La Administración de Programas Especiales (APE) fue pensada para que los afiliados de las obras sociales pudieran acceder a caros medicamentos o costosos tratamientos, a través de un fondo al que aportaban todos los trabajadores. Pero en la práctica se transformó en una caja negra de donde los sindicatos cobraron sumas millonarias indebidas y en un coto político donde los gremialistas buscaban poner hombres propios para administrar el dinero.

La suma total de fondos que administra la APE es de 1100 millones de pesos, un fondo demasiado importante para que pase inadvertido. Tanto es así que hay 50 obras sociales sindicales investigadas por cobrar reintegros indebidos de la APE por remedios que nunca fueron provistos. Por ahora la Justicia avanzó con la Obra Social Bancaria y la Obra Social de Camioneros, además de otras menores. Una veintena de ellas fueron allanadas.

Dos de los jefes de la APE, Juan Rinaldi (estuvo al frente del organismo entre el 25 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2008) y su sucesor, Hugo Sola, se encuentran procesados por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa en que investiga a gremialistas, a droguerías y a funcionarios por los pagos realizados desde el organismo.

Además, Oyarbide tiene previsto indagar hoy a Néstor Vázquez, que fue gerente de la Superintendencia de Salud y, según declaraciones que obran en la Justicia, el creador del sistema de reintegros de la APE. El otro inspirador fue José Luis Lingeri, el poderoso titular del sindicato de Obras Sanitarias, que fue titular de la Anssal, antecesora de la Superintendencia de Servicios de Salud.

En la investigación judicial está procesado Héctor Capaccioli, el ex superintendente de Salud, de quien dependía el control de las obras sociales. Capaccioli además fue recaudador de fondos de la campaña electoral que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en 2007. Muchos de esos fondos provinieron de los laboratorios.

Rinaldi y Sola, los ex jefes de la APE están procesados por Oyarbide por no haber controlado los reintegros que cobraron las obras sociales por la compra de costosos remedios para tratar el cáncer. Ambos, cuando llegaron a ese puesto clave, respondían políticamente a Hugo Moyano. Rinaldi luego se abrió del camionero y apoyó a Graciela Ocaña, cuando asumió como ministra de Salud y se convirtió en la denunciante de estas irregularidades.

La maniobra, por la que Oyarbide mantiene preso al jefe del gremio bancario José Zanola y que se repite en otros imputados, es presentar ante la APE troqueles falsos para cobrar reintegros por medicamentos que nunca fueron comprados. En esta megacausa ya se encuentra procesado el dueño de la droguería San Javier, que proveía de los remedios a la bancaria. Supuestamente el gremio le debía tanto dinero a la droguería que terminaron firmando un fideicomiso en el Banco Provincia, a través del cual cada centavo que entraba en la obra social de los bancarios terminaba en manos del dueño de San Javier, Néstor Lorenzo, actualmente preso y procesado.

En esa causa también fue procesado el dueño de droguería Urbana, Marcos Hendler, que proveía de remedios a la obra social de los camioneros de Hugo Moyano.

Además de Oyarbide, otro juez investiga irregularidades en la presentación de carpetas ante la APE para cobrar reintegros. Se trata de Claudio Bonadio, que también puso el foco en el sindicato de camioneros de Moyano. Está averiguando si eran falsos unos 200 troqueles que presentó de un remedio para tratar el cáncer de colon (así percibió unos 400.000 pesos). En esa causa también se encuentra procesado Hendler.

MORALES JUSTIFICO EL CONTRATO DE ROZAS

El jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, reivindicó el nombramiento del titular de la UCR, Angel Rozas, como empleado transitorio del Senado. "No veo ningún reparo ético. Me siento orgulloso de que presida el partido un ex gobernador que hoy necesita de esta designación porque la presidencia del partido no es un cargo rentado", dijo a La Nacion.