Fotomultas: Montenegro aceleró y la oposición sospecha de un "negociado"

Fotomultas: Montenegro aceleró y la oposición sospecha de un

Por Mariano Suárez

La inesperada jugada del intendente permite que la Mar del Plata tenga sistema de fotomultas, pese a la resistencia de la oposición. Cómo sigue la polémica entre un negocio millonario y la seguridad vial. 

“El proyecto no está muerto”, había deslizado un alto funcionario del Ejecutivo municipal cuando el expediente de las fotomultas quedó trabado en la comisión de Legislación y parecía no tener otro destino que el archivo. El lunes, en una jugada que nadie había anticipado, el intendente Guillermo Montenegro anunció que el sistema estaba formalmente en vigencia.

Sin la aprobación del Concejo Deliberante y sin un decreto con su firma, el Ejecutivo explicó que un cambio en la ley orgánica de las municipalidades aprobado a inicios de este año establece que los convenios con organismos estatales no requieren autorización del cuerpo legislativo. Y causó un cimbronazo en la política local que advirtió una jugada “al límite”.

En el entorno de Montenegro afirman que un par de meses después de la aprobación de ese cambio ya estaban al tanto de que podían poner el convenio en marcha, sin la necesidad de darle participación al Concejo Deliberante. Sin embargo, el expediente firmado por el intendente y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) ya estaba en el cuerpo legislativo.

“Esperábamos que el Concejo lo apruebe, especialmente porque tenemos los votos para aprobarlo. Pero apelaron a una chicana y lo dejaron secuestrado en la tercera comisión”, sostuvo una fuente del Ejecutivo. El comentario alude a que luego del cambio de postura de Nicolás Lauría, el oficialismo reunió los 12 votos para aprobar el convenio en el plenario pero no así en la comisión de Legislación, donde el Frente de Todos y Acción Marplatense tienen la mayoría para archivarlo.

La primera reacción de los bloques opositores fue cuestionar la legalidad de la medida. Un punto que algunos concejales creen que puede discutirse es que el convenio entre el Ejecutivo y la Unsam se firmó antes de que se aprobara el cambio en la LOM. La objeción puede ser válida, pero la resolución es sencilla: el convenio se imprime de nuevo con una fecha actualizada y las partes lo firman. No sería lo más prolijo, pero está claro que el Ejecutivo está decidido a implementar las fotomultas.

Aunque no se descarta la judicialización de la cuestión, en el oficialismo creen que cualquier presentación sobre la legalidad de la puesta en marcha será rechazada por la justicia. La otra posibilidad que se maneja por estas horas es la judicialización de las multas, una vez que comiencen a implementarse, pero en ese caso sería a título personal de cada uno de los infraccionados.

El otro dardo que busca instalar la oposición –tal vez el más fuerte- es el de la falta de transparencia y el manto de sospecha de que detrás de la férrea determinación de Montenegro se esconde un “negociado”.

El primero en salir a cuestionar la determinación fue el jefe de la bancada de AM, Horacio Taccone, quien insistió en la necesidad de una licitación. “Una contratación de esta magnitud no puede hacerse en forma directa bajo la mascarada de una universidad que no sabemos si sabe algo de tránsito pero sí tenemos claro que no fabrica cámaras”, dijo el edil poco después de que Montenegro diera a conocer su decisión de implementar el sistema.

El Frente de Todos habló de un “expediente turbio” y sostuvo que Montenegro y sus funcionarios debieron recurrir a este “procedimiento vergonzoso” porque “están desesperados”.

 

Los motivos

La implementación fue, cuanto menos, sorpresiva. Si bien los cambios legislativos en principio habilitan al intendente a poner en marcha las fotomultas de este modo, hacerlo sin previo aviso y con el expediente aún en el Concejo no es lo más prolijo.

“Firmamos el convenio, lo elevamos al Concejo, reunimos los votos para aprobarlo y lo dejaron trabado por una chicana. No hay nada extraño”, se defendieron en el oficialismo. Aseguraron que Montenegro tomó la decisión luego de que este fin de semana un auto destrozara un paredón en la costa y quedara “colgando” y un colectivo destrozara la bicisenda. “Me eligieron para cuidar a los marplatenses”, dijo el jefe comunal.

La oposición marca el camino sinuoso que tuvo el convenio. Recuerda que comenzó con la hoja arrancada del expediente para modificar un giro, luego la confirmación de que se estaban poniendo cámaras incluso antes de que los concejales iniciaran el debate legislativo; el cambio de postura de Nicolás Lauría tras realizar una visita a la Unsam, la ausencia de respuestas a todos los pedidos de informe. “Y rematan con esto, jugando muy  al límite. Demuestran que lo quieren aprobar como sea y no lo hacen por la seguridad de los marplatenses”, remarcó un concejal opositor. 

En los pasillos del Concejo algunos dirigentes con muchos años en la ciudad vinculados al oficialismo se mostraban preocupados por la situación. "Si se instala la idea de que hay un negocio turbio atrás, a futuro puede ser un problema para el intendente", analizó.

De reojo también se mira a la Unión Cívica Radical. Antes de hacer pública la decisión, Montenegro le lo que haría informó a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero. Cerca del intendente aseguran que no puso reparos. Sin embargo, desde el radicalismo optaron por el silencio. Incluso, a muchos les llamó la atención que en el brindis por el Día del Periodista que se realizó en el Concejo Deliberante no estuviera la titular del cuerpo, ni los ediles Daniel Núñez y Marianela Romero.

En la reunión de labor deliberativa, la oposición pidió autorización para realizar cuestiones de privilegio antes de comenzar a tratar el orden del día. En el interbloque oficialista no hubo mención al tema, aunque saben que será protagonista de la jornada.

 

El monto, una incógnita

El manto de sospecha está vinculado al dinero que se recaudará a través de este sistema, del cual sólo el 24% quedará para Mar del Plata. La provincia se llevará un20%; mientras que la Unsam, el 56%. “La provincia es la que hace las multas, la Unsam hace la inversión, mantenimiento, operatoria y logística. El municipio se lleva el 20% sin hacer nada”, defendieron en el Ejecutivo.

La gran incógnita, de todos modos, es el 20% de qué. En el oficialismo aseguran que hasta que no estén instalados los dispositivos y puedan medir el nivel de infracciones es imposible saber. Aducen, por ejemplo, que los análisis del observatorio vial muestran que en Mar del Plata, a diferencia de lo que ocurre en el Conurbano, no hay un alto índice de cruce de semáforos en rojo. “Acá el problema es la velocidad, manejamos muy rápido”, insistieron. Por eso, se hará hincapié en la colocación de cinemómetros en puntos críticos (varios de la costa, por ejemplo).

Pero todas las explicaciones técnicas siguen sin dilucidar el monto del negocio. El concejal de Crear, Alejandro Carrancio, había estimado que podía llegar a dos presupuestos municipales (60 mil millones de pesos). Algunos cálculos más conservadores hablan de 30 mil millones. Como sea, es un negocio tentador.

La otra cuestión que plantea la oposición es la empresa que estará detrás de la Unsam. Al igual que ocurrió en el convenio de Carlos Arroyo con la UTN, las universidades luego contratan servicios de empresas para poder cumplir con todo lo pactado en el convenio. “Nosotros firmamos el convenio con la Unsam y la fundación, todo nuestro contacto es con ellos”, aclararon desde el Ejecutivo. La novela no terminó.

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