Por Ramiro Melucci.

La frase es escandalosa. Rememora los peores tiempos de la historia argentina. Y despierta merecidos cuestionamientos. “Justifica violaciones autoritarias en nombre del orden”, lanzó Eva Ayala, de Acción Marplatense. “Es el mismo razonamiento usado por dictaduras como las de Videla o Mussolini”, comparó.

Las centrales obreras tampoco la dejaron pasar. “El intendente dice que es posible actuar fuera de la ley y además se arroga el rol de la Justicia y decide de antemano quién está fuera de la ley”, escribieron en un comunicado conjunto las dos CTA y la CGT.

Referían a lo que había declarado el intendente Guillermo Montenegro a la salida de una audiencia en Tribunales por el hábeas corpus preventivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria ante “la violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredon”.

Lo que no dijeron, pero se desprendía de la declaración, era que el intendente le daba la razón a sus denunciantes. “Al que está fuera de la ley se lo trata por fuera de la ley”, sentenció Montenegro. Nada más impropio para un ex juez candidato a ministro de Justicia. Era una invitación a la Justicia para que acentuara la investigación sobre los métodos utilizados por la Patrulla Municipal contra cuidacoches, limpiavidrios y gente en situación de calle. La admisión de que se excede más de lo que mostró un video difundido por el propio intendente, en el que un agente municipal, en repuesta a una agresión, golpeaba en el rostro a un hombre cuando otro lo sujetaba.

Pero la frase fue un error en el marco de la vorágine de una rueda de prensa, reconocieron cerca del jefe comunal. ¿Qué quiso decir, entonces? Que a los que están fuera de la ley se los trata como tales: personas que están fuera de la ley. De ese modo, configura la ratificación del discurso oficial, que define que la respuesta para los “fisuras” se da desde el control de la calle y la seguridad, no desde el plano social.

Montenegro acudió a la audiencia sin haber sido convocado. Debían asistir solamente el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez; la de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, el coordinador de la Patrulla Municipal y el representante legal. El intendente fue para hacerse responsable de la actuación de la Patrulla y, sobre todo, para volver a subir el tono de la confrontación mediática con la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo con autonomía institucional y funcional que se financia con fondos públicos provinciales.

Es lo que hizo apenas salió de Tribunales. Denunció que sus adversarios políticos mandan a la ciudad “grupos de personas” para “generar caos”. Dijo que “más del 80% de los detenidos no son de Mar del Plata”. Lanzó que Juan Grabois “cuida a los chorros” y él cuida a Mar del Plata. Definió a los integrantes de la Comisión como un grupo de “burócratas” financiados por la Provincia “para seguir cuidando a los chorros”.

Montenegro acudió a la audiencia sin haber sido convocado. Fue para hacerse responsable de la actuación de la Patrulla y, sobre todo, para volver a subir el tono de la confrontación mediática con la Comisión por la Memoria.

En el interior de la sala de justicia, la escena no se pareció en nada. No hubo confrontaciones ni chicanas con el representante de la Comisión, Roberto Cipriano García. Y las autoridades municipales aseguraron que realizan un abordaje integral, con Desarrollo Social y Salud cuando es necesario. Recordaron la existencia de paradores para gente en situación de calle y hasta mencionaron ayudas mediante subsidios. Aspectos que, en el plano discursivo, son deliberadamente omitidos.

La normativa que orienta la actuación de los agentes de la Patrulla Municipal, el modo de identificación del personal durante el desarrollo de los procedimientos, los vehículos que emplean, la formación y capacitación de los agentes, la planificación de los operativos y la forma de resolver problemáticas específicas con mujeres, niños, travestis y personas con problemas de salud mental formaban parte de los requerimientos judiciales. También había interrogantes sobre el registro de los procedimientos, las normas que habilitan el secuestro de pertenencias y la actuación posterior en cada operativo.

El municipio respondió las consultas y dejó varias carpetas con documentación. Es importante aclararlo: en esta demanda no debía responder ante hechos concretos (que tramitan en la Fiscalía), sino por la actuación general del cuerpo municipal. El habeas corpus preventivo de la CPM está compuesto por una serie de relatos de personas que cuentan las situaciones violentas que vivieron. Y en principio estaba orientado a la declaración de inconstitucionalidad del uso de armas no letales, un punto que el juez de Garantías interviniente, Juan Tapia, sacó de la discusión antes de convocar a la audiencia.

Las autoridades municipales recordaron la existencia de paradores para gente en situación de calle y hasta mencionaron ayudas mediante subsidios. Aspectos que, en el plano discursivo, son deliberadamente omitidos.

En el plano público, Montenegro ubica a los enemigos que vienen de afuera a “generar caos” en la misma vereda que los que intentaron instalarse en El Marquesado hace dos años. Lo remarca porque en esa otra pelea asomó en las últimas semanas una novedad: a pesar de que el asunto estuvo judicializado y de que el Gobierno que cedió las tierras a la Provincia ya no está, el proyecto agroecológico sigue en pie. La duda es hasta cuándo.

El cartel del Ministerio de Producción bonaerense, que Montenegro tildó de “trucho”, marca la intención de la administración de Axel Kicillof de llevar adelante la iniciativa. O, al menos, de mostrar que pretende hacerlo para exhibirse en las antípodas de Javier Milei: la “puesta en valor” y “refuncionalización” de lo público que se pregona desde La Plata contra la venta de terrenos y espacios públicos promovida desde Nación.

La diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza) conversa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para cortar de cuajo la avanzada provincial: anticipó que habrá una decisión del Gobierno nacional para retrotraer la cesión de tierras que formalizó Alberto Fernández a la Provincia días antes de finalizar su mandato. “Estamos esperando novedades”, dicen en el municipio, al tanto de las opciones para que eso suceda: una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de Francos, o un decreto presidencial.

La batalla tiene fuertes condimentos políticos. No es casualidad que vuelva a librarse en otro año de elecciones: de una u otra forma, les sirve al municipio, la Provincia y la Nación. Al punto de que hace unos días, después de que Montenegro incentivara la controversia desde las redes sociales, un programa de TV puso al aire un video de Grabois en el que defendía el proyecto agroecológico. Por un momento, cerca del intendente se entusiasmaron con una nueva controversia con el dirigente social. Fantaseaban con una respuesta contundente. Con un cruce que inaugurara otro round como el que habían mantenido en plena temporada por los cuidacoches. Pero fue solo eso, un instante de excitación. El video era viejo.