costosos gastos tributarios” para dar “espacio para eliminar gradualmente los impuestos distorsivos al comercio y a las transacciones financieras", en el texto presentado en el Congreso este ítem aparece casi sin modificaciones respecto del 2025. Del 3,5% del producto que representó durante este año, en 2026 pasará a significar un 3,42% del PBI.