“Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. Con esa frase el entones presidente Mauricio Macri dejó todo dicho. Los jueces tenían que decidir en función de sus intereses o los desplazaría y reemplazaría por otros. Cumplió, y los beneficiarios retribuyeron.

Hay al menos 38 jueces trasladados irregulares durante la era Macri, varios a tribunales clave donde algunos de ellos fueron funcionales a la estrategia de persecución judicial a opositores. Los casos más notorios son los de los actuales camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que entre otras cosas mantuvieron viva la causa por las Fotocopias de los Cuadernos Fénix e impulsaron todas la que involucraran a CFK. Pero no son los únicos. El juez Federico Villena, ahora más conocido por su participación en los casos de espionaje ilegal, y Ricardo Recondo, una de las figuras fuertes de la política interna del Poder Judicial, son otros de los casos que habrá que revisar. De hecho, la lista no es exhaustiva: quedó afuera Carlos Mahiques, que pasó de funcionario de María Eugenia Vidal a miembro de la Cámara Federal de Casación Penal y es el padre de Juan Bautista Mahiques, ariete del lawfare hoy cobijado por Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno de Alberto Fernández no optará por la vía rápida, es decir, desarmar por decreto ese enjambre judicial, sino que envió al Consejo de la Magistratura una propuesta para revisar los traslados de 38 jueces dispuestos por Macri. Lo hizo a través de Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo en el Consejo, y se comenzará a tratar el jueves. Hay tres tipos de traslados pero, en definitiva, se trata de 38 casos donde hubo irregularidades en los enroques que Macri disponía en los tribunales, algunos directamente a dedo y otros gracias a las mayorías que logró en el mismo Consejo. Y que le fueron muy funcionales. La opción será institucional: que el Consejo de la Magistratura evalúe los casos, los envíe al Poder Ejecutivo y éste al Senado. Advertidos de esto, los jueces pueden optar también por pedir su regreso a los cargos donde estaban previo al intercambio de favores con Macri.

La traducción mediática de que se revisarán esos traslados a dedo de Macri fue otro caso de nado sincronizado en la prensa comercial. Clarín le dedicó el título central del domingo, dijo que se trata de una “Ofensiva K sobre la Justicia” y que “Buscan desmantelar tribunales que juzgan a Cristina Kirchner y otros kirchneristas”. K, Kichner y kirchneristas, todo entre título y volanta, no pasan primer año de una escuela de periodismo pero si un test de demonización avanzada de una letra del abecedario. La nota la firmó el procesado operador mediático Daniel Santoro. La Nación dijo que era un “Avance sobre la Justicia” y que “El Gobierno exige que los jueces trasladados requieran un aval del Senado”, algo que en realidad exige la Constitución, artículo 99 inciso 4. “El Gobierno avanza para desplazar a jueces de tribunales clave”, tituló Infobae. Lo correcto era que los puso Macri porque, es sí, eran tribunales clave.

El rol de varios de esos jueces explica los títulos de los diarios así como durante los últimos años las tapas de los diarios digitaron las decisiones de esos mismos jueces.

La Triple B

Los jueces Bruglia y Bertuzzi son los nombres más relevantes en esta lista. En gran parte por el rol que tuvieron para confirmar la tarea sucia que llevaba adelante Claudio Bonadio hasta su muerte.

Hoy integran la Sala I de la Cámara Federal porteña, un lugar de gran poder en Comodoro Py ya que revisan buena parte de las causas más importantes en términos políticos. Cuando Macri asumió la presidencia había 4 jueces en la Cámara Federal. Logró destituir a Eduardo Freiler, que Jorge Ballestero se jubilara, trasladó a Eduardo Farah y quedó Martín Doctrina Irurzun. En lugar de los otros tres Macri nombró a Mariano Llorens (el único camarista que tiene su cargo por concurso), Bruglia y Bertuzzi. En campaña, Alberto Fernández prometió revisar estas designaciones. Todo indica que no lo hará por decreto sino por esta vía.

Bruglia estaba en el tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, cargo para el que nunca concursó ya que fue designado antes de la reforma constitucional de 1994. Tampoco tuvo acuerdo del Senado para pasar a integrar la Cámara Federal, Macri lo puso a dedo por el decreto 278 del 9 de abril de 2018.

El caso de Bertuzzi es aún más complicado ya que el traslado tuvo un favor previo: la condena a Amado Boudou en la causa Ciccone, un juicio plagado de irregularidades. Tampoco concursó ni tuvo acuerdo del Senado pero Macri lo trasladó por el decreto 835 el 19 de septiembre de 2018.

Bruglia, Bertuzzi y Bonadio operaron como una la triple B. ya que intervinieron en casi todas causas armadas contra CFK y sus ex funcionarios en coordinación con Clarín y La Nación. Los camaristas, hoy en la mira, confirmaron casi todo lo actuado en causas como la de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix,los sobornos en la compra de trenes, en los casos de Hotesur y los Sauces.

