Una prueba más fue la sobrerreacción de Cristina Kirchner y sus allegados ante lo dicho por Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina el lunes anterior. Cuando hasta un pequeño hecho pretende ser convertido en evidencia de existencia del lawfare, se revela su evanescencia como si se tratara de un fantasma que no logra instalarse completamente.

La palabra lawfare iría acomodando su significado a procederes que siempre existieron y no serían ilegales 

El concepto lawfare fue aplicado recientemente en Sudamérica como una forma de reintroducción por otros medios de un Plan Cóndor que durante los años 70, orquestado por el Departamento de Estado norteamericano y su agencia de inteligencia, coordinaba a dictaduras y poderes fácticos de Sudamérica en su búsqueda de exterminar opositores ideológicos. Desde esa cosmovisión, en Brasil el juez Sérgio Moro y su fiscal en el caso Lava Jato Deltan Dallagnol (ambos previamente habían sido becados en Harvard), y en Argentina el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli eran apenas agentes de una trama elaborada en Washington para borrar de la faz latinoamericana a Lula, a Correa en Ecuador, al chavismo en Venezuela y al kirchnerismo en Argentina.

Y los principales medios de comunicación, la vanguardia del operativo, fabricando y difundiendo pruebas para crear las condiciones de posibilidad a los juicios en que terminarían siendo condenados e inhabilitados políticamente todos los líderes progresistas latinoamericanos.

Durante el Plan Cóndor hubo ejemplos así: durante la dictadura más eficaz en la consecución de sus fines, la de Pinochet en Chile, el diario más importante de ese país, El Mercurio, fue directamente subvencionado por los Estados Unidos y los pagos que recibió su propietario, Agustín Edwards, fueron ordenados personalmente por Henry Kissinger, el célebre canciller norteamericano de entonces. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado muestran que el diario El Mercurio recibió de la CIA 700 mil dólares en 1971 y 965 mil el año siguiente, por ejemplo.

Pero así como Néstor Kirchner, en su emocionalidad alterada, creía ver en los cortes de ruta durante el conflicto con el campo en 2009 a los “comandos civiles” que en los años 50 contribuyeron al derrocamiento de Perón, Cristina Kirchner recurrentemente observa a los medios del siglo XXI con el espejo retrovisor de los años 70. Siendo presidenta se refería a los “generales mediáticos” y calificó un almuerzo donde participaban directivos de diarios como reunión del “comando en jefe de la cadena nacional del miedo y el desánimo”. Y ahora, vía Twitter, escribió: “Un conocido periodista acaba de ‘informarnos’ (claro que cuatro años después) que en el año 2016 el diario La Nación estuvo a punto de dedicar una tapa de domingo a los jueces de Comodoro Py que no habían ‘perseguido’ a funcionarios de nuestros gobiernos. (…) Ahora que las cosas empiezan a quedar al descubierto y que se desnudan los mecanismos de la persecución de opositores y del encubrimiento de la corrupción macrista, es más fácil entender la necesidad de volver a poner a la Justicia en la senda que la República le impone”.

Lo que textualmente Pagni dijo en su programa fue: “¿Por qué los jueces de Comodoro Py (en 2016) empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas. Porque el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py diciendo: ‘Estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo’. Y varios jueces dijeron: ‘Tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metamos preso a Ricardo Jaime’, y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes”.

Si el lawfare es que los jueces aceleren o ralenticen (cajoneen) sus decisiones procesales en función del humor general de la opinión pública y los medios de comunicación, el lawfare es sinónimo del normalmente imperfecto funcionamiento de la Justicia de casi todo el mundo. ¿O no sienten la presión de la opinión pública y los medios de comunicación los jueces cuando les toca instruir causas de policiales que conmueven y están en la agenda pública?

La mejor forma de ponderar el efecto que tiene la presión mediática es tomar al recientemente liberado Julio De Vido (en esta columna la semana pasada se contó la presión que él realizó sobre Alberto Fernández, que parece haber tenido efecto). De Vido fue procesado en 2017 por el caso Skanska, el primer caso de corrupción del kirchnerismo denunciado en 2005. Fue una denuncia del diario PERFIL que mereció varias tapas de este diario y de la revista Noticias; sin embargo, la causa judicial fue anulada en 2011 a pesar de que los ejecutivos de Skanska confesaron (y está grabado) haber pagado coimas.

Lo que sucedía entre 2005 y 2009 es que la economía crecía aceleradamente y parte de la sociedad no estaba predispuesta a que investigaciones sobre la corrupción arruinaran el buen ciclo que se transitaba. Decenas de tapas de los diarios no hubieran logrado que los jueces de Comodoro Py dictaran prisiones preventivas en las causas de corrupción porque lo que interpela a los jueces no son los medios sino la opinión pública.

Ahora, ante el fracaso económico de Macri, la sociedad nuevamente parece estar dispuesta a hacerse la distraída por un tiempo con los casos de corrupción del kirchnerismo. Pero si el Gobierno no lograra tener éxito con el regreso del consumo, volverá a percibir el rechazo mayoritario expresado también en reclamos a los jueces por mayor severidad en las causas de corrupción.

Si el rol de los medios en el lawfare fuera el activismo partisano, el término no describiría novedad y sería abstracto

Otro ejemplo: PERFIL denunció corrupción macrista en soledad con Arribas, los parques eólicos y las autopistas mientras recién ahora otros diarios lo visibilizan proporcionalmente.

El talón de Aquiles del lawfare es que la misma cantidad de juicios por corrupción hubo en Perú, donde a quienes se les ordenó su arresto fueron varios presidentes de derecha con intervención de la misma empresa, Odebrecht, de Brasil.