Bruglia también intervino junto a Doctrina Irurzun para confirmar el procesamiento de CFK en una causa por documentos históricos hallados en su casa, uno de los tantos expedientes armados por Bonadio. Bruglia, junto a Llorens, confirmó el procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio donde no hubo ningún perjuicio para el Estado, causa iniciada con dos sobres anónimos bajo la puerta del fiscal Eduardo Taiano e impulsada por el juez Julián Ercolini, dos de los ejecutores del lawfare que siguen en su puestos. La renuncia de Gils Carbó fue en buena parte por las presiones judiciales.

Con el cambio de gobierno en ciernes, a fin de octubre de 2019, hicieron la típica veleta judicial. Por ejemplo, dictaron la falta de mérito contra CFK en la causa por el Gas Licuado, que fue utilizada como puntapié para el armado de la causa Fotocopias de Cuadernos. Pero raro que eso los salve.

Rosca y espionaje

Ricardo Recondo es un nombre pesado en la rosca judicial, tanto que fue presidente del Consejo de la Magistratura en los últimos años del gobierno de Macri, donde se perpetraron todos estos traslados irregulares y otras tantas triquiñuelas. En 2016 recibió una distinción por su Defensa de la Constitución Nacional otorgada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el Colegio Público sino donde se nuclean los abogados de grandes empresas y defensores de genocidas y que fue el centro de lobby tanto de operaciones contra el kirchnerismo sino también de negocios y persecuciones durante el macrismo.

Recondo también es un mimado de Clarín y de su juez en la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. La relación data de cuando Rozenkrantz armó una ONG trucha como estrategia legal para defender al Grupo Clarín cuando caducó su licencia de Fibertel. Recondo fue uno de los jueces que le dio la medida cautelar para operar fuera de la ley hasta que llegó Macri y les ordenó los papeles. La otra fue la jueza Graciela Medina, casada con Julio César Rivera, histórico abogado de los Macri.

El propio Macri le reconoció la labor, y lo difundieron en la web del Consejo de la Magistratura, cuando dijo: “Hoy tenemos un Consejo de la Magistratura que ha nombrado decenas de jueces que son los mejores de las terna” La realidad era todo lo contrario. Tal como reveló El Destape y tanto la prensa como la enorme mayoría del mundillo judicial decidió ignorar, hubo manipulaciones en los concursos. Este cronista accedió a los expedientes de un buen número de concursos para jueces y detectó una serie de irregularidades para el armado de los jurados, que son quienes definen -con una alta discrecionalidad- las ternas para que el presidente Macri impulsara los nombres de quienes le responden. Recién en mayo de 2019 la consejera Graciela Camaño denunció una serie de irregularidades en concursos para elegir jueces, entre ellos uno que intervendrá en la causa Correo Argentino, y pidió la remoción de José Elorza, responsable de la Comisión de Selección del organismo.

El caso del juez Villena, actualmente en Lomas de Zamora, es otro de los que se revisarán ya que no cuenta con acuerdo del Senado ara desempeñarse en esa jurisdicción. Villena ganó el concurso para el Juzgado Federal de Moreno y de ahí fue trasladado a Lomas de Zamora por el decreto 1168 del 26 de diciembre de 2018, con las firmas de Macri y Germán Garavano. Allí, tal como publicó El Destape, tenía bajo su jurisdicción desde el Aeropuerto a la cárcel de Ezeiza, donde se produjeron buena parte de las escuchas ilegales a presos políticos. Tal como informó El Destape, Villena comenzó a investigar una mega red de espionaje ilegal a dirigentes políticos pero finalmente fue apartado por sus propios vínculos con las actividades de inteligencia por fuera de la ley.

Favor va, favor viene

El caso de Eduardo Farah es curioso. Quienes lo conocen lo vinculan a Antonio Horacio Stiuso, ex mandamás de la SIDE, y explican así como a partir de las tensiones entre el espía y el kirchnerismo el entonces camarista Farah votó siempre en contra del gobierno de CFK. Sin embargo, parece que no era funcional a los interesas de Macri, que lo incluyó en la lista de los que tenían que abandonar Comodoro Py tras ordenar la liberación de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su caso fue más leve que el de Freiler, al que removieron en una maniobra entre Ricardo Lorenzetti y Macri, y el de Ballestero, que renunció. La salida elegante fue un traslado primero al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 y luego al Juzgado Federal de San Martin, en ambos casos sin acuerdo del Senado. De paso, Farah tampoco concursó para camarista federal.

El caso puede conjugarse con otro de los traslados dispuestos por Macri, el de Juan Garibotto, que pasó de la sala C a la sala D de la Cámara Comercial, desde donde fue parte del hostigamiento a C5N